El Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) registró el lunes 26 de octubre su primer caso de indisciplina entre las personas privadas de libertad que ingresaron al nuevo complejo penitenciario de Costa Rica, según informó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.
El hecho ocurrió durante la primera jornada de traslados al centro, ubicado en San Rafael de Alajuela. El lunes fueron trasladados 123 reclusos y las autoridades preveían el ingreso de otros 250 para el martes 27 de octubre, de acuerdo con los datos difundidos por el medio costarricense Teletica.
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Aguilar no dio detalles sobre la identidad de la persona involucrada ni sobre las circunstancias del episodio. Sí explicó que los internos que incurran en faltas podrán ser separados del resto de la población penitenciaria y enviados a espacios de aislamiento dentro de cada módulo.
“En caso de indisciplina, que ayer se presentó el primer caso, van a ser ubicados en las islas de aislamiento con las que cuenta cada uno de los módulos”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa, según recogió Teletica.
El funcionario señaló que las faltas comprenden conductas violentas o falta de cooperación con el personal penitenciario. Indicó que los criterios para determinar esas sanciones ya están establecidos en las normas que regulan el sistema carcelario costarricense.
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El ministro de Justicia precisó que el sistema penitenciario dispone de celdas de separación, conocidas popularmente como “bochos”, para los reclusos que presenten problemas de conducta o representen un riesgo dentro de los pabellones.
Según Aguilar, la Administración Penitenciaria puede ordenar el aislamiento de una persona por un plazo máximo de 48 horas. Una extensión de esa medida requiere la intervención de un juez competente.
“De esas 48 horas en adelante le corresponde a la autoridad judicial, es decir, al juez al que está la orden”, manifestó el funcionario, en declaraciones recogidas por Teletica.
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La aplicación de medidas disciplinarias en el CACCO adquiere relevancia en los primeros días de funcionamiento del complejo, concebido para alojar a internos considerados de alto riesgo y a integrantes de estructuras criminales. Las autoridades sostienen que el objetivo es reforzar el control dentro de las cárceles y limitar la capacidad de organizaciones delictivas para operar desde los centros de detención.
La prisión fue inaugurada con capacidad para 5,100 internos
La presidenta costarricense, Laura Fernández, inauguró el CACCO el 14 de octubre en Alajuela. El complejo cuenta con una capacidad proyectada de 5,100 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco módulos.
El primer módulo, que comenzó a recibir internos el 26 de octubre, tiene capacidad para 1,020 reclusos. El Gobierno prevé completar la habilitación de los cuatro restantes en diciembre, según informaron autoridades costarricenses durante la apertura de la obra.
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La construcción demandó una inversión cercana a los USD 35 millones. El Ejecutivo afirmó que, cuando el centro funcione a plena capacidad, contribuirá a reducir la sobrepoblación del sistema penitenciario, que las autoridades calculan en 59%, hasta un nivel de 15 por ciento.
El complejo dispone de celdas colectivas, pasarelas elevadas para la vigilancia, cámaras de seguridad y controles permanentes. Cada módulo tiene 17 celdas previstas para alojar a cerca de 60 internos.
Un proyecto inspirado en el CECOT impulsado por Nayib Bukele
El CACCO está basado en el modelo penitenciario promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ordenó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para recluir a miles de presuntos integrantes de pandillas.
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El Gobierno de Costa Rica recibió cooperación salvadoreña para el diseño del proyecto. La imagen de los primeros internos trasladados, con uniformes naranjas y la cabeza rapada, también remitió al protocolo de ingreso difundido desde el CECOT.
El modelo salvadoreño se convirtió en uno de los ejes de la estrategia de seguridad de Bukele, aunque organismos de derechos humanos cuestionaron detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y condiciones de reclusión.
En Costa Rica, el nuevo centro fue presentado como una herramienta para aislar a figuras vinculadas al crimen organizado y fortalecer la seguridad penitenciaria.
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