Los jueces podrían valorar los vínculos de una persona investigada con organizaciones criminales al decidir una prisión preventiva, según una reforma al Código Procesal Penal propuesta por la Sala Tercera del Poder Judicial.
La iniciativa busca establecer si esas estructuras pueden facilitar una fuga o interferir en la causa, según informó El Observador.
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La modificación no implicaría que toda persona relacionada con el crimen organizado deba permanecer detenida. Para dictar la prisión preventiva, los jueces tendrían que contar con elementos objetivos que prueben el vínculo y explicar de qué manera los recursos de la organización aumentan los riesgos para el proceso judicial.
Las propuestas de las tres salas de la Corte Suprema de Justicia aún deberán pasar por un proceso de análisis, observaciones y consultas. Recién después podrían convertirse en proyectos de ley para su discusión en la Asamblea Legislativa.
Los recursos de una organización podrían influir en la prisión preventiva
El cambio planteado para el artículo 240 incorporaría nuevos criterios para evaluar el peligro de fuga. Los juzgadores podrían considerar la capacidad económica, los medios de transporte, los contratos y la logística que una organización criminal tiene a disposición.
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Según la iniciativa, esos recursos pueden permitir que la persona investigada eluda la acción de la Justicia. La vinculación con una estructura delictiva pasaría así a figurar de manera expresa entre los factores que pueden sostener ese riesgo.
La propuesta también alcanza al artículo 241, que regula el peligro de obstaculización de la investigación. En ese caso, el análisis incluiría la posibilidad de que el sospechoso cuente con una red capaz de influir sobre testigos, modificar pruebas o interferir en diligencias.
El Código Procesal Penal ya contempla la prisión preventiva ante riesgos como la fuga o la alteración de elementos probatorios. La reforma añadiría el acceso a recursos, contactos y medios de organizaciones criminales como una circunstancia que los jueces pueden valorar, siempre que exista una justificación concreta.
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“Las transformaciones experimentadas por la criminalidad en los últimos años plantean nuevos desafíos para el sistema de justicia penal”, sostiene el documento presentado por la Sala Tercera, de acuerdo con El Observador.
El texto no establece una presunción automática contra las personas investigadas. La propuesta exige que el nexo con una organización esté acreditado mediante información objetiva y que la resolución judicial detalle cómo esa relación afecta el desarrollo de la causa.
La propuesta también amplía las cautelares contra funcionarios investigados
La reforma incorpora cambios para los funcionarios públicos sometidos a una investigación penal. La normativa vigente permite suspenderlos cuando se les atribuye un delito relacionado con sus tareas.
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La nueva redacción habilitaría esa medida cuando haya elementos objetivos que demuestren que la permanencia del funcionario en su puesto eleva algún riesgo para la investigación o para el proceso judicial.
El criterio obligaría a evaluar la relación entre el cargo y la posible afectación de la causa. La suspensión no dependería solo del delito atribuido, sino de la posibilidad de que la continuidad en funciones tenga consecuencias sobre las diligencias judiciales.
Por su parte, la Sala Primera y la Sala Segunda presentaron iniciativas orientadas a limitar la reinstalación de funcionarios públicos despedidos por actos de corrupción o por vínculos con organizaciones criminales.
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Las tres propuestas forman parte de un proceso previo a una eventual discusión legislativa. Antes de llegar a la Asamblea Legislativa, deberán ser sometidas a revisión y recibir observaciones y consultas.
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