El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley que plantea cerrar formalmente el Ministerio de Gobernación y Policía y redistribuir entre otras instituciones las competencias que permanecían bajo esa cartera.
La iniciativa corresponde al expediente 24.719, denominado Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas, y fue aprobada durante la sesión del 6 de octubre de 2026 con el respaldo de 51 diputados, mientras seis legisladores estuvieron ausentes. No se registraron votos en contra en esa votación.
PUBLICIDAD
El proyecto todavía debe superar el segundo debate antes de completar su trámite legislativo y convertirse en ley, por lo que la aprobación alcanzada hasta ahora no significa que el Ministerio haya desaparecido jurídicamente de forma inmediata.
La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo el 25 de noviembre de 2024 y parte de la premisa de que la estructura del Ministerio de Gobernación perdió progresivamente relevancia dentro del aparato estatal, mientras varias de sus funciones pasaron a ser desempeñadas o respaldadas por otras instituciones.
Una cartera dirigida desde hace décadas por Seguridad Pública
Uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reforma es que, desde la década de 1990, la dirección del Ministerio de Gobernación y Policía ha recaído en la misma jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública.
PUBLICIDAD
La exposición que acompañó el proyecto señala que esa situación produjo una disminución progresiva del papel de Gobernación, hasta el punto de que la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad Pública terminó brindándole apoyo para su funcionamiento.
El Gobierno también argumentó que varias de las competencias asociadas históricamente con Gobernación ya son atendidas por otras instituciones públicas o pueden ser asumidas por entidades existentes.
En lugar de crear nuevas estructuras para sustituirlo, el proyecto redistribuye sus principales órganos entre diferentes ministerios.
¿Qué pasará con Migración, Dinadeco y la Imprenta Nacional?
Uno de los principales cambios recaerá sobre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Tribunal Administrativo Migratorio, que pasarán al Ministerio de Seguridad Pública.
PUBLICIDAD
El texto dispone que Migración funcionará como un órgano de desconcentración mínima, mientras que el Tribunal Administrativo Migratorio tendrá desconcentración máxima dentro de Seguridad Pública.
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) será trasladada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Esta dependencia tiene entre sus funciones la relación institucional con las organizaciones comunales y la aplicación del marco establecido para el desarrollo de las comunidades.
PUBLICIDAD
El proyecto también modifica las referencias legales necesarias para adaptar la estructura de Dinadeco a su nueva ubicación dentro del Poder Ejecutivo.
Por su parte, la Imprenta Nacional y sus competencias pasarán al Ministerio de la Presidencia. Según el texto analizado durante el trámite legislativo, quedará constituida como un órgano de desconcentración mínima de esa cartera.
De esta manera, la reforma no plantea la eliminación de Migración, Dinadeco, el Tribunal Administrativo Migratorio o la Imprenta Nacional, sino su traslado hacia otras estructuras ministeriales.
PUBLICIDAD
Proyecto fue presentado en 2024
El expediente 24.719 ingresó a la corriente legislativa el 25 de noviembre de 2024 por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente fue analizado por la Comisión de Gobierno y Administración, mientras durante su tramitación también surgieron criterios distintos sobre la forma en que debían reorganizarse algunas de las instituciones alcanzadas por la propuesta. La propia Asamblea Legislativa reportó en junio de 2025 que el traslado y los cambios de funciones generaron posiciones divididas durante su análisis en la Comisión de Reforma del Estado.
El expediente recibió un dictamen afirmativo de mayoría el 11 de diciembre de 2025 y posteriormente tuvo textos actualizados el 29 de junio y el 12 de agosto de 2026, antes de llegar a la votación en primer debate.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD