El Observatorio de Derecho Humano a la Alimentación (ODA), capítulo Costa Rica, manifestó su preocupación por la posibilidad de elevar del 1% al 13% el impuesto al valor agregado aplicado a los productos de la Canasta Básica Tributaria (CBT) y posteriormente devolver parte de esos recursos a determinados hogares mediante un sistema de compensaciones.
La organización, integrada por representantes de las cinco universidades públicas de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación, advirtió que todavía no existe un proyecto de ley ni un documento técnico oficial que detalle aspectos fundamentales como quiénes recibirían las devoluciones, cuánto dinero se entregaría, con qué periodicidad y mediante qué mecanismo.
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El esquema, conocido como “IVA personalizado”, ha sido analizado por el Ministerio de Hacienda como una posible alternativa fiscal. El planteamiento divulgado públicamente supone que todos los consumidores pagarían inicialmente la tarifa general del 13%, mientras que los hogares clasificados como beneficiarios recibirían posteriormente una devolución mediante transferencias o subsidios focalizados, utilizando registros como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
El Observatorio aclaró que la propuesta no significa necesariamente que el Gobierno pretenda cobrar definitivamente el 13% a los hogares de menores recursos sin ningún tipo de compensación. Su preocupación se concentra en la forma y el momento en que se aplicaría esa devolución.
Actualmente, los productos comprendidos en la Canasta Básica Tributaria pagan una tarifa reducida del 1% de IVA.
Según el ODA, sustituir ese mecanismo por una devolución posterior cambiaría sustancialmente la manera en que opera la protección tributaria: el beneficio dejaría de producirse inmediatamente al momento de realizar la compra y pasaría a depender de que el Estado identifique correctamente a los beneficiarios y efectúe las transferencias correspondientes.
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Todos tendrían que pagar primero
Uno de los principales cuestionamientos de los académicos está relacionado con el flujo de dinero de las familias.
Con el sistema vigente, el consumidor paga directamente el precio de los bienes con una tarifa reducida. Bajo el eventual IVA personalizado, incluso los hogares de menores ingresos tendrían que desembolsar inicialmente el 13% y esperar posteriormente la devolución.
El Observatorio considera que este punto resulta particularmente relevante debido a que la alimentación constituye un gasto cotidiano.
En su pronunciamiento advierte que si una transferencia “se realiza al final del mes, se atrasa, se interrumpe o resulta inferior al impuesto efectivamente pagado”, las familias podrían verse obligadas a disminuir sus compras de alimentos, sustituir productos, utilizar crédito o reducir otros gastos esenciales.
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El ODA sostiene que, antes de modificar el sistema actual, debería quedar definido cómo se actualizarían los registros de beneficiarios cuando una familia experimente cambios de ingresos, desempleo u otras situaciones económicas.
También plantea interrogantes sobre lo que ocurriría con aquellos hogares que no sean oficialmente clasificados como pobres, pero que cuenten con ingresos limitados y puedan tener dificultades para absorber el aumento inicial de los precios.
El pronunciamiento señala que una transferencia posterior podría generar problemas si existen errores de exclusión, atrasos en los depósitos, montos insuficientes o barreras administrativas para ingresar al sistema de compensación.
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Impacto sería mayor en hogares de menores ingresos, según análisis citado
El documento también recoge resultados difundidos por la Universidad Nacional (UNA) a partir de un análisis del investigador Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible.
Según esos datos, elevar la tarifa del 1% al 13% produciría un incremento directo aproximado del 11.9% en el precio final de los bienes afectados.
La publicación citada por el Observatorio indica además que los hogares pertenecientes al primer quintil destinan aproximadamente el 44.1% de sus ingresos a bienes de la canasta básica y que la carga adicional podría equivaler a cerca del 6.7% de sus ingresos mensuales.
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Para el segundo quintil, el impacto se estimó entre el 4% y el 5%.
Hacienda no presentará el proyecto este año
El debate se desarrolla pese a que el Ministerio de Hacienda confirmó en julio que no presentaría durante 2026 un proyecto para cambiar este tratamiento tributario.
El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, indicó entonces que la iniciativa no sería remitida este año a la Asamblea Legislativa, aunque el llamado IVA personalizado continúa siendo una de las alternativas fiscales que han sido analizadas por la cartera.
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Por esta razón, el propio ODA califica su pronunciamiento como preventivo.
La organización considera que todavía faltan elementos para evaluar el funcionamiento real de una eventual compensación, como los mecanismos de actualización de beneficiarios, los controles, la periodicidad de los depósitos y la fuente presupuestaria utilizada para financiarlos.
Entre sus solicitudes, el Observatorio pidió al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda descartar la propuesta en su formulación conocida actualmente y mantener la tarifa reducida mientras no exista información suficiente para determinar sus efectos.
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También solicitó realizar una evaluación integral que contemple impactos fiscales, distributivos, alimentarios, nutricionales y territoriales antes de impulsar una eventual reforma.
“La alimentación adecuada es un derecho humano. Su protección no debe depender de una devolución posterior, incierta, tardía o insuficiente”, concluye el pronunciamiento.
El ODA también plantea que cualquier mecanismo futuro debería someterse previamente a auditorías y evaluaciones independientes que permitan comprobar si puede reducir los riesgos de exclusión, atrasos e insuficiencia de las devoluciones.
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