La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó este miércoles una dura ofensiva verbal contra el Poder Judicial, al cuestionar las medidas cautelares otorgadas a personas vinculadas con investigaciones por crimen organizado y advertir que el combate contra las estructuras delictivas se dificulta cuando los sospechosos capturados por las policías regresan a las calles.
Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández aseguró estar “muy molesta e indignada” particularmente por la situación que atraviesa Cartago, provincia donde el Poder Ejecutivo desplegó un operativo especial para localizar a 14 personas consideradas de interés policial.
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Según el balance divulgado por el Gobierno, seis de esos 14 sospechosos fueron detenidos en aproximadamente una semana. De ellos, cuatro recibieron prisión preventiva y uno fue sometido a monitoreo electrónico mediante una tobillera.
La medida contra este último provocó una de las reacciones más fuertes de la mandataria.
“¿Cómo va a ser posible que uno de los más buscados que ya agarramos en estos operativos ya ande suelto? Con tobillera”, cuestionó Fernández.
La presidenta sostuvo que el monitoreo electrónico no debería utilizarse, a su criterio, con personas consideradas de alta peligrosidad.
“La tobillera ya está demostrada que no sirve para nada en casos así como estos de alto peligro”, afirmó.
Fernández incluso preguntó irónicamente qué podía esperarse que hiciera el sospechoso una vez fuera de prisión.
“¿Ustedes qué piensan, que ese muchacho volvió para la casa a qué? ¿A irse a matricular al Instituto Nacional de Aprendizaje?”, expresó.
La mandataria aseguró que la violencia relacionada con grupos criminales ha afectado la tranquilidad de comunidades cartaginesas y reclamó que las capturas realizadas por las fuerzas policiales sean acompañadas por medidas judiciales que impidan que los sospechosos continúen operando.
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La comparación con alias “Diablo”
Fernández utilizó como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los narcotraficantes más buscados del país antes de su captura en julio de 2026.
Según la presidenta, decisiones judiciales adoptadas años atrás permitieron que Arias permaneciera prófugo durante aproximadamente una década.
“El Angelito, que hacía diez años lo habían mandado para la casa, lo habían sacado de la cárcel antes de tiempo con el cuentico de que llegara a firmar cada quince días. Y eso nos costó diez años en fuga”, manifestó.
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La mandataria relacionó además la permanencia del presunto líder criminal en libertad con numerosos asesinatos vinculados al sicariato registrados durante ese periodo.
Sus señalamientos se produjeron apenas días después de que una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción alcanzara a funcionarios judiciales de Pococí, investigados por presuntamente haber prestado colaboración a la estructura criminal vinculada con “Diablo”.
El Gobierno utilizó este caso para volver a cuestionar la capacidad del Poder Judicial para detectar posibles redes de corrupción dentro de sus propias dependencias.
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“Hasta el tuétano”
Uno de los ataques más contundentes ocurrió cuando desde el Ejecutivo se afirmó que el crimen organizado habría conseguido penetrar profundamente algunas estructuras judiciales.
Fernández sostuvo que existen miles de funcionarios judiciales honestos, entre ellos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que arriesgan sus vidas en operativos contra el narcotráfico, pero señaló que los casos de presunta corrupción obligan a realizar cambios.
En la conferencia también intervino Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y expresidente de la República, quien aseguró que los hechos investigados evidencian una grave infiltración criminal.
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Las críticas hicieron referencia a las investigaciones contra funcionarios de los Tribunales de Pococí por supuestamente favorecer a la organización de “Diablo”.
Fernández también recordó el caso del exmagistrado Celso Gamboa, al utilizarlo como ejemplo de anteriores cuestionamientos relacionados con la penetración del narcotráfico en instituciones públicas.
La presidenta aclaró, sin embargo, que el problema no estaría limitado al Poder Judicial.
“Yo no estoy aquí señalando solo a uno sin ver la viga en el ojo propio”, manifestó, al reconocer que también se han investigado casos de corrupción dentro de cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo.
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Gobierno busca a sospechosos requeridos por el OIJ
El ministro de Seguridad Pública explicó que diferentes cuerpos policiales se incorporaron a la búsqueda de las personas consideradas más buscadas de Cartago.
El despliegue incluye participación de la Fuerza Pública, Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Policía de Fronteras, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Policía Penitenciaria y unidades especiales.
El Gobierno señaló que la colaboración ciudadana ha permitido obtener información para localizar a algunos de los sospechosos.
Las autoridades también informaron sobre nuevas operaciones desarrolladas contra integrantes de la organización relacionada con alias “Diablo”.
Durante la madrugada de este miércoles se ejecutaron 18 allanamientos en el sector de Ciudad Quesada, como parte de las investigaciones contra esa estructura criminal.
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Pide vehículos decomisados para la Fuerza Pública
El ministro de Seguridad reconoció que la Fuerza Pública enfrenta una importante carencia de vehículos, al señalar que existen más de 3,000 unidades que no pueden ser reparadas.
Como ejemplo, explicó que el operativo desplegado en Cartago obligó a movilizar cerca de 40 vehículos provenientes de otras delegaciones policiales.
Ante esta situación, Fernández solicitó al ministro de la Presidencia realizar una revisión de todos los vehículos decomisados y administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que actualmente se encuentran asignados a instituciones públicas, municipalidades y otras organizaciones.
La intención del Ejecutivo es determinar cuáles podrían ser trasladados a la Fuerza Pública.
Fernández justificó la medida señalando que actualmente el combate contra el crimen organizado constituye la “prioridad número uno del país”.
El llamado final a magistrados y diputados
Fernández reconoció expresamente la existencia de “jueces honestos, magistrados honorabilísimos, fiscales honestos” y policías del OIJ que, según dijo, “le están poniendo el pecho a las balas”.
Pero pidió a las autoridades judiciales emprender cambios internos.
“¿Por qué no nos unimos en esta cruzada nacional? No puede ser posible que por unos pocos no podamos emprender las reformas que este país necesita”, manifestó.
También dirigió un llamado a los diputados para aprobar un paquete de 12 proyectos de ley elaborado por el Gobierno y el equipo denominado Fuerza Élite con el objetivo, según el Ejecutivo, de fortalecer las herramientas para enfrentar al crimen organizado.
Fernández afirmó que está dispuesta a apoyar además otras propuestas que surjan desde el Congreso.
La ofensiva del Gobierno contra las decisiones judiciales llega en momentos en los que la administración también mantiene diferencias con la Corte por asuntos presupuestarios.
Fernández negó que el recorte planteado para el Poder Judicial tenga como propósito debilitar su independencia y aseguró que forma parte de una reducción generalizada del gasto producto de una menor disponibilidad de recursos públicos.
A pesar de esas diferencias, la mandataria dijo estar dispuesta a trabajar con los integrantes del Poder Judicial que quieran impulsar reformas.
“Desde el Gobierno de la República, reitero, total apertura para trabajar con todos los funcionarios buenos del Poder Judicial y con la Asamblea Legislativa, porque a Costa Rica tenemos que sacarla adelante”, concluyó.
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