En el Centro de Formación Juvenil Zurquí, las autoridades detuvieron a una oficial de la Policía Penitenciaria identificada por el apellido Castro, tras ser sorprendida en el acto de entregar un teléfono celular a una privada de libertad de apellido Segura. Según información proporcionada del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, la intervención tuvo lugar la noche del sábado, luego de que otra funcionaria penitenciaria advirtiera la situación y diera aviso inmediato a la oficialía de guardia.
La Dirección de la Policía Penitenciaria coordinó la aprehensión con la Fiscalía Adjunta de Heredia, la cual dispuso la detención de Castro para presentarla ante la autoridad judicial correspondiente. Paralelamente, se inició un procedimiento administrativo para determinar las posibles sanciones a la ley.
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El Ministerio de Justicia y Paz destacó la aplicación rigurosa de sus lineamientos internos y la colaboración con el sistema judicial. “Aquí se respeta el orden, la disciplina y la ley. No protegeremos a ningún funcionario que se preste para favorecer actividades ilícitas. Quien traicione el uniforme deberá responder ante la justicia”, enfatizó la institución en su comunicación oficial.
La privada de libertad involucrada, identificada como Segura, se encuentra en el centro penal, mientras avanzan las indagaciones para determinar si existen otros elementos vinculados al caso. El Ministerio de Justicia y Paz reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en el funcionamiento de los centros penales, enfatizando que la seguridad y la disciplina son principios no negociables dentro del sistema penitenciario nacional.
Hasta el momento, la oficial Castro permanece detenida y a disposición de la Fiscalía de Heredia, en tanto se resuelven las diligencias judiciales y administrativas abiertas tras el incidente. La investigación busca esclarecer si existen otros involucrados y si la entrega del
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La decisión de actuar se sustentó en la observación directa de la entrega del teléfono móvil, lo que permitió una respuesta inmediata y coordinada entre las distintas áreas de la Policía Penitenciaria. La publicación de este medio también cita la activación de los protocolos internos y la disposición de la Fiscalía para proceder con la investigación penal.
Endurecen controles en el sistema penitenciario de Costa Rica
Este caso refuerza la medida de tolerancia cero frente a actos que afecten la integridad institucional. En declaraciones recientes recogidas por el medio Diario Extra, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, expresó: “No vamos a tolerar actos de corrupción dentro del sistema penitenciario y seguiremos poniendo estos casos en conocimiento de las autoridades competentes”. El jerarca añadió que todo funcionario que traicione el uniforme enfrentará las consecuencias administrativas y judiciales que correspondan.
De hecho, el pasado 30 de julio, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, instruyó al Ministerio de Justicia y Paz a retirar todos los tomacorrientes instalados en las celdas de los centros penitenciarios del país. La decisión se comunicó tras la confirmación del decomiso de 352 televisores y 238 hornos microondas durante un operativo en varias prisiones.
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La presidenta dio la orden durante la conferencia de prensa semanal, al consultar al ministro de Justicia sobre el avance del compromiso gubernamental para retirar electrodomésticos de las celdas de personas privadas de libertad.
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