El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un contundente pronunciamiento en defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y la democracia costarricense, en el que expresó su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a las declaraciones realizadas durante el acto oficial del pasado 25 de julio en Nicoya, con motivo del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.
Mediante un acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N.° 7010 del 29 de julio de 2026, el máximo órgano universitario cuestionó las manifestaciones pronunciadas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles, en las que planteó ante el público la posibilidad de una dictadura y del cierre del Poder Judicial, al considerar que ese tipo de afirmaciones adquieren una especial gravedad cuando provienen de una alta autoridad del Estado.
La Universidad sostiene que en una democracia consolidada como la costarricense esas expresiones “no pueden ser consideradas una simple provocación ni un recurso retórico”, debido al peso institucional que tienen las palabras emitidas por quienes ejercen funciones públicas.
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El Consejo Universitario recordó que la Constitución Política surgió como un pacto social tras la guerra civil de 1948 precisamente para evitar la concentración arbitraria del poder y garantizar un sistema basado en la separación e independencia de los poderes públicos, la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales.
En ese contexto, la UCR citó los artículos 3 y 9 de la Constitución Política, los cuales establecen que nadie puede arrogarse la soberanía nacional y que el Gobierno de la República se ejerce mediante poderes distintos e independientes entre sí, principios que —según la institución— constituyen la base del modelo democrático costarricense.
“Las dictaduras no representan una alternativa”
Uno de los apartados más enfáticos del pronunciamiento sostiene que las dictaduras nunca pueden ser consideradas una opción política válida.
“La evidencia histórica es inequívoca: los Estados autoritarios y totalitarios impiden el ejercicio de las más básicas libertades, empezando por la libertad de pensamiento”, señala el documento.
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La Universidad argumentó que combatir la corrupción o corregir las deficiencias institucionales no puede hacerse debilitando la democracia, sino mediante reformas que fortalezcan los mecanismos de control, la transparencia y la participación ciudadana.
Asimismo, el Consejo Universitario defendió la autonomía del Poder Judicial y afirmó que contar con un presupuesto sólido ha permitido consolidar una justicia independiente, diferenciando a Costa Rica de otros países de América Latina donde, según indicó, la injerencia política ha debilitado a los tribunales.
El documento reconoce que el sistema judicial requiere reformas para mejorar su funcionamiento, pero sostiene que estas deben responder a criterios técnicos y no a intereses políticos que comprometan su independencia.
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Advertencia sobre el debilitamiento institucional
El acuerdo también advierte sobre los riesgos de normalizar discursos que planteen la ruptura del orden constitucional.
Según la UCR, las democracias no desaparecen de manera repentina, sino que suelen deteriorarse progresivamente mediante el debilitamiento de las instituciones y la modificación del lenguaje político.
“Antes de que las instituciones sean debilitadas, suele transformarse el lenguaje que las protege”, señala el texto, que agrega que aceptar como posibles escenarios la clausura de poderes o el autoritarismo puede erosionar los consensos democráticos construidos durante décadas.
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Como parte de esa reflexión, el Consejo Universitario recordó antecedentes históricos tanto nacionales como regionales. Mencionó la dictadura de los hermanos Tinoco, ocurrida hace más de un siglo en Costa Rica, así como diversas experiencias autoritarias registradas en América Latina, señalando que esos episodios dejaron profundas consecuencias políticas, sociales y humanas.
Solidaridad con el Poder Judicial
La Universidad manifestó además su solidaridad con el Poder Judicial y con las personas funcionarias cuya labor consiste en garantizar el acceso a la justicia y la protección del Estado de derecho.
El pronunciamiento aclara que respaldar la independencia judicial no implica eximir al sistema de críticas o de eventuales reformas, sino reconocer que ninguna democracia puede subsistir sin instituciones capaces de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público.
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En esa línea, el Consejo Universitario insistió en que cualquier proceso de modernización del Poder Judicial debe fortalecer sus capacidades sin comprometer su autonomía frente a los demás poderes del Estado.
Llamado al Poder Ejecutivo
Como parte de las conclusiones, el Consejo Universitario hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que rechace “de forma clara e inequívoca” cualquier manifestación que pueda interpretarse como una legitimación de la ruptura del orden constitucional o del debilitamiento de la separación de poderes.
Asimismo, instó a la Presidencia de la República a reafirmar públicamente el compromiso del Gobierno con la Constitución Política, el Estado social y democrático de derecho, la independencia del Poder Judicial y los principios republicanos que sustentan la institucionalidad costarricense.
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La Universidad de Costa Rica reiteró que su misión legal incluye la formación de una ciudadanía crítica y la defensa de los valores democráticos, razón por la cual consideró necesario pronunciarse ante lo que calificó como un escenario de especial preocupación institucional.
El acuerdo concluye con un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto que tienen los discursos emitidos desde el poder político y a preservar los principios constitucionales que, durante más de siete décadas, han sustentado el sistema democrático costarricense.