El Ministerio de Hacienda de Costa Rica impulsa cambios legislativos que, de aprobarse, permitirían que más contribuyentes sean procesados penalmente por delitos tributarios, según informó La República.
La propuesta, presentada por el gobierno de Laura Fernández, busca reducir el umbral para configurar el delito tributario de 500 a 200 salarios base.
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De acuerdo con el diario La República, el proyecto de ley N.° 25.650, presentado por el Ejecutivo, generó inquietud en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Su presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios, Luis Javier Porras, señaló que la iniciativa requiere un análisis técnico profundo, ya que podría tener efectos importantes tanto en los contribuyentes como en la administración tributaria.
“Esta iniciativa debe ser objeto de un análisis técnico profundo, debido a los efectos que podría generar tanto para los contribuyentes como para el sistema de administración tributaria”, afirmó Porras en declaraciones recogidas por La República.
La discusión sobre las reformas fiscales se produce en un contexto de advertencia internacional. La República reportó que, a mediados de mes, la agencia S&P Global Ratings advirtió a Costa Rica sobre el riesgo de que la relación deuda/PIB supere el 60% en los próximos cuatro años.
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En mayo, la relación deuda/PIB se ubicó en 60.5%, apenas por encima del 60.4% registrado al finalizar 2025, según datos oficiales difundidos por La República. El propio gobierno advirtió que, de no aplicarse nuevas medidas fiscales, ese porcentaje podría escalar hasta el 68%.
El aumento de la deuda pública tendría consecuencias directas sobre el presupuesto estatal. Si la relación deuda/PIB permanece por encima del 60%, volvería a regir la regla fiscal, lo que implicaría una restricción al crecimiento del gasto público en sectores como salud, seguridad y educación, además del congelamiento de los salarios en el sector público.
La reforma tributaria también incorpora cambios en la forma de calcular el monto de la posible defraudación. Una iniciativa adicional, presentada por el Frente Amplio, plantea incluir la sumatoria de distintos impuestos y períodos no prescritos para determinar la responsabilidad penal de los contribuyentes investigados.
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El debate sobre la pertinencia de endurecer las sanciones penales se intensificó tras las declaraciones del especialista Diego Salto, quien considera que antes de aumentar las penas es fundamental fortalecer los mecanismos de fiscalización y cobro.
“El Estado debe contar con herramientas eficaces para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la prioridad debería ser fortalecer los procesos de control y recaudación. La sanción penal debe mantenerse como una medida excepcional para los casos de mayor gravedad”, afirmó Salto, de acuerdo a lo reportado por La República.
Por otra parte, la posibilidad de que Hacienda embargue bienes de contribuyentes morosos sin intervención judicial ha sido motivo de consulta entre expertos. Aunque la propuesta busca dotar al Ministerio de herramientas más ágiles para el cobro, sectores profesionales insisten en la necesidad de salvaguardar las garantías de los ciudadanos y evitar medidas que puedan vulnerar el derecho a la defensa.
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El gobierno sostiene que la reducción del umbral para la configuración del delito tributario permitiría combatir con mayor eficiencia la evasión y mejorar la recaudación. No obstante, la discusión parlamentaria continúa abierta, con llamados de los sectores profesionales a revisar los alcances y las posibles consecuencias del proyecto antes de su aprobación.
Las reformas propuestas coinciden con un entorno fiscal delicado para Costa Rica, y las presiones para incrementar los ingresos públicos aumentan. El análisis técnico y la vigilancia sobre el impacto real de estas medidas serán determinantes para el futuro de la política fiscal costarricense.
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