La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes en la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley con los que pretende fortalecer el combate contra el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y endurecer las herramientas del Estado frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato.
Durante una exposición de más de una hora, la mandataria aseguró que las iniciativas son el resultado del trabajo desarrollado por el equipo de Fuerza Élite, instancia que, según explicó, analiza semanalmente la situación de seguridad del país para identificar vacíos legales que obstaculizan la persecución del delito.
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Fernández afirmó que Costa Rica enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y recursos que en décadas anteriores, por lo que consideró indispensable actualizar una legislación que calificó como “obsoleta” frente a las nuevas modalidades delictivas.
"No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico“, manifestó durante su intervención.
Reformar el proceso penal para acelerar la justicia
El primer proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio.
Según explicó la presidenta, la intención es reducir la duplicidad de trámites, acortar los tiempos de resolución de los expedientes y disminuir los costos operativos del Poder Judicial, sin afectar las garantías del debido proceso.
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Fernández sostuvo que actualmente existen causas penales que tardan tantos años en llegar a juicio que incluso algunos testigos olvidan detalles de los hechos investigados.
Durante ese apartado también criticó al Poder Judicial por, según dijo, concentrarse en solicitar mayores recursos económicos en lugar de impulsar reformas para hacer más eficiente el sistema de justicia. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de la Corte en una reunión previa convocada para analizar las iniciativas.
Extradición para más delitos graves
Otra de las principales propuestas consiste en una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses por delitos vinculados con el crimen organizado transnacional.
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La iniciativa contempla incluir delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, sicariato, homicidios relacionados con estructuras criminales, cibercrimen y participación en organizaciones criminales internacionales.
La presidenta aclaró que la extradición seguiría siendo una medida excepcional, sujeta a resolución de los tribunales costarricenses y al cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que la conducta sea considerada delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.
Tobilleras electrónicas para quienes obtengan beneficios carcelarios
Uno de los proyectos que Fernández calificó como prioritarios plantea el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico para personas condenadas que reciban beneficios de ejecución de la pena y puedan salir de prisión antes de cumplir totalmente su sentencia.
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La mandataria utilizó como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al afirmar que si una legislación similar hubiera existido años atrás, el presunto líder criminal no habría permanecido prófugo durante una década.
Según explicó, el objetivo es sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente por un sistema de vigilancia permanente mediante tobilleras electrónicas que permita conocer la ubicación del beneficiario y reducir el riesgo de reincidencia.
La propuesta también pretende fortalecer los controles sobre los jueces de ejecución y endurecer los requisitos para acceder a regímenes de confianza.
Endurecer penas por minería ilegal
El cuarto proyecto está dirigido a combatir la explotación minera ilegal, particularmente en Crucitas, San Carlos.
La reforma aumentaría las penas de prisión por extracción ilegal de minerales, elevaría las sanciones para quienes financien o promuevan estas actividades y permitiría el decomiso de maquinaria, dinero y bienes utilizados en la actividad ilícita.
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Fernández aseguró que las penas actuales resultan insuficientes para combatir este fenómeno y afirmó que existen personas detenidas en múltiples ocasiones por minería ilegal que recuperan rápidamente la libertad debido a la baja penalidad contemplada en la legislación vigente.
Pensiones alimentarias y nueva estructura policial
El quinto proyecto plantea sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico para deudores de pensión alimentaria, con el fin de que puedan mantener un empleo y generar ingresos para cumplir con sus obligaciones, bajo supervisión judicial.
No obstante, la mandataria aclaró que quienes incumplan nuevamente o manipulen el dispositivo perderían el beneficio y serían enviados al sistema penitenciario.
Finalmente, el sexto proyecto propone modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y sargento, además de establecer concursos públicos para ascensos y requisitos académicos y de experiencia para ocupar puestos de mando.
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Fernández sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la carrera policial, eliminar nombramientos discrecionales y homologar la nomenclatura utilizada por las policías costarricenses con la empleada por cuerpos policiales internacionales.
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