El Ministerio de Justicia y Paz puso fin al uso de consolas de videojuegos dentro del Centro Especializado para el Adulto Joven, en La Reforma, Alajuela. La Policía Penitenciaria decomisó seis PlayStation junto con sus controles y accesorios, equipos que posteriormente fueron destruidos como parte de las nuevas medidas de control implementadas por la actual administración.
La decisión marca un cambio en la política penitenciaria de Costa Rica y se suma a la estrategia denominada “Cero Ocio”, con la que el Gobierno pretende que las personas privadas de libertad dediquen su tiempo a actividades laborales y de mantenimiento, en lugar de permanecer en espacios recreativos.
Las autoridades confirmaron a Amelia Rueda que las consolas permanecían en el centro penitenciario desde hace varios años. Los registros institucionales indican que el primer ingreso autorizado de estos dispositivos ocurrió en enero de 2019, mientras que el último permiso localizado corresponde a octubre de 2021.
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El Ministerio también reveló que, en enero de 2023, la población del centro solicitó regularizar el ingreso de nuevas consolas de videojuegos. Sin embargo, la petición fue rechazada por la administración penitenciaria, por considerar que esos artículos no respondían a los objetivos del régimen carcelario.
El decomiso se sustenta en la directriz DGAS-05-2026, emitida recientemente por la Dirección General de Adaptación Social, la cual actualiza el listado de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios y faculta a las autoridades para retirar aquellos dispositivos que ya no cumplen con la normativa vigente.
Pero la medida no se limita al retiro de los videojuegos. A partir de ahora, los privados de libertad del Centro Especializado para el Adulto Joven deberán incorporarse al programa “Cero Ocio”, una iniciativa mediante la cual participan en cuadrillas de trabajo dedicadas al mantenimiento de carreteras, centros educativos y otras obras de interés público.
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Actualmente, cerca de 50 personas privadas de libertad ya forman parte de estas labores fuera del centro penal bajo estricta supervisión, y el Ministerio de Justicia pretende ampliar esa cifra con la incorporación de los reclusos que hasta ahora permanecían en ese establecimiento.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, defendió la decisión y aseguró que el objetivo es eliminar el ocio dentro de las cárceles y fortalecer una cultura de disciplina y trabajo.
“Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, afirmó el jerarca en declaraciones recogidas por Amelia Rueda.
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El beneficio conocido como “dos por uno” permite a las personas privadas de libertad descontar parte de su condena mediante la realización de actividades laborales, educativas o de capacitación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación penitenciaria.
La administración de Gabriel Aguilar ha insistido en que el propósito de estas medidas es transformar el funcionamiento de los centros penales y orientar el cumplimiento de las penas hacia actividades productivas. En ese contexto, el programa “Cero Ocio” se ha convertido en uno de los principales ejes de la política penitenciaria impulsada durante este año.
Con el decomiso y destrucción de las seis PlayStation, el Ministerio envía además un mensaje sobre el endurecimiento de los controles dentro de las cárceles. Las autoridades sostienen que el tiempo de permanencia en prisión debe enfocarse en el trabajo, la capacitación y la preparación para la reinserción social, dejando atrás actividades recreativas que consideran incompatibles con ese objetiv
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