La Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica informó que ha ejecutado más de ₡83 mil millones, equivalentes a USD 158 millones, en los últimos tres años, con un impacto directo e indirecto en más de 1,9 millones de personas en el país. A través de 218 iniciativas conjuntas desplegadas en 2025, el organismo multilateral cubrió el 90% de los cantones y orientó sus intervenciones a la modernización de la infraestructura pública, la protección de poblaciones vulnerables y el fomento de oportunidades económicas inclusivas, de acuerdo con su último Informe de Resultados.
El reporte, titulado Cerrando Brechas para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo, resalta que estos esfuerzos cobran particular relevancia luego de que Costa Rica alcanzara —este mismo año— la categoría de país de ingreso alto, con un ingreso per cápita de USD 15,620, según la oficina local de la organización.
El conjunto de acciones financiadas por Naciones Unidas, detalladas por el coordinador residente Pablo Salazar Canelos al presentar el informe, responde a la necesidad de traducir el crecimiento económico en oportunidades efectivas para la población en condiciones de vulnerabilidad. Según Salazar: “El verdadero desafío comienza ahora: convertir ese crecimiento en oportunidades para quienes históricamente han quedado al margen”. De acuerdo con el organismo, solo en el último año la inversión superó los ₡24 mil millones (USD 47,73 millones), un monto canalizado hacia proyectos que refuerzan la resiliencia climática, la inclusión social y la modernización estatal.
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Como parte de los resultados anuales, la ONU reporta que sus intervenciones beneficiaron de manera directa a 1,973,214 personas en Costa Rica a través del despliegue de recursos y alianzas con instituciones públicas y privadas. Entre las áreas de mayor impacto figura la atención a personas en movilidad humana: en 2025, más de 60,000 migrantes accedieron a atención humanitaria y refugio, mientras 54,326 solicitantes de refugio y migrantes regularizaron su estatus legal o recibieron documentación. El Sistema Nacional de Asilo cerró 66,000 expedientes inactivos y gestionó un total de 129,688 trámites administrativos.
Cooperación internacional y énfasis en inclusión social
El programa de Naciones Unidas fue clave en la puesta en marcha de políticas públicas enfocadas en la protección social integral, la equidad de género y la mejora de la movilidad humana. En 2025, la inversión dedicada a estos ámbitos alcanzó USD 11,34 millones, permitiendo que 16,043 trabajadores agrícolas migrantes y sus familias fueran regularizados mediante el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria. En paralelo, se consolidó la protección para mujeres y niñas: 4,000 mujeres en situación de movilidad recibieron servicios especializados y se creó un manual para gestionar casos de violencia basada en género. Además, 500 mujeres y 90 funcionarios fortalecieron sus habilidades digitales, y 50 adolescentes se capacitaron en negociación climática local.
Desde la perspectiva institucional, la ONU acompañó a Costa Rica en la modernización y fortalecimiento de su aparato estatal mediante una inversión de USD 12,46 millones. Esto permitió la consolidación de seis mecanismos formales de coordinación en temas de asilo, migración y género, así como la formación de 500 funcionarios en estándares internacionales de protección. El organismo apoyó el desarrollo de la Política Migratoria, la actualización de la Hoja de Ruta contra el trabajo infantil, y la formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y la Política Nacional de Empleo.
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Dentro del enfoque de innovación pública, la entidad implementó una herramienta de Prácticas Inclusivas en Proyectos de Infraestructura Pública en obras clave como la rehabilitación del puente sobre el río Virilla, incorporando barreras anticaídas y mecanismos de prevención de acoso y suicidio. Además, se fortaleció el ecosistema nacional de datos con la adopción de la encuesta MICS Plus en 2026.
Combate a la desigualdad y transición verde
La apuesta por una economía más inclusiva y sostenible se expresó en una inversión de USD 3,68 millones. Entre los logros destaca el fortalecimiento del esquema de fijación salarial y la introducción del Protocolo Costa Rica-El Salvador de migración laboral, que permitió el arribo del primer grupo de trabajadores salvadoreños para cubrir vacantes en el transporte público local. Para el empoderamiento económico de las mujeres, 124 empresas adoptaron los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres y la plataforma Hecho por Mujeres generó ventas superiores a USD 35,000. En materia ambiental, se removieron 95 toneladas de residuos plásticos y se restauraron o mejoraron 9,284 hectáreas en 41 proyectos comunitarios. Además, el país habilitó la primera flota eléctrica de transporte público y aprobó la Ley Tierra para Mujeres.
Para fortalecer la preparación y respuesta a crisis climáticas y flujos migratorios, la ONU destinó USD 20,23 millones. La guía rápida para el abordaje de violencia de género en albergues temporales se implementó en zonas fronterizas y 492 funcionarios fueron capacitados para atender emergencias localmente. El Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) permitió la ejecución de 502 obras públicas críticas integrando criterios de inclusión y reducción de riesgos. En la gestión climática, la formulación de la Política Nacional de Carbono y el desarrollo de su marco regulatorio se combinaron con una reducción del 82% en el consumo de HCFC —sustancias que agotan la capa de ozono— en comparación con 2013.
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Eficiencia, alianzas y transparencia
La coordinación de operaciones de Naciones Unidas generó ahorros significativos gracias a sinergias en servicios y compras conjuntas dentro de la Casa de las Naciones Unidas y procesos de negociación con proveedores, estimados en USD 574.000. Como parte de su política de transparencia, la organización ha puesto a disposición del público información en tiempo real sobre sus proyectos en la Plataforma UNINFO.
A lo largo de la última década, la Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica ha intensificado el enfoque en innovación pública y desarrollo inclusivo, convirtiendo al país en referente regional para la implementación de políticas que buscan un crecimiento sostenido donde nadie quede excluido.