El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón detuvieron a un hombre de apellido Salazar, señalado como sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres en la provincia caribeña costarricense, en hechos que se remontan entre 2011 y 2019.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el imputado, quien se desempeñaba como zapatero y era conocido en la zona, habría abordado a sus víctimas en la vía pública, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, para luego agredirlas sexualmente y asesinarlas mediante estrangulación.
El avance clave en la investigación se dio a partir del caso más reciente, ocurrido el 28 de diciembre de 2019. Ese día, el cuerpo de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, de 50 años, fue localizado en playa Cieneguita, en Limón. En ese momento, el crimen no había podido ser esclarecido, pero las muestras recolectadas se convirtieron en pieza fundamental años después.
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Según detalló el Ministerio Público, los análisis realizados por el laboratorio de genética forense permitieron establecer coincidencias entre los perfiles genéticos obtenidos en este caso y los indicios recolectados en al menos tres homicidios ocurridos en 2011. Esta conexión abrió la posibilidad de que se tratara de un agresor serial que actuó en distintos puntos de la provincia limonense.
Los hechos de 2011 presentan características similares. El 25 de enero de ese año, una mujer de apellido Madrigal, de 45 años, fue hallada sin vida en una casa abandonada en barrio San Juan. Días después, el 2 de febrero, otra víctima, de apellido Waggon, de 35 años, fue encontrada en la playa de Cieneguita. Meses más tarde, el 10 de junio, Morales, de 30 años, apareció en el cementerio de Limón centro.
En todos los casos, las autopsias confirmaron un patrón coincidente: las víctimas habían sido agredidas sexualmente y posteriormente asesinadas por asfixia, específicamente por estrangulación. Este modus operandi fue clave para que los investigadores comenzaran a analizar los expedientes de manera conjunta.
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Las autoridades indicaron que las víctimas compartían además condiciones de alta vulnerabilidad, ya que varias de ellas se encontraban en situación de indigencia, lo que habría facilitado que el sospechoso las abordara sin levantar sospechas.
Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía Adjunta de Limón señaló que los homicidios ocurridos en 2011 estarían prescritos desde el punto de vista penal, lo que limita la posibilidad de juzgarlos actualmente. No obstante, la evidencia sí permite fortalecer la causa relacionada con el crimen de 2019.
El detenido fue presentado este mismo miércoles ante la Fiscalía, donde se le tomó declaración indagatoria. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares con el objetivo de garantizar su permanencia en el proceso mientras avanzan las diligencias.
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Horas después, un juez de turno acogió la solicitud y dictó seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso, plazo durante el cual las autoridades continuarán recabando pruebas y profundizando en la investigación.
El Ministerio Público destacó que este caso representa un ejemplo del impacto que tienen los avances científicos en la resolución de crímenes complejos. En particular, el uso de pruebas genéticas permitió establecer vínculos que durante años no habían podido ser identificados, reabriendo líneas de investigación que parecían cerradas.
Asimismo, las autoridades no descartan que puedan surgir nuevos elementos que vinculen al sospechoso con otros hechos delictivos, por lo que el caso se mantiene en desarrollo.
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La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Limón, en conjunto con el OIJ, mientras se analizan más indicios y se revisan expedientes antiguos en busca de posibles coincidencias.