A tan solo 20 días de las elecciones nacionales, la seguridad del presidente Rodrigo Chaves se convirtió en tema central luego de que Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), presentara ante la Fiscalía General de la República una denuncia por una supuesta amenaza de muerte contra el mandatario. Este caso se desarrolla en coincidencia con la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien arribó este martes al país para conocer el proyecto de una nueva cárcel.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a los medios que la denuncia nombra como sospechosa a una mujer de apellidos Chinchilla Mora, reconocida por su activa presencia en redes. El Ministerio Público precisó este martes que el despacho trasladó la causa al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y solicitó a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito que intervenga, de acuerdo con el procedimiento habitual ante delitos de amenazas. Desde la Fiscalía General enfatizaron: “Este caso se atenderá con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución”.
El director de la DIS indicó a Noticias Repretel que la información surgió de “reportes confidenciales” recibidos y que existe “un pantallazo donde nos alertan sobre el pago de un sicario para atentar contra la vida del presidente”. Torres añadió que, por la gravedad del asunto y su carácter de funcionario público, concurrió de inmediato a la Fiscalía para acelerar el trámite y dejó en manos del Poder Judicial el desarrollo de la investigación.
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En paralelo a la denuncia penal, la persona señalada, Stella Chinchilla, negó enfáticamente cualquier implicación y se presentó junto a su abogado, Ricardo Solís, ante la Fiscalía para exigir acceso a los expedientes y las pruebas mencionadas.
“Es un montaje”, sostuvo Chinchilla al ser contactada por varios medios de comunicación costarricense, y calificó la acusación de “burdo” y “cochino”, añadiendo: “No sé de qué me acusan, la verdad, de que yo pagué, lo que entiendo es que me están acusando de que yo pagué para mandar a un sicario”. Asimismo, rechazó rotundamente haber enviado el mensaje atribuido por la DIS y enfatizó: “No, soy fiel defensora de los derechos humanos, no creo en la pena de muerte en cualquier sociedad del mundo”.
Stella Chinchilla aclaró que su labor es la de comunicadora, no periodista, y responsabilizó públicamente al gobierno por cualquier daño que reciba su familia. Al ser consultada sobre el momento en que se enteró de la denuncia, indicó que lo supo apenas minutos antes de presentarse con su abogado, tras salir de una actividad en la que tenía el teléfono apagado.
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El clima de tensión política se vio reflejado en la reacción inmediata del partido Frente Amplio. En un comunicado, la agrupación liderada por Ariel Robles condenó “cualquier acto de violencia o agresión contra la figura del mandatario o cualquier otra figura política”, y exigió que los hechos sean investigados “con todo el rigor por estas autoridades judiciales pertinentes”.
Este evento se da tras otros incidentes recientes que afectan a figuras del oficialismo. Apenas tres meses atrás, Laura Fernández, candidata oficialista, denunció un presunto caso de espionaje por un micrófono colocado en su oficina. Además, el propio presidente Chaves declaró en febrero de 2023: “Me amenazan de muerte todos los días”, haciendo alusión a represalias por sus políticas activas contra bandas narcotraficantes.
No es la primera vez que la DIS alerta sobre este tipo de amenazas. Torres recordó otro caso, donde una mujer de apellido Rueda escribió en redes sociales que “esto amerita un francotirador”, catalogándolo como una advertencia potencial. La coyuntura se agrava por la persistente desconfianza del presidente hacia el sistema judicial, al que ha tildado de ineficiente y corrupto.
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Consultada la Presidencia sobre los pormenores de la denuncia, no ofreció ninguna respuesta.