El Gobierno estudia crear un arancel judicial y adicionar 1,5 billones de pesos al presupuesto de la Rama Judicial para enfrentar el faltante de recursos del sector. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que está dispuesto a impulsar la propuesta del arancel y, al mismo tiempo, planteó preservar la exención tributaria que beneficia a algunos funcionarios judiciales, en un escenario en el que el déficit presupuestal de la rama alcanza los 6,1 billones de pesos.
Según información publicada por El Tiempo, el mandatario presentó las iniciativas durante la instalación del XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, realizado en Cali.
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La propuesta del arancel surgió, de acuerdo con De La Espriella, de conversaciones sostenidas con la Corte Suprema de Justicia sobre las dificultades financieras que enfrenta la administración de justicia.
“Estoy dispuesto a estudiar esa propuesta y a sacarla adelante”, afirmó el presidente al referirse a la posibilidad de establecer un mecanismo que genere recursos adicionales para financiar el sector.
El segundo planteamiento está relacionado con mantener la exención tributaria que actualmente beneficia a determinados funcionarios judiciales. De La Espriella señaló que considera importante proteger sus condiciones económicas y afirmó que continuará trabajando para buscar alternativas frente a la crisis fiscal.
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Jueces y magistrados reclaman por los recursos
El anuncio se produjo mientras jueces y magistrados se manifestaban en distintas ciudades por los recortes presupuestales previstos para la Rama Judicial.
En Bogotá, la juez 50 de Control de Garantías, Dennise Riaño, expresó preocupación por una eventual reducción de la remuneración efectiva de los funcionarios y recordó los descuentos que deben asumir por conceptos como salud, pensión, solidaridad, retención en la fuente y renta.
De La Espriella también reconoció que numerosos despachos enfrentan altas cargas laborales y limitaciones de personal, infraestructura y herramientas tecnológicas.
“Conozco las dificultades de muchos despachos judiciales, tienen enormes cargas de trabajo y no siempre cuentan con el personal, las instalaciones y la tecnología que necesitan”, sostuvo.
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Además del eventual arancel, el jefe de Estado anunció que propondrá una adición de 1,5 billones de pesos al presupuesto de la Rama Judicial para 2027.
El objetivo, según explicó, es atender parte de las necesidades financieras que actualmente enfrenta esa rama del poder público.
Déficit de la Rama Judicial llega a $6,1 billones
El presupuesto vigente contempla 11,4 billones de pesos para la Rama Judicial. De ese total, 9,9 billones están destinados a funcionamiento, 1,5 billones a inversión y 17.695 al pago de la deuda pública, de acuerdo con las cifras citadas.
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Sin embargo, inicialmente se habían solicitado 17,5 billones de pesos, por lo que existe un faltante estimado en 6,1 billones.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, había advertido que los gastos de funcionamiento ascienden a 14,6 billones de pesos, mientras la asignación prevista para ese rubro es de 9,9 billones.
Según su advertencia, esa diferencia podría afectar el sostenimiento de una planta integrada por más de 37.352 servidoras y servidores judiciales.
La discusión presupuestal se desarrolla en medio de reclamos de funcionarios de la justicia por la disponibilidad de recursos necesarios para mantener los despachos, atender las cargas de trabajo y garantizar condiciones adecuadas de operación.
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El planteamiento del Gobierno combina así dos vías: buscar una nueva fuente de financiación mediante un posible arancel judicial y aumentar directamente los recursos previstos para 2027 con una adición presupuestal de 1,5 billones de pesos.
Al mismo tiempo, De La Espriella descartó, al menos en su intervención, que la respuesta a la crisis pase por deteriorar las condiciones económicas de los funcionarios beneficiados por la exención tributaria.
La eventual creación del arancel todavía se encuentra en estudio. El presidente manifestó su disposición a sacar adelante la iniciativa, pero el anuncio presentado no establece todavía sus condiciones, alcance, forma de cobro o quiénes tendrían que asumirlo.
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Mientras se define esa propuesta, la brecha entre los recursos solicitados y los actualmente previstos mantiene abierto el debate sobre cómo financiar las necesidades de la Rama Judicial durante 2027.
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