El domingo 15 de noviembre de 2026 se difundió en redes sociales un video grabado en la zona rosa de Casabianca, en el departamento del Tolima, que registró una riña en la que varias personas discutieron y agredieron a un uniformado que, al parecer, había intervenido para controlar un incidente en el lugar.
De acuerdo con la Policía de Tolima, el hecho ocurrió en el barrio Centro, durante las festividades del puente festivo. La información oficial confirmó que dos uniformados atendían la confrontación en vía pública cuando fueron atacados física y verbalmente por numerosos ciudadanos.
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En el clip figuró un hombre que, según versiones preliminares, por sus características sería el alcalde del municipio, William Cardona Orozco. Y como se evidenció en la pieza audiovisual, habría participado en el conflicto, pese a estar con muletas.
La grabación expuso que el hombre dejó esos elementos y se acercó al grupo que forcejeó con el policía. En el despliegue de sucesos no se identificó claramiente si el funcionario golpeó a alguno de los uniformados.
La institución indicó que, en medio de los hechos, uno de los uniformados fue despojado de su bastón de dotación y recibió golpes con ese elemento. El uniformado lesionado recibió atención médica y continúa en recuperación, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades.
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El alcalde dio su versión: entró “a terminar el conflicto”
El alcalde de Casabianca negó haber participado en una agresión. Además, aseguró, en declaraciones a la emisora local La Voz del Pueblo 920 AM, que intervino con el propósito de detener la pelea.
“Yo mismo fui quien llamó al policía para terminar el conflicto”, afirmó el mandatario local. Según su relato, la situación comenzó por una discusión entre una pareja y otro hombre, mientras en el sector se presentaban episodios que requerían la presencia de la fuerza pública.
Cardona Orozco sostuvo que decidió intervenir después de advertir que el enfrentamiento aumentaba. “Ante el evento, yo decidí literalmente volar e intentar separar a las personas”, dijo.
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El mandatario agregó: “Todos saben que estoy con una muleta, lesionado y en recuperación, pero me tocó participar porque ahí estaba hasta el Presidente del Concejo”.
La Policía de Tolima rechazó las agresiones contra los dos uniformados y señaló que trabaja con las autoridades judiciales para identificar a quienes participaron en el altercado.
Según la información obtenida por Noticias Caracol, el policía lesionado habría presentado una denuncia ante la Fiscalía por una presunta agresión contra funcionario público.
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Agredir a un policía o militar en Colombia puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión
En Colombia, agredir a integrantes de la fuerza pública puede derivar en una pena de prisión de cuatro a ocho años, además de multas y medidas correctivas, según la gravedad de los hechos y la conducta que determinen las autoridades judiciales.
La sanción penal aplica cuando una persona ejerce violencia contra un servidor público por causa de sus funciones, para obligarlo a realizar una acción propia de su cargo o para impedirle cumplir sus deberes. Los miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea hacen parte de la fuerza pública y son considerados servidores públicos.
El artículo 43 de la Ley 1453 de 2011 establece que quien ejerza violencia contra un servidor público en esas circunstancias puede enfrentar una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel.
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La eventual responsabilidad penal se determina caso por caso. Una agresión contra un uniformado puede dar lugar a otras investigaciones si existen lesiones personales, daño a bienes públicos, amenazas u otras conductas tipificadas en la ley.
La Constitución señala que los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas son servidores públicos.
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla medidas para quienes agredan a una autoridad policial, lancen objetos que puedan causar daño o arrojen sustancias peligrosas.
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Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa general tipo 4, equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, y la participación obligatoria en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
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