La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a diez generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su presunta contribución a la expansión de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegalmente como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’, entre 2005 y 2008.
Entre los señalados está el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército. La Sala de Reconocimiento concluyó que el fenómeno se extendió desde mandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército.
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La JEP señaló una política de facto basada en el número de bajas
El relator de la Fase Nacional del Caso 03, Óscar Parra Vera, indicó que entre 2005 y 2008 se consolidó una política de facto que ubicó las bajas en combate como indicador central de éxito operacional.
“Esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto, que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional”, afirmó.
Según la JEP, esta dinámica permitió que personas protegidas fueran asesinadas y presentadas de manera ilegítima como combatientes muertos en operativos, con el propósito de mostrar resultados militares.
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Los oficiales llamados a reconocer responsabilidad
Además de Montoya, la decisión incluyó a los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Luis Felipe Paredes Cadena.
También fueron identificados los mayores generales retirados Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñones Quiroz, así como el brigadier general retirado José Joaquín Cortés Franco.
La Sala los convocó a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras analizar sus funciones, las actuaciones atribuidas y su relación con los hechos investigados.
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Los expedientes de Montoya, González Peña y Pico Hernández pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. La remisión respondió a que los tres oficiales expresaron de forma reiterada que no reconocerían responsabilidad por los hechos atribuidos.
Por violencias basadas en género contra civiles, la JEP imputó a 18 exintegrantes de la fuerza pública
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública —16 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional— por violencias basadas en género contra población civil entre 1978 y 2016. Los comparecientes fueron llamados a reconocer responsabilidad.
La investigación documentó 565 casos y 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. Según la JEP, las agresiones fueron cometidas directamente por agentes estatales o mediante acciones coordinadas, toleradas o encubiertas con grupos paramilitares.
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La Sala de Reconocimiento identificó dos patrones de macrocriminalidad, vinculados con mecanismos de apropiación, castigo, disciplinamiento, humillación y control territorial. También señaló fallas institucionales, ausencia de protocolos, omisiones de los mandos y respuestas insuficientes ante las denuncias. La decisión afirmó que existió una “ausencia, insuficiencia o aplicación ineficaz” de políticas para prevenir y atender estas violencias.
El pronunciamiento fue adoptado conjuntamente por el Subcaso 2 del Caso 11, sobre violencias de género, sexuales y reproductivas cometidas por integrantes de la fuerza pública, y el Caso 08, relacionado con agentes estatales asociados con grupos paramilitares o terceros civiles.
Las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz amplían el alcance de la rendición de cuentas por violaciones cometidas durante el conflicto armado colombiano. Al atribuir responsabilidades a antiguos mandos militares y a miembros de la fuerza pública, el tribunal busca establecer el papel de las estructuras institucionales, las omisiones de control y los patrones que permitieron la repetición de estos hechos contra la población civil.
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