Presidente de la JEP rechazó cuestionamientos sobre supuesta persecución a militares: “Más ejemplo de imparcialidad difícilmente puede existir”

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas Betancourth, rechazó las acusaciones de un supuesto sesgo contra integrantes de la fuerza pública y sostuvo que la JEP ha tramitado beneficios jurídicos para militares y exintegrantes de las Farc en proporciones comparables.

En una entrevista concedida a la revista Cambio, Rojas afirmó que la idea de que la jurisdicción concentra sus esfuerzos en procesar a militares “es totalmente falsa”. Como prueba, citó las dos primeras sentencias de sanciones propias: una dirigida a la antigua cúpula de las Farc por secuestros y otra contra 12 integrantes del Ejército por asesinatos y desapariciones presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.

El magistrado también advirtió que una eventual reducción del período de funcionamiento de la jurisdicción pondría en riesgo, sobre todo, la definición de la situación jurídica de miles de uniformados y los procesos contra oficiales de alto rango que no han aceptado responsabilidad.

Según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, la normativa que creó el tribunal exige un tratamiento simétrico para quienes participaron en el conflicto armado, sin importar si pertenecieron a las extintas Farc, a la fuerza pública o a otros sectores sometidos a la jurisdicción.

Rojas señaló que la JEP ha concedido cerca de 1.000 amnistías a exintegrantes de las Farc y alrededor de 1.100 renuncias a la persecución penal a miembros de la fuerza pública. Esas decisiones se aplican a comparecientes que no fueron identificados como máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.

“Simultáneamente se han dictado 1.000 amnistías a guerrilleros y cerca de 1.100 renuncias a la persecución penal a militares. Más ejemplo de imparcialidad que ese, difícilmente puede existir”, afirmó Rojas en la entrevista.

Para el magistrado, las cifras contradicen el señalamiento de que el sistema transicional ha favorecido a los excombatientes mientras endurece sus actuaciones frente a militares.

Según el dirigente, la JEP tiene el mandato de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de graves violaciones cometidas antes de 2016. Al mismo tiempo, debe definir la situación jurídica de quienes participaron en hechos relacionados con el conflicto, pero no ocuparon los niveles más altos de decisión.

Unos 9.000 militares esperan una definición jurídica

El presidente de la JEP sostuvo que los militares serían uno de los sectores más afectados si prospera una iniciativa que busca acortar el funcionamiento de la jurisdicción, previsto constitucionalmente hasta 2033.

De acuerdo con Rojas, unos 9.000 comparecientes de la fuerza pública aún tienen pendiente la definición de su situación jurídica. Muchos de ellos no son señalados como máximos responsables, pero requieren una decisión que determine si acceden a un beneficio, continúan en un proceso judicial o reciben otro tipo de resolución dentro del modelo de justicia transicional.

El magistrado explicó que la jurisdicción tiene un período de diez años para adelantar las investigaciones y acusaciones, plazo que vence el 14 de marzo de 2028. Después dispone de cinco años adicionales para los juicios y la imposición de sanciones.

“Y restan cinco años que no se pueden quitar, porque si lo hacen, sí queda realmente en riesgo el juzgamiento, no solo de los oficiales de alto rango que no admitieron responsabilidad, sino de los que sí admitieron, a quienes se les hace un juicio dialógico”, dijo Rojas a la revista.

Rojas indicó que hay al menos 29 comparecientes militares de alto rango que no han reconocido responsabilidad y cuyos casos pueden avanzar hacia procedimientos adversariales. Entre ellos figuran generales y otros oficiales que fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, el órgano encargado de evaluar si hay elementos para formular una acusación.

Uno de los procesos más avanzados es el del coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa. La JEP lo condenó en primera instancia a 20 años de prisión por crímenes relacionados con ejecuciones extrajudiciales. La decisión fue apelada y el expediente está en segunda instancia.

El presidente del tribunal también mencionó que el caso del general retirado Mario Montoya y el de otros mandos militares se encuentran en etapa de análisis dentro de la Unidad de Investigación y Acusación. Si esa dependencia presenta cargos, los comparecientes entrarían a un juicio adversarial que puede derivar en penas de hasta 20 años de prisión.

Frente a las versiones según las cuales la propuesta de reducir el plazo de la JEP buscaría impedir esos juzgamientos, Rojas evitó atribuir intenciones concretas. Sin embargo, insistió en que eliminar los cinco años destinados a los juicios sí afectaría la capacidad de resolver esos expedientes.

La JEP defiende las sanciones pactadas en el Acuerdo de Paz

El magistrado respondió también a las críticas sobre la naturaleza de las sanciones aplicadas a exintegrantes de las Farc que reconocen responsabilidad. Aclaró que la JEP no diseñó las penas, sino que ejecuta el modelo aprobado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Las sanciones propias, que se imponen a quienes aportan verdad plena, reconocen responsabilidad y cumplen compromisos de reparación, no contemplan prisión ordinaria. Incluyen restricciones efectivas de derechos y libertades, además de trabajos restaurativos acordados con las víctimas.

Rojas planteó que ese diseño fue resultado de la negociación que permitió el desarme de la guerrilla. Señaló que, antes del Acuerdo, aunque el ordenamiento jurídico contemplaba penas altas para crímenes graves, los principales integrantes del antiguo Secretariado de las Farc no cumplían condenas.

Para el presidente de la JEP, el eje del sistema es obtener información sobre los hechos, responder a las preguntas de las víctimas y evitar que las violencias se repitan. Esa lógica, aseguró, busca una reparación que la justicia ordinaria no siempre puede ofrecer.

Las declaraciones sobre los militares se producen en medio de una discusión sobre el futuro financiero e institucional de la JEP. Rojas afirmó que el recorte de $170.000 millones obligará a reducir gastos de funcionamiento, contratos de prestación de servicios, seguridad y espacio físico.

La jurisdicción dejaría una sede de 15.000 metros cuadrados para trasladarse a otra de 4.200 metros cuadrados. La medida llevaría a un modelo de trabajo rotativo y con mayor uso de herramientas virtuales para una planta de cerca de 1.400 funcionarios.

Rojas calculó que el cambio de sede permitiría ahorrar alrededor de $26.000 millones al año. La reducción de esquemas de protección y otros gastos de seguridad representaría cerca de $35.000 millones, mientras que la disminución de la contratación podría alcanzar $83.000 millones.

El presidente de la JEP advirtió que uno de los impactos recaerá sobre la defensa técnica de comparecientes y víctimas. La entidad cuenta con una planta de 20 personas para atender a cerca de 18.000 usuarios que requieren representación jurídica, una labor que hasta ahora se ha reforzado con contratación externa.

También anticipó recortes en el acompañamiento psicosocial de las víctimas, un componente que Rojas considera determinante para preparar los encuentros restaurativos entre personas afectadas por el conflicto y quienes reconocen responsabilidad.

El tribunal prevé completar imputaciones de los 11 macrocasos

La JEP tramita los hechos más graves y representativos del conflicto en 11 macrocasos, que reúnen expedientes de la justicia ordinaria, informes de víctimas y organizaciones sociales, así como unas 150 bases de datos.

Rojas indicó que la Sala de Reconocimiento espera completar las imputaciones de esos macrocasos antes de terminar el año. Después, los comparecientes que reconozcan responsabilidad continuarán por la ruta restaurativa, mientras que los demás podrán ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.

El magistrado reconoció que, en retrospectiva, la JEP pudo haber iniciado su trabajo con un número más reducido de macrocasos. Consideró que concentrar las investigaciones en cuatro grandes grupos —Farc, fuerza pública, agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles— habría permitido mayor rapidez y menos duplicidad de actuaciones.

Rojas sostuvo que la jurisdicción busca cumplir su mandato dentro del plazo constitucional y afirmó que no solicitará una prórroga. Su llamado fue a que el Estado mantenga las condiciones institucionales y presupuestales necesarias para cerrar los procesos pendientes, incluidos los que involucran a militares.