Juan David Quintero reveló documentos que probarían que proyecto para renovar el Campín “fue entregado a Sencia sin demostrar que tenía el dinero”

El concejal de Bogotá Juan David Quintero divulgó en sus redes sociales fragmentos de documentos con los que cuestionó la evaluación financiera de la Asociación Público Privada (APP) para la renovación del Complejo Cultural y Deportivo El Campín.

Según su denuncia, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) dio viabilidad al proyecto pese a que el originador, APP CDEC S.A.S., no habría presentado los indicadores de solvencia exigidos en los documentos técnicos de la entidad.

Quintero sostuvo que el proyecto, cuyo valor señaló en $2,4 billones, fue entregado a la empresa vinculada a Sencia “sin que se demostrara la capacidad financiera necesaria para ejecutar las obras”. El cabildante también pidió explicaciones sobre la experiencia constructiva acreditada por la firma durante la etapa de factibilidad.

“Tenemos documentos que presuntamente demostrarían cómo el proyecto del nuevo Campín fue entregado a Sencia sin demostrar que tenía el dinero, ni la solvencia financiera para construir un nuevo estadio de 2 billones de pesos”, escribió Quintero en su cuenta de X.

El Idrd habría aceptado una carta de intención de crédito por USD 170 millones

Uno de los documentos difundidos corresponde a una respuesta del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, fechada el 28 de agosto de 2023 y dirigida a Rafael Tomás Osorio García, representante legal de APP CDEC S.A.S.

En la página 19 de esa comunicación, el Idrd indicó que el originador acreditó su requisito financiero mediante una carta de intención de crédito de CAXXOR Group por 170 millones de dólares.

El documento señala que el modelo financiero contemplaba un CAPEX de $464.705 millones y que el proponente debía demostrar una capacidad de financiación de al menos $232.352 millones, equivalente al 50% de la deuda prevista para esa etapa.

“El Originador debía acreditar $232.352 millones y presentó soportes [por] un mayor valor”, sostuvo el Idrd en uno de los fragmentos. La entidad añadió que la legislación aplicable permitía acreditar la capacidad financiera o la capacidad de financiación del proyecto.

La respuesta también señaló que el originador ajustó al 2,75% la cobertura de las garantías de cumplimiento en la etapa preoperativa. Además, incluyó una cláusula para sustituir la garantía si resultaba imposible contratar un seguro de cumplimiento.

El validador advirtió que no encontró los soportes exigidos

Los otros fragmentos publicados por Quintero contienen observaciones sobre la evaluación realizada durante la etapa de factibilidad. Allí se afirma que el validador no identificó documentos que demostraran la capacidad financiera de APP CDEC S.A.S. de acuerdo con los requisitos definidos por el Idrd en noviembre de 2020.

El Anexo 1, denominado “Apéndice Técnico, Legal y Financiero”, exigía tres indicadores. El primero establecía que el patrimonio neto no podía ser inferior al 50% del capital propio que se aportaría al proyecto. El segundo ordenaba un índice de liquidez igual o superior a 1,0. El tercero fijaba un índice de endeudamiento igual o inferior al 80%.

Según el documento, el validador dejó constancia de que no recibió los soportes previstos en el numeral 4.4 del anexo. Ese apartado reunía las condiciones para probar la capacidad financiera del originador.

La evaluación también recoge una reunión entre el Idrd, el originador y el validador. En ese encuentro, según el texto divulgado, APP CDEC S.A.S. afirmó que podía escoger entre demostrar experiencia financiera o capacidad financiera, de acuerdo con lo conversado con la entidad distrital.

No obstante, el documento cuestionó esa interpretación. “No se establece esta facultad del Originador de determinar si acredita experiencia financiera o capacidad financiera”, indica el fragmento sobre las exigencias fijadas por el Idrd.

El concejal afirmó que las diferencias entre las observaciones del validador y la respuesta posterior del Idrd requieren una explicación pública. También planteó interrogantes sobre la experiencia de Sencia en construcción y sobre el papel de la empresa especializada que participa en el desarrollo de la iniciativa.

Quintero anunció que publicó información adicional sobre el caso en su sitio web. Hasta ahora, los documentos compartidos exponen la posición del concejal, las observaciones del validador y la respuesta del IDRD de agosto de 2023.