La muerte de seis personas y las heridas de otras 11 tras el volcamiento de un bus que cubría la ruta entre Florencia y Bogotá, en Huila, durante la jornada del sábado 14 de noviembre de 2026, o el bus que se volcó y dejó un saldo de 16 heridos, menores de edad, en Norte de Santander, volvieron a poner la seguridad vial en el centro de la discusión.
En especial, para los afectados, muchas veces lo que sigue a un accidente es una recuperación física o psicológica. No obstante, hay otras variables que se deben considerar, especialmente en materia de derechos y responsabilidades.
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Más allá de las causas que determinen las autoridades en cada caso, los siniestros reabrieron preguntas sobre las responsabilidades de conductores, empresas de transporte, entidades encargadas de las vías y los derechos de las víctimas.
Para el abogado Juan Pablo Velandia, especialista en derecho administrativo con más de 16 años de experiencia en casos de accidentes de tránsito, el principal problema luego de un siniestro en Colombia no se limita al desconocimiento de las señales o normas de conducción, o a un incidente.
Según lo que dijo el jurista a Infobae Colombia, también existe falta de información sobre las rutas legales y los amparos disponibles después de una emergencia.
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“Hay personas que llevan años conduciendo, pero no saben qué hacer cuando resultan involucradas en un siniestro vial, a qué entidades acudir, qué documentos deben conservar o qué derechos pueden reclamar”, afirmó en diálogo con Infobae Colombia.
Qué hay que hacer luego de un accidente
En primer lugar, Velandia advirtió que una víctima sobreviviente puede aceptar acuerdos económicos antes de conocer el alcance de sus lesiones. Según explicó, algunas personas firman documentos de paz y salvo o conciliaciones mientras están en recuperación, sin prever que las secuelas puedan afectar su capacidad laboral meses después.
“En ese momento puede encontrarse con que firmó un documento que le impide reclamar estos daños que se originaron del accidente”, señaló.
El abogado recordó que una reclamación no se limita a los gastos médicos ni a los días de incapacidad. Dependiendo de los hechos y de las pruebas, un proceso puede incluir conceptos como daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y afectaciones a la vida de relación.
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Por este motivo, el experto destacó la importancia de conservar historias clínicas, registros de atención médica, fotografías, testimonios, grabaciones y documentos relacionados con el accidente. Esos elementos pueden incidir en la determinación de las responsabilidades y en la valoración de los perjuicios.
El Soat cubre la atención, pero no agota las posibles reclamaciones
El especialista en siniestros viales también detalló que muchas víctimas creen que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es la única alternativa de protección después de un siniestro. Sin embargo, sostuvo que pueden existir otras vías de reclamación, de acuerdo con las circunstancias.
“Se desconoce que, dependiendo de las circunstancias, puede existir una responsabilidad civil a cargo del conductor, del propietario del vehículo, de una empresa transportadora e incluso de una aseguradora que tenga contratada una póliza de responsabilidad civil”, indicó.
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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) contempla trámites de indemnización por muerte, gastos funerarios o incapacidad permanente cuando el accidente involucra vehículos no identificados o sin póliza Soat vigente.
Para estos casos, la entidad exige soportes como la historia clínica o epicrisis y, en hechos con incapacidad permanente, un dictamen de pérdida de capacidad laboral en firme.
Peatones y ciclistas también tienen derecho a atención y reparación
Velandia destacó que peatones y ciclistas son actores especialmente expuestos en las vías y, en caso de resultar lesionados, tienen derecho a recibir atención médica mediante el SOAT del vehículo involucrado.
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El abogado indicó que las víctimas pueden aspirar a una indemnización por incapacidad permanente si el accidente dejó una pérdida de capacidad laboral, cuya valoración debe realizar la autoridad competente. En su explicación detalló que la Adres establece este amparo para hechos que involucren vehículos sin Soat no identificados, bajo los requisitos previstos por la normativa.
El experto añadió que “la responsabilidad penal y la responsabilidad civil tienen finalidades distintas, y es un error pensar que, si no hay condena penal, tampoco existe posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios”, afirmó.
Las fallas en las vías también pueden comprometer al Estado
Los accidentes asociados con huecos, falta de señalización, problemas de iluminación o deterioro de la infraestructura pueden abrir otra discusión jurídica. Velandia señaló que en esos escenarios podría existir responsabilidad de la entidad pública encargada de construir, mantener o señalizar la vía, siempre que se prueben los elementos exigidos para ello.
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“El Estado tiene una responsabilidad importante”, aseguró. No obstante, planteó que la prevención también recae en los ciudadanos y en las empresas de transporte. El consumo de alcohol, el exceso de velocidad, el cansancio al volante y el incumplimiento de las normas son factores que, según dijo, no pueden quedar por fuera de la discusión.
Para Velandia, la respuesta requiere educación vial, controles institucionales y mejores investigaciones. “El informe policial, las fotografías, los testimonios, los videos de cámaras de seguridad y los demás elementos probatorios pueden ser determinantes para establecer cómo ocurrió un siniestro y quién debe responder”, concluyó.
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