Ministra de Educación denunció irregularidades en el PAE durante el Gobierno Petro: contratistas ausentes, sobrecostos y presunto proselitismo político

El Ministerio de Educación Nacional informó sobre una serie de irregularidades identificadas durante la revisión administrativa realizada a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), correspondiente al periodo 2022-2026; es decir, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Los resultados de la auditoría interna evidenciaron problemas en la asignación de recursos, la contratación, el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y el seguimiento a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo con la cartera, los hallazgos fueron puestos en conocimiento de los organismos de control para que adelanten las actuaciones correspondientes. La revisión identificó seis situaciones que comprometerían los procedimientos administrativos y operativos de la entidad, entre ellas la distribución de recursos sin criterios técnicos verificables, sobrecostos en algunas entidades territoriales y posibles actividades de proselitismo político por parte de contratistas.

La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, se pronunció sobre los resultados de la revisión y señaló que los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes deben contar con mecanismos de asignación y vigilancia que permitan garantizar su utilización. “Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles”, afirmó la funcionaria.

Los seis hallazgos identificados en la Unidad de Alimentación Escolar

Uno de los principales problemas detectados está relacionado con la distribución de los recursos destinados al PAE. Según el ministerio, durante las mesas de trabajo adelantadas con la Contraloría General de la República se evidenció que la administración anterior realizó asignaciones presupuestales sin contar con una metodología técnica que justificara los criterios utilizados.

Esta situación habría comprometido la trazabilidad de los recursos públicos y los mecanismos para verificar las razones por las cuales se entregaron determinadas partidas a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

A este hallazgo se sumó la identificación de sobrecostos estimados en varias Entidades Territoriales Certificadas, cuyos gastos deberán ser objeto de seguimiento. La cartera educativa señaló que estas diferencias pueden afectar la eficiencia en la utilización del presupuesto y limitar los recursos disponibles para garantizar la atención de los estudiantes beneficiarios del programa.

Otro de los puntos señalados corresponde al funcionamiento del Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (Sipae), una herramienta tecnológica contratada con Colombia Digital para apoyar la administración del programa.

Según el balance del ministerio, el sistema fue recibido sin estar en funcionamiento. Además, después de la firma del contrato se establecieron cinco criterios de asignación que resultaban incompatibles con las condiciones inicialmente contratadas. Como consecuencia, la UApA quedó sin una herramienta tecnológica funcional para desarrollar las tareas de administración y seguimiento que requería el programa.

La auditoría también identificó un incremento en la contratación por prestación de servicios durante 2026. De acuerdo con la información divulgada por la cartera, esta modalidad contractual aumentó más del 100% frente a vigencias anteriores. Al revisar los documentos relacionados con la supervisión de los contratos, se encontraron casos de personas que, pese a estar vinculadas, nunca se presentaron en las instalaciones de la entidad y se identificaron situaciones en las que no había soportes que acreditaran el desarrollo de actividades relevantes por parte de los contratistas.

Otro de los hallazgos corresponde a presuntas actividades de proselitismo político realizadas por contratistas del equipo territorial en diferentes regiones del país. El ministerio también reportó deficiencias en la supervisión de la entrega efectiva de los alimentos en las instituciones educativas, lo que dificultaría verificar que las raciones lleguen a los estudiantes beneficiarios.

Finalmente, la revisión encontró problemas en el seguimiento de las alertas ciudadanas relacionadas con la operación del PAE. Según la cartera educativa, las quejas recibidas evidenciaron la necesidad de fortalecer los canales de recepción directa en la UApA, mejorar la trazabilidad de cada caso y garantizar una mayor articulación con los organismos de control.

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación

Frente a las situaciones identificadas, la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda explicó que la entidad puso en marcha una serie de acciones administrativas para revisar los procedimientos, corregir las deficiencias y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los recursos destinados al programa.

Una de las primeras medidas fue la revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales realizadas a las Entidades Territoriales Certificadas. De manera paralela, el ministerio adelanta mesas de trabajo con los organismos de control para construir una metodología que permita establecer criterios transparentes de distribución presupuestal.

La propuesta contempla relacionar los recursos asignados con el número de beneficiarios verificables, las necesidades de cada territorio, el comportamiento de las entidades territoriales y los costos debidamente sustentados.

En cuanto al Sipae, la cartera educativa inició una revisión gerencial para recuperar su funcionamiento. El proceso contempla la definición de entregables, responsables y pruebas que permitan comprobar que la herramienta responda a las necesidades operativas de la UApA y que sus cálculos sean verificables.

En materia contractual, el ministerio anunció el inicio de un proceso de depuración de la planta de contratistas y la estructuración del equipo de trabajo para 2027, bajo criterios relacionados con el cumplimiento de resultados y las necesidades de la entidad.

También informó sobre la implementación de medidas de austeridad que permitieron reducir en un 9% mensual los costos del espacio de operación de la UApA. Según el balance presentado, esta disminución representa un ahorro cercano a los 1.200 millones de pesos.

Entre las decisiones adoptadas por la entidad también se encuentra la suspensión de los contratos de las personas identificadas en las actividades de proselitismo político. El ministerio informó que, además de esta medida, estableció controles sobre las reuniones que se realizan con las comunidades en los territorios.

“Pese a las fallas heredadas, en este gobierno asumimos el compromiso de poner el Ministerio de Educación en orden, actuar con transparencia y proteger los recursos públicos. La alimentación, el derecho a la educación y el futuro de nuestros niños no se negocian”, concluyó Ilva Myriam Hoyos Castañeda. Las denuncias relacionadas con estas actividades fueron trasladadas a los organismos de control para que sean evaluadas por las autoridades competentes.