A inicios de noviembre de 2026 se conoció que el Juzgado 48 penal municipal de Garantías de Bogotá ordenó a la Fiscalía desarchivar un expediente por presunta estafa contra la empresaria Esther Inés Porto Tobías, al considerar que el archivo no tenía fundamento legal.
El expediente señala un supuesto fraude por USD 400.000, que aduce Adriana Angulo Santana.
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La decisión se emitió el 15 de octubre de 2026, establece que el archivo solo podía solicitarse durante la etapa inicial de indagación.
Según el juzgado, el caso ya había avanzado por la indagación, la imputación y la presentación del escrito de acusación, por lo que cualquier terminación debía tramitarse mediante una solicitud de preclusión ante el juez competente, destacó un informe del diario El Tiempo.
La investigación comenzó en 2020, cuando Angulo Santana denunció a Porto ante la Fiscalía 160 seccional, a cargo de la fiscal Beatriz Sierra Cruz.
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La contratista esperaba que le informaran la fecha de la audiencia preparatoria de juicio, pero el expediente había sido archivado pese a que ya existía un escrito de acusación.
El juzgado sostuvo que “cualquier pretensión de terminación de la actuación por ausencia de mérito para acusar deberá someterse al conocimiento del juez competente mediante la correspondiente solicitud de preclusión”.
El equipo jurídico que defiende a la empresaria y escritora colombiana afirmó que el asunto corresponde a una disputa “eminentemente comercial, surgida de una inversión legítima en un negocio desarrollado con la intervención de reputados abogados estadounidenses y cuyos términos fueron avalados por los inversionistas”.
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Sobre los USD 400.000 mencionados en la denuncia, los juristas le detallaron a Infobae Colombia que corresponden “a la suma que Angulo Santana invirtió en el negocio, desarrollado después de que Porto obtuviera un contrato para distribuir en Estados Unidos prendas de marcas del grupo Inditex”.
“Tenemos plena confianza en la administración de justicia, ante la cual demostraremos, sin asomo de duda, que los hechos objeto de denuncia no corresponden a delito alguno y que la justicia penal está siendo utilizada como mecanismo de cobro de recursos legítimamente invertidos en un negocio y con pleno conocimiento de sus características y naturaleza”, mencionó el equipo de abogados a este medio.
Los juristas sustentaron que, según el juzgado, “una vez corrido el traslado del escrito de acusación en 2020, la Fiscalía debía solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento para dar por terminado el proceso”.
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Asimismo, la defensa de Porto Tobías destacó que la Fiscalía “había fundamentado su decisión de archivo en la atipicidad de la conducta denunciada”, lo que, a juicio del equipo jurídico, “respalda su posición de que los hechos corresponden a una disputa comercial”.
El juzgado sostuvo que “cualquier pretensión de terminación de la actuación por ausencia de mérito para acusar deberá someterse al conocimiento del juez competente mediante la correspondiente solicitud de preclusión”.
Porto afirmó que no ha sido notificada del proceso
La defensa señaló que Porto no fue citada a la audiencia en la que se estudió la solicitud de desarchivo y que se le asignó un defensor público sin que se hiciera un esfuerzo real por contactarla.
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Los abogados subrayaron que su cliente tenía derecho a asistir a la audiencia, estar acompañada por sus abogados de confianza y ejercer su defensa.
Adicional a lo anterior, los representantes añadieron que, a la fecha, la decisión judicial no le ha sido notificada y que se enteró de ella por un medio de comunicación.
Desde Estados Unidos, Porto habló con Infobae Colombia y rechazó que se le atribuyera la venta en agosto de un inmueble en Indian Creek por USD 4 millones.
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“Absolutamente falso. Jamás he participado en compra o venta directa o indirecta de un inmueble en Indian Creek por 4 millones de dólares. Es una ignominia asegurar lo contrario”, declaró la empresaria.
Sobre la denuncia de Angulo Santana, Porto comentó que el asunto “es estrictamente comercial, civil, razón por la cual yo intenté solucionarlo desde esa perspectiva, pero eso no supone que yo acepte que se trata de un delito, porque no lo es. Jamás he cometido un delito en mi vida”.
“Se trata de una inversión legítimamente constituida entre varios inversores, cobijada por las regulaciones comerciales de la Florida y ejecutada formalmente por dos bufetes de abogados de Miami”, agregó la empresaria al referirse al negocio de redistribución mayorista de prendas de marcas del grupo Inditex, y aclaró: “Inversión para la que valga decir yo en calidad de empresaria invertí directamente mucho más capital que la señora Angulo antes y después de su inversión”.
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La también filántropa y periodista espera que el proceso se resuelva pronto para, como concluyó en su declaración, esperar “continuar mis labores filantrópicas con las causas sociales a las que he dedicado mi vida, sin jamás, ante la adversidad, haber desistido de mi misión de Servicio”.
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