La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la organización El Veinte pidieron a la Presidencia de Colombia que aclare si ordenó suspender la pauta oficial a medios de comunicación por el contenido de sus publicaciones.
El reclamo surgió tras mensajes atribuidos a Carlos Suárez Rojas, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella.
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En un pronunciamiento divulgado el 12 de noviembre, las organizaciones señalaron que Suárez vinculó en la red social X las encuestas difundidas por medios con una supuesta instrucción presidencial de retirarles publicidad estatal.
“Los de SIEMPRE volvieron al pasado: falsas encuestas replicadas por los medios a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta. Mientras tanto, el mundo digital, dice otra cosa. En la campaña ya vimos quién decía la verdad”, señaló la publicación vía X que realizó el funcionario del Gobierno De la Espriella.
Según la FLIP y El Veinte, esa referencia relaciona la distribución de recursos públicos con el tratamiento informativo sobre el Gobierno.
La FLIP pidió conocer los criterios para asignar publicidad estatal
La organización sostuvo que la publicidad oficial debe destinarse a informar a la ciudadanía y que su asignación no puede depender de la posición editorial de un medio ni de las noticias que publica.
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“La decisión queda atada a lo que los medios publican”, destacaron en su comunicado la Fundación y la organización al cuestionar las declaraciones de Suárez.
Para las entidades, retirar pauta a medios por la difusión de encuestas puede constituir una forma de censura indirecta.
El comunicado recordó que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideran que la distribución discriminatoria de publicidad oficial puede funcionar como un mecanismo de presión sobre la prensa.
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Además, se indicó que en Colombia la Ley 1474 de 2011 exige criterios de efectividad, transparencia y objetividad en ese tipo de contratos.
Las organizaciones advirtieron que la falta de reglas específicas sobre publicidad oficial deja un margen de discrecionalidad en la contratación.
Según plantearon en el comunicado, esa situación afecta con mayor intensidad a medios regionales, comunitarios e independientes que dependen de esos ingresos para sostener sus redacciones.
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Entidades también se refirieron a una denuncia contra Cifras y Conceptos
El pronunciamiento también se refirió a una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por Germán Calderón España, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y antiguo jefe jurídico de la campaña de De La Espriella.
De acuerdo con la Flip y El Veinte, Calderón solicitó un procedimiento sancionatorio contra la firma Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero, luego de que divulgaron resultados de una medición sobre los primeros 100 días de Gobierno. Esa encuesta ubicó la popularidad del presidente por debajo del 50%.
Las entidades aclararon que existe una normativa sobre encuestas y que cualquier ciudadano puede presentar denuncias.
No obstante, consideraron que una acción contra una encuestadora por divulgar resultados sobre la gestión presidencial puede tener un efecto intimidatorio.
“Las encuestadoras aprenden que medir la opinión sobre el poder tiene un riesgo legal”, señalaron en la réplica. A su juicio, ambas organizaciones consideran que el efecto se amplía si los medios enfrentan eventuales consecuencias económicas por publicar esas mediciones.
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Flip y El Veinte solicitaron intervención de los organismos de control
La FLIP y El Veinte exigieron a la Presidencia precisar si existió una orden para retirar pauta oficial y, de ser así, detallar los criterios utilizados.
Sumado a todo lo anterior, también pidieron al Gobierno nacional publicar el listado de medios que reciben publicidad estatal y establecer parámetros públicos, objetivos y sujetos a veeduría.
Otro de las solicitudes es para la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que vigilen los procesos de asignación de pauta oficial.
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El documento pidió a Suárez que suspenda las expresiones que las organizaciones calificaron como intimidatorias contra medios de comunicación.
No obstante, se vinculó estos hechos con alertas anteriores sobre restricciones al acceso de periodistas a entrevistas y ruedas de prensa.
Para la FLIP y El Veinte, la asignación de pauta, el acceso a información y las acciones contra encuestadoras no deben convertirse en mecanismos de presión sobre la libertad de prensa.
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