La venta de apartamentos, fincas, aviones, centros comerciales e incluso vehículos de alta gama figura entre las alternativas con las que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, pretende obtener recursos para anticipar pagos de la deuda pública. La iniciativa forma parte de la Ley de Rescate Económico y contempla la comercialización de una parte de los bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó la propuesta durante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), realizada el 11 de noviembre de 2026. Según expuso, la SAE cuenta con cerca de 68.000 activos registrados, aunque no todos están incluidos en un proceso de venta ni existe aún un cronograma de comercialización.
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“Queremos vender activos de la Nación. Ustedes no se imaginan. La SAE tiene los peores inventarios del planeta. Tienen 68.000 activos registrados. ¿Qué hay ahí? De todo”, afirmó Gómez Martínez al referirse al volumen y la variedad de bienes administrados por la entidad.
Los recursos de las ventas se destinarían al prepago de deuda
El jefe de la cartera de Hacienda comparó la medida con la decisión de una familia de desprenderse de bienes para afrontar sus compromisos financieros. En ese sentido, indicó que los ingresos que se obtengan por las ventas tendrían como destino el pago anticipado de obligaciones públicas.
“Como le pasa a una familia cuando tiene problemas de plata, hay que vender eso y pagar la deuda. Todo lo que podamos conseguir, como esto es un ingreso de una nueva oportunidad, lo vamos a destinar a prepagar deuda”, señaló durante su intervención en la asamblea de la Anif.
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La propuesta busca aprovechar bienes que hoy permanecen bajo la administración de la SAE. El ministro cuestionó que parte de ese inventario no genere un rendimiento para las finanzas del Estado, aunque no precisó cuánto dinero espera recaudar el Gobierno ni qué activos serán priorizados.
Gómez Martínez mencionó entre los bienes administrados por la SAE apartamentos, fincas, aeronaves, centros comerciales, teatros de cine, ganado y vehículos. También se refirió de forma expresa a automóviles Ferrari.
“Aviones, centros comerciales, teatros de cine, fincas, apartamentos, de todo, lo que usted quiera. Ferraris, de todo”, expresó el ministro de Hacienda.
El ‘tijerazo’ al Estado que propone el Ministerio de Hacienda
La propuesta de ley de rescate plantea un recorte de $8 billones en gastos de funcionamiento mediante la reducción de transferencias que, según el ministro Gómez Martínez, “hoy nadie controla”. También prevé disminuir en 20% los gastos de personal, con un ahorro estimado en $11 billones.
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El ajuste incluye un recorte de $4 billones dirigido a eliminar lo que el funcionario definió como “burocracia inútil”. A la vez, los contratos por prestación de servicios se reducirían 50%.
La estrategia contempla la venta de activos improductivos por más de $4 billones para obtener liquidez inmediata. Entre 2027 y 2030, las compras estatales de bienes y servicios no podrán aumentar por encima de la inflación, una regla que alcanzará a ministerios y departamentos administrativos.
Los gastos operativos y los beneficios para altos funcionarios también quedarían bajo revisión. El titular de la cartera incluyó entre los rubros que se reducirán las horas extras, los viáticos, los viajes al exterior, los teléfonos celulares, los vehículos oficiales, los esquemas de seguridad, las condecoraciones y los festejos.
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La restricción se extendería a la publicidad oficial. “Se acabó el derroche en publicidad oficial. Nada de pauta institucional ni utilizar los recursos públicos para hacer promoción personal”, afirmó Gómez Martínez.
Facultades para reorganizar el Poder Ejecutivo
A la par, el articulado solicita facultades extraordinarias para que el presidente de la República pueda fusionar o suprimir entidades públicas consideradas innecesarias. El objetivo es modificar el organigrama del Poder Ejecutivo, reducir la estructura burocrática y limitar los privilegios asociados al gasto estatal.
El Gobierno plantea reducir a la mitad los desembolsos destinados a burocracia y contratos que considera innecesarios, bajar impuestos a las empresas para impulsar la generación de empleo y reorganizar los tributos que pagan las personas para acelerar el recaudo.
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