La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP por violencia sexual, esclavitud sexual, agresiones basadas en género y persecución contra civiles durante el conflicto armado.
La decisión identificó responsabilidades por mando y autoría directa, y abre un proceso que puede derivar en sanciones restaurativas sin cárcel o en penas de hasta 20 años de prisión.
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La imputación del Subcaso 01 del Caso 11 se sustentó en los relatos de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, y las versiones de 54 comparecientes de la antigua guerrilla. La investigación fue dirigida por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, dentro de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Del total de víctimas, 573 son mujeres, entre ellas 18 mujeres trans; 81 son hombres, incluidos seis hombres trans. Además, 272 personas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.
La JEP atribuyó a los comparecientes crímenes de guerra de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado de civiles. También les imputó crímenes de lesa humanidad de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso de población.
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Por la gravedad de estas conductas, los delitos no pueden recibir perdón judicial. Ninguno de los 11 imputados había estado encarcelado anteriormente por estos crímenes.
La Sala concluyó que las agresiones no fueron hechos aislados, sino que respondieron a dos patrones criminales: la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres civiles por el hecho de ser mujeres, y la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
La investigación estableció que las Farc-EP tenían disposiciones internas que prohibían las agresiones sexuales contra civiles. Sin embargo, esas normas no evitaron los crímenes ni crearon mecanismos suficientes para prevenirlos, investigarlos o sancionarlos.
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Los integrantes de la guerrilla aprovecharon el poder otorgado por las armas y la vulnerabilidad de las víctimas para cometer ataques en viviendas, fincas, caminos, ríos y otros espacios cotidianos. En numerosos casos, las personas estaban solas, no podían resistirse ni acudir a las autoridades.
Entre los hechos analizados figura el de una mujer atacada en febrero de 2002 en la vereda Maracaibo, en Vista Hermosa, Meta. Dos integrantes del Frente 27 llegaron a su casa a pedir agua; uno de ellos la llevó al patio, la golpeó, la violó y la amenazó con asesinarla a ella y a su hija si denunciaba.
También se documentó el caso de una niña de 12 años interceptada en 1994 por integrantes del Frente 53 en El Calvario, Meta. Tras violarla y causarle graves lesiones físicas, un comandante guerrillero amenazó de muerte a su madre cuando intentó denunciar el crimen.
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Otra niña de 12 años fue llevada desde El Tambo, Cauca, hasta Puerto Asís, Putumayo, para realizar labores domésticas. Un comandante de unos 45 años abusó de ella y luego la trasladó a un campamento guerrillero en Argelia, Cauca, donde permaneció cuatro años sometida a violencia sexual, física y reproductiva, incluida la obligación de abortar y de planificar.
La menor fue forzada además a cocinar y lavar la ropa de la tropa, sin contacto con su familia, hasta que consiguió escapar. Su padre, que intentó rescatarla, fue torturado y asesinado.
La Sala identificó igualmente casos en los que la violencia sexual fue usada como castigo contra civiles señalados de colaborar con grupos enemigos, desobedecer órdenes, rechazar el reclutamiento forzado o negarse a pagar extorsiones. Esas agresiones buscaban reforzar el control social y territorial de la organización armada.
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En agosto de 2006, una comerciante de Santa Isabel, Tolima, fue violada en grupo por integrantes del Frente 21 mientras revisaba ganado en una finca. Los agresores le dijeron que el ataque obedecía a que era “auxiliadora del Ejército”; después de la violación, quedó embarazada.
Persecución por orientación sexual e identidad de género
El segundo patrón se dirigió contra personas que no encajaban en las “normas de convivencia” impuestas por la guerrilla sobre cómo debía ser un hombre o una mujer. Las agresiones incluyeron amenazas, violencia sexual, desplazamientos y asesinatos, con efectos que alcanzaban a comunidades enteras.
Una mujer trans del sur del Tolima fue atacada de manera continuada entre 1998 y 2009 por integrantes del Frente 21, debido a su expresión de género y a la visibilidad de su peluquería. En 1998 dispararon contra su vivienda, y en septiembre de 2002 un miliciano asesinó a su compañero en Chaparral.
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En diciembre de 2006, tres hombres armados llegaron a su peluquería para preguntar por su hijo de crianza, que había sido reclutado y luego escapó. Ante su respuesta, la agredieron física y sexualmente; las amenazas posteriores la obligaron a desplazarse nuevamente con su familia.
En Saravena, Arauca, integrantes del Frente 10 enviaron en 2007 mensajes de texto a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas para que abandonaran el departamento. Un hombre trans relató ante la Jurisdicción: “Éramos cuatro a quienes nos dieron 24 horas para que nos desapareciéramos del departamento por ser lesbianas”.
La JEP advirtió que las dificultades para denunciar, el temor a las represalias, la discriminación y la persistencia de prejuicios impiden que los hechos registrados sean una medida definitiva de la magnitud de estas violencias. Los casos documentados son representativos de lo ocurrido.
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La falta de respuesta judicial previa también quedó reflejada en las cifras de la justicia ordinaria: de 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc-EP, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % no superó las etapas iniciales de investigación.
Los imputados pertenecieron a los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, además del Comando Conjunto Central. Son Fabián Ramírez Cabrera, conocido como Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano, Martín Corena; Élmer Caviedes, Albeiro Córdoba; Bertulfo Caicedo Garzón, Alberto Pitufo; Jaime Vásquez Calderón, Arquímedes; Luis Óscar Úsuga Restrepo, Isaías Trujillo; Ovidio Antonio Mesa Ospina, Anderson o Carranza; Luis Eduardo Rayo, Marlon; Gustavo Bocanegra Ortegón, Donald; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, Javier Guzmán o Chugo; y Reinel Natalio García Mojica, Ricardo el Pija.
Para la Sala, algunos de ellos no previnieron, investigaron ni castigaron los crímenes cometidos por sus subordinados, mientras que otros habrían intervenido como autores directos. La mayoría de los autores materiales, según la decisión, murió durante la guerra.
Los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para informar por escrito si reconocen o niegan los hechos y responsabilidades atribuidos. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público disponen de 85 días hábiles para presentar observaciones.
Si los imputados reconocen responsabilidad y aportan verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad preparada con las víctimas. Luego podrá emitir una resolución con candidatos a sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad y otros derechos, pero no prisión.
Si rechazan la imputación, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían avanzar hacia un juicio similar al de la justicia ordinaria.
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