Empresas de juegos de azar proponen cambios a la Ley de Rescate: quieren pagar más impuestos, pero ponen una condición

La discusión sobre los nuevos impuestos a los juegos de suerte y azar abrió un nuevo frente entre el sector empresarial y el Gobierno nacional. Aunque las compañías manifiestan su disposición a contribuir a las finanzas públicas, consideran que cualquier ajuste debe tener en cuenta las diferencias entre las apuestas por internet y los establecimientos físicos.

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) prepara una propuesta tributaria que llevará al Ejecutivo y al Congreso para plantear alternativas frente a las disposiciones del proyecto de Ley de Rescate Económico. El objetivo es que las obligaciones fiscales respondan a las condiciones reales de operación de cada modalidad.

El gremio considera que establecer una carga tributaria sin reconocer los costos específicos de las empresas podría afectar la continuidad de los operadores legales. Por eso busca que la discusión incluya criterios técnicos que permitan aumentar el recaudo sin poner en riesgo la actividad económica, la inversión y los empleos que genera esta industria.

Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, explicó que el sector reconoce la necesidad de aportar a la estabilidad fiscal del país, pero espera que sus planteamientos sean tenidos en cuenta durante el trámite de la iniciativa.

“Entendemos la necesidad de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y mantenemos nuestra disposición a aportar. También entendemos que un proyecto de ley es una iniciativa para discutir y construir. Por eso esperamos que el Gobierno y el Congreso escuchen los argumentos del sector y permitan una conversación técnica y abierta”, señaló Montero a Valora Analitik.

El gremio pide revisar las condiciones tributarias del sector

Uno de los argumentos de la Federación está relacionado con los cambios fiscales que ha tenido que asumir la industria durante los últimos años. Según el gremio, las modificaciones tributarias anteriores, adoptadas durante el Gobierno pasado, no estuvieron acompañadas de una justificación técnica suficiente sobre sus consecuencias para la sostenibilidad de las empresas.

La preocupación ahora está puesta en las nuevas disposiciones que contempla la Ley de Rescate Económico y en sus posibles efectos sobre los operadores de juegos online y localizados. Para Fecoljuegos, aunque ambas actividades pertenecen al mismo sector, sus modelos de negocio y estructuras de costos son diferentes, por lo que no deberían recibir un tratamiento tributario que desconozca esas particularidades.

“Venimos de un periodo especialmente difícil. Los juegos online y los localizados tienen estructuras distintas, pero ambos enfrentan obligaciones y costos que deben ser reconocidos. Necesitamos una tributación justa, sustentada y proporcional, que permita hacer un esfuerzo fiscal sin comprometer la continuidad de las empresas”, agregó Montero.

La Federación también considera que las decisiones fiscales deben medir sus consecuencias sobre la operación legal, la inversión privada y la generación de empleo. A estos factores se suma el dinero que la industria transfiere al sistema de salud, uno de los aportes que el gremio busca proteger ante posibles modificaciones en las obligaciones de las compañías.

Fecoljuegos prepara alternativa para Hacienda y el Congreso

Para llevar sus planteamientos a la discusión legislativa, la organización anunció que buscará reuniones con el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas del Congreso. En esos espacios espera presentar los argumentos técnicos de su propuesta y explicar por qué considera necesario ajustar el esquema de tributación.

La iniciativa tendrá en cuenta tres aspectos: las obligaciones fiscales que ya asumen las empresas, la capacidad efectiva del sector para aportar nuevos recursos y las acciones que permitan combatir el juego ilegal.

Este último punto también hace parte de las preocupaciones del gremio, que insiste en la importancia de mantener condiciones para que las compañías autorizadas puedan operar y competir. La continuidad de estos negocios, según su posición, tiene efectos sobre la inversión, los puestos de trabajo y los recursos destinados a financiar el sistema de salud.

Montero señaló que la intención es encontrar una fórmula que responda a las necesidades fiscales del país y, al mismo tiempo, permita mantener la actividad dentro de la legalidad. “Queremos construir una salida que ayude al país y preserve la actividad legal. Proteger la inversión y el empleo también significa proteger una fuente de recursos para la salud. Nuestra propuesta buscará ese equilibrio, con argumentos y disposición al diálogo”, concluyó el presidente del gremio.