La defensa de la familia de Kevin Acosta manifestó su preocupación por el traslado de la fiscal que adelantaba actuaciones relacionadas con la muerte del menor, ocurrida el 13 de febrero de 2026 mientras esperaba la entrega de un medicamento para tratar la hemofilia que padecía.
El cambio de funcionaria se conoció el jueves 5 de noviembre y generó cuestionamientos por parte de los abogados de las víctimas, debido a que se produjo después de que la investigadora compulsara copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se examinara la posible responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro en los hechos.
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La Fiscalía General de la Nación formalizó el traslado de Diana Constanza Urriago Fajardo mediante la Resolución 20330-03416 del 4 de noviembre de 2026. La funcionaria se desempeñaba en la Fiscalía 308 de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes y fue asignada a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal.
Los abogados exigen garantías para las víctimas
Wilson Ruiz, exministro de Justicia y abogado encargado de la defensa de las víctimas, se pronunció sobre el asunto y aseguró que el cambio de fiscal despierta interrogantes, especialmente por el momento en que se produjo. El jurista pidió garantías para que las actuaciones judiciales continúen sin afectaciones y para que la investigación mantenga su independencia.
En un comunicado a la opinión pública, la defensa expresó su posición frente a la decisión de la Fiscalía y advirtió sobre la necesidad de que se aclaren las circunstancias del traslado: “Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”.
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Y agregó: “La Fiscalía tiene la obligación de garantizar que este caso avance con plena autonomía e independencia. Ninguna circunstancia administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas”, manifestó Wilson Ruiz.
Por su parte, Manuel Villanueva, apoderado de la familia de Kevin Acosta, también se refirió al traslado de la funcionaria y manifestó que existe preocupación por los cambios dentro del ente investigador en un momento que considera determinante para el proceso.
“Nos preocupa profundamente que se produzcan movimientos dentro de la Fiscalía en un momento tan delicado para el caso. Estamos hablando de la muerte de un niño y del derecho de su familia a conocer toda la verdad. No vamos a permitir que las actuaciones judiciales pierdan continuidad ni que se genere incertidumbre sobre una investigación que debe avanzar sin presiones, independientemente de las personas que puedan resultar comprometidas. Exigimos garantías reales para las víctimas y explicaciones claras sobre esta decisión”, señaló Villanueva.
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El 30 de septiembre, Wilson Ruiz divulgó un documento de la Procuraduría General de la Nación relacionado con el caso. A través de su cuenta en X, el jurista señaló que el informe contenía elementos que permitirían investigar una posible “omisión administrativa grave” por parte de la Nueva EPS, que para ese momento se encontraba bajo intervención estatal. En esa oportunidad, manifestó: “¡Esto es gravísimo!“.
El documento, firmado digitalmente por Mónica Andrea Ulloa Ruíz, procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, ordenó remitir el informe a los procuradores delegados para la vigilancia administrativa, con el propósito de que evaluaran el inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes. Entre los aspectos que la Procuraduría consideró necesario esclarecer está si Kevin Acosta sufrió una interrupción injustificada del tratamiento médico y si esa situación pudo representar un riesgo vital que finalmente se materializó con su fallecimiento.
El organismo de control planteó la necesidad de establecer si existió una falla en la continuidad de la atención que recibió el menor. Entre los documentos anexos aparecen las respuestas a requerimientos realizados a la Nueva EPS, Integral Solutions IPS y Medicarte IPS, cuyos contenidos fueron incorporados al material enviado para valoración.
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