La Ley 2640, conocida como Ley de Sometimiento, ya fue sancionada por le presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el Congreso de la República diera su visto bueno.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló ante los medios de comunicación sobre algunos detalles de la nueva ley de la República y aseguró que está completamente alejada del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
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Su aclaración al respecto surgió por declaraciones de Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, que aseguró que, al revisar la Ley de Sometimiento que planteó el gobierno de Abelardo de la Espriella, encontró similitudes con las decisiones que toma la jurisdicción tras estudiar los hechos de violencia que se presentaron en el conflicto armado.
Entre las similitudes que halló, mencionó la reducción de ciertas sanciones por la realización de acciones de reparación en favor de las víctimas. “Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención (...) Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, cuestionó Ramelli en la Cumbre Internacional de la Justicia y del Derecho en conmemoración de los 30 Años de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), llevada a cabo el 26 de octubre de 2026.
Al respecto, el jefe de la cartera aseguró que la ley no puede equipararse con el trabajo y las sanciones que impone la JEP en los distintos casos que investiga.
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“Yo escuché el otro día al doctor Alejandro Ramelli decir que esta ley era muy parecida y nada tiene de parecido, porque yo no he visto ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, señaló Cancino ante la prensa.
Según explicó, la nueva ley contempla medidas excepcionales mucho más fuertes para los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales. De igual manera, indicó que la normativa no permite la devolución de bienes que se vayan a decomisar, puesto que “tienen que tener también un alcance específico”.
“Tienen que entregar no solo rutas, armas, sino también es obligatorio (que revelen) todos los vínculos con los diversos actores de la población, incluido temas de corrupción en la administración pública y temas de vínculos con la política, temas de vínculos con la política que esta ley sí prevé”, dijo.
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De igual manera, afirmó que la Ley de Sometimiento tiene como foco de atención a las víctimas y su prioridad y la del Gobierno nacional es la protección de los menores de edad.
“La niñez es una de las prioridades de este Gobierno y obviamente la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley han sido víctimas. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento y obviamente una protección a la niñez”, dijo el ministro.
Al igual que Cancino, el congresista y exconcejal de Bogotá Daniel Briceño se pronunció sobre las declaraciones de Alejandro Ramelli y negó que la Ley de Sometimiento tenga similitudes con la JEP.
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“En la JEP no dan cárcel, los criminales se burlan de las víctimas haciendo trabajo social, en la ley de sometimiento hay rebajas de hasta el 50% y el 30% a cabecillas pero se sigue contemplando la cárcel. Ramelli no supera el recorte que le hizo el Congreso a la jurisdicción de impunidad y por eso miente de esta forma descarada”, señaló en X.
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