La situación de los territorios que comparten Colombia y Venezuela llegará a una instancia de seguimiento en el Congreso. La Cámara de Representantes conformó una comisión accidental de 15 integrantes para examinar las condiciones de la frontera, con especial atención a las amenazas de seguridad, la coordinación entre los dos países y las problemáticas que afectan a las comunidades asentadas en esta región.
El organismo, denominado Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela, tendrá a su cargo revisar el estado de las relaciones diplomáticas, los compromisos bilaterales y las medidas adoptadas para enfrentar las actividades ilegales que atraviesan el límite internacional. Su agenda también comprenderá asuntos relacionados con la atención en salud, el suministro de agua potable y las deficiencias de infraestructura.
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La coordinación quedó en manos de Diana Riveros, representante de Norte de Santander, y Jorge Figueroa, congresista de La Guajira. Este último anunció que promoverá la inclusión de las necesidades de Maicao, Paraguachón y las comunidades wayuu que mantienen vínculos familiares, sociales y económicos a ambos lados de la frontera.
La conformación de este grupo legislativo se da en medio de las dificultades de control territorial en una frontera de 2.219 kilómetros, donde confluyen actividades comerciales, tránsito de población y operaciones de organizaciones armadas y redes dedicadas a diferentes economías ilegales.
El control territorial y las organizaciones armadas, en la agenda
Uno de los asuntos que examinarán los congresistas será la capacidad de respuesta de las autoridades frente a delitos como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión. Estas actividades representan desafíos para los organismos de seguridad, especialmente en sectores donde existen pasos no autorizados y dificultades para mantener una vigilancia permanente.
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Un informe divulgado en junio de 2026 por la Armed Conflict Location & Event Data Project (Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados, en español). identificó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como la estructura armada con mayor presencia en diferentes zonas de la frontera colombo-venezolana.
Según los registros de esa organización, el grupo tenía presencia en 84 de los 216 municipios de los departamentos fronterizos de Colombia y en cerca de la mitad de los municipios de los estados venezolanos limítrofes.
El documento también advirtió sobre disputas entre estructuras armadas por el control de determinados territorios. En los departamentos de La Guajira y Cesar, la expansión del Clan del Golfo ha provocado enfrentamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
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En este escenario, revisar los acuerdos binacionales en seguridad y defensa será uno de los componentes centrales del trabajo de los 15 representantes, que también tendrán que abordar las condiciones que facilitan el funcionamiento de las redes ilegales en los territorios fronterizos.
Servicios básicos y condiciones de vida en los municipios limítrofes
Además de los asuntos relacionados con la seguridad, la comisión incorporará a su agenda las dificultades que enfrentan las poblaciones de los departamentos fronterizos. Entre ellas están las limitaciones para acceder a servicios de salud, las deficiencias en el abastecimiento de agua potable y las necesidades de infraestructura para conectar a las comunidades.
La situación de La Guajira tendrá un espacio dentro de las discusiones por iniciativa de Jorge Figueroa, quien señaló que las decisiones legislativas deben responder a las condiciones de los habitantes de esta zona, donde el comercio y el empleo tienen una relación directa con la dinámica fronteriza.
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“La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu. Por eso asumimos la coordinación de esta comisión: las leyes de frontera ya existen y ahora toca que se cumplan”, afirmó Figueroa en un comunicado.
En ese departamento, la existencia de pasos fronterizos no habilitados dificulta el control sobre el movimiento de mercancías y personas. A esta situación se suman las presiones de las economías ilegales y las restricciones de infraestructura, que afectan tanto las actividades productivas como la capacidad institucional para atender a la población migrante.
Por ello, los representantes también buscarán examinar las condiciones de los municipios que reciben población procedente de Venezuela y las necesidades de las comunidades indígenas que habitan en los dos países. La revisión permitirá abordar las dificultades que se presentan en territorios donde las dinámicas sociales y económicas están estrechamente relacionadas con la movilidad transfronteriza.
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