El Congreso de la República aprobó la Ley de Sometimiento, una iniciativa que plantea condiciones para que integrantes de estructuras criminales se presenten ante la justicia.
El trámite legislativo abrió una confrontación política entre quienes celebraron el fin de la política de Paz total, política impulsada por el anterior gobierno de Gustavo Petro, y los sectores que cuestionaron el procedimiento y el contenido del proyecto.
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Tras lo anterior, la exvicepresidente y excanciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento y sostuvo que la norma pone fin a un esquema de impunidad.
“Ya no más impunidad ni curules inmerecidas a criminales”, afirmó al referirse a los grupos que, según dijo, no entregaron información sobre las redes del narcotráfico.
Ramírez vinculó esa falta de colaboración con el actual escenario de violencia en el país. También señaló que el nuevo marco legal traslada el debate hacia la aplicación de sanciones: “Ahora llegó el turno para la contundencia de la justicia”.
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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que la corporación aprobó el proyecto después de una discusión que se extendió entre el viernes 30 de octubre y la jornada del martes 3 de noviembre.
Según expuso, hubo 77 intervenciones, en su mayoría de sectores opositores, sin contar las participaciones del ponente.
Para Henríquez, ese registro demuestra que existieron condiciones para un trámite público. “El Senado le cumple una vez más a los colombianos”, expresó, antes de subrayar que la iniciativa tuvo un debate “transparente y de cara” al país.
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El senador explicó que el texto excluye beneficios para las personas solicitadas en extradición y para quienes estén vinculados con el reclutamiento de menores. A su juicio, la norma ofrece instrumentos al Ejecutivo para enfrentar a las estructuras ilegales sin abrir espacios de negociación política.
“Lo que se busca es que el Estado esté por encima de la criminalidad”, señaló Henríquez. El legislador añadió que quedaba pendiente la discusión en la Cámara de Representantes para determinar si era necesaria una conciliación entre los textos aprobados por ambas corporaciones o si se acogía la versión avalada por el Senado.
El representante del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, presentó la aprobación como una derrota de la política de paz total impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.
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Desde el Congreso, afirmó que “se murió la Paz total de Petro” y cuestionó medidas como la suspensión de órdenes de captura y los obstáculos a las solicitudes de extradición.
Arizabaleta sostuvo que el nuevo proyecto cierra la posibilidad de otorgar espacios públicos a integrantes de organizaciones criminales. “Ya no hay tarimas para los delincuentes”, dijo durante su intervención.
Desde Cambio Radical, el representante Estefanel Gutiérrez Pérez también celebró el avance legislativo y afirmó que el país deja atrás la Paz total. En su discurso, atribuyó a esa política hechos de violencia, extorsiones, desplazamientos y confinamientos.
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Gutiérrez Pérez cuestionó los diálogos con grupos armados y episodios relacionados con el uso de información de inteligencia. “Se acaba la paz total y empieza la Ley de Sometimiento”, afirmó.
La concejal de Bogotá Sandra Forero, también del Centro Democrático, resumió su posición en un mensaje publicado en redes sociales.
Calificó la jornada como un “gran día para Colombia” y planteó que la iniciativa pone fin a la designación de delincuentes como gestores de paz, a las mesas de diálogo que consideró improductivas y a las suspensiones de extradición.
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El Pacto Histórico denunció falta de garantías y anunció acciones judiciales
La aprobación encontró rechazo en la bancada del Pacto Histórico. La representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, denunció que la oposición no contó con garantías suficientes durante la discusión parlamentaria.
“¡No hay garantías!”, escribió la congresista, quien sostuvo que, pese a las horas de debate, a los sectores críticos no se les permitió intervenir en igualdad de condiciones. También anticipó que promoverán una demanda contra la iniciativa, a la que llamó “Ley Alex Saab”.
Beltrán afirmó que el texto favorece a actores vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al lavado de activos. Esas acusaciones forman parte de su posición política y no estuvieron acompañadas de pruebas en su pronunciamiento.
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El senador Wally, del mismo bloque, informó que votó en contra en el Senado. Cuestionó que la norma contemple tratamientos judiciales para personas que se sometan a la justicia y señaló que podría beneficiar a testaferros, narcotraficantes, paramilitares y lavadores de dinero.
Con la aprobación legislativa, la discusión pasará a la aplicación del nuevo marco y al alcance de las condiciones que deberán cumplir los integrantes de organizaciones criminales que busquen acogerse a sus disposiciones.
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