El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República y aseguró que la norma representa el fin de la política de paz total que impulsó el anterior Gobierno.
El mandatario se pronunció por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, luego de que Senado y Cámara de Representantes aprobaron el mismo texto del proyecto. Con esa decisión, la iniciativa no requerirá conciliación y pasará a sanción presidencial.
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“¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!”, escribió De la Espriella al iniciar su mensaje.
El jefe de Estado destacó el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, durante el trámite legislativo. “Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”, afirmó.
De la Espriella también dirigió un mensaje a los legisladores que respaldaron la iniciativa, que crea un marco para el sometimiento a la justicia de estructuras criminales bajo condiciones y beneficios penales determinados.
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“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, señaló el presidente.
En su pronunciamiento, el mandatario sostuvo que su Gobierno mantendrá su política de seguridad. “¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!”, agregó.
El mensaje concluyó con una frase dirigida contra la política de paz total del expresidente Gustavo Petro: “La falsa paz total llegó a su fin”.
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La nueva norma elimina la negociación política con grupos armados y reemplaza la política de paz total
El Congreso aprobó la Ley de Sometimiento con 95 votos a favor en la Cámara de Representantes, tras una sesión que se extendió hasta la noche del martes 3 de noviembre. El nuevo marco jurídico, pendiente de la firma del presidente Abelardo de la Espriella, sustituye la política de paz total del expresidente Gustavo Petro y limita la relación del Estado con grupos ilegales al sometimiento ante la justicia.
La Cámara registró 10 votos en contra y aprobó el mismo articulado que había recibido el aval del Senado. La coincidencia entre ambas corporaciones evitó una conciliación legislativa, para la que solo quedaba el miércoles antes del vencimiento del plazo.
La norma ofrece rebajas de penas a organizaciones criminales que entreguen información, armas y bienes, y que contribuyan al desmantelamiento de sus estructuras. No contempla la suspensión de órdenes de captura, extradiciones ni operaciones de la Fuerza Pública.
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, advirtió que los beneficios estarán condicionados al cumplimiento de las obligaciones previstas: “Para cualquier cosa que quieran las personas que se van a someter, tienen que cumplir. Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja o condiciones para libertad condicional”.
La ley elimina la posibilidad de negociar políticamente con organizaciones armadas y deja atrás el tratamiento diferenciado que Colombia otorgaba a los grupos armados organizados, como las guerrillas con mando coordinado y control territorial. Los procesos de paz podían incorporar agendas políticas, sociales o militares, así como penas alternativas a la prisión.
El sometimiento está diseñado para bandas criminales y se inspira en el sistema judicial de Estados Unidos. La figura se concentra en la reducción de condenas de prisión a cambio de información y del desmantelamiento de las organizaciones, sin incorporar una agenda de negociación política.
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Las reducciones podrán alcanzar hasta el 50% de la pena para los integrantes de grupos criminales que cumplan las condiciones fijadas. Para quienes hayan sido líderes de esas estructuras, el beneficio tendrá un límite del 30%.
Una modificación introducida en el Senado prohibió el tratamiento penal diferenciado para personas condenadas por reclutamiento de menores de edad. La oposición cuestionó que la restricción no alcance a quienes estén involucrados en ese delito sin contar todavía con una condena previa.
Cancino sostuvo que la norma respalda a las víctimas y endurece la respuesta estatal frente al crimen. Durante el debate en la Cámara señaló: “No permite zonas de distensión en las que se reúnan personas para seguir delinquiendo, ni la suspensión de órdenes de captura o de extradición”.
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El ministro también afirmó que los grupos que aspiren a acogerse al mecanismo deberán entregar la totalidad de sus recursos. “Tienen que entregar todos los bienes, y se les devuelven cero pesos”, declaró ante la prensa.
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