Los procedimientos liderados por las Fuerzas Militares y la Policía en Colombia han estado envueltos en varias polémicas tras las denuncias de posibles tratos discriminatorios raciales contra los procesados.
Entre los casos que se registraron en el país figura el de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que murió el 20 de septiembre tras ser reducido durante un procedimiento de la Policía Metropolitana de Soacha en el barrio Caracolí, en el límite entre Bogotá y el municipio cundinamarqués.
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Pese a que fue trasladado a un centro hospitalario, llegó al sitio sin signos vitales; por el momento, las circunstancias de su muerte y la posible existencia de discriminación racial son materia de investigación.
También está el caso de Keiner Banguera Mancilla, líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos de 19 años que murió el 2 de octubre durante un operativo de la Armada y el Ejército en El Charco, Nariño.
Mientras el Gobierno señaló que las tropas respondieron a disparos desde una embarcación y lo identificó como presunto integrante de una disidencia, la comunidad y organizaciones sociales sostienen que viajaba en su propia lancha; la Defensoría del Pueblo pidió esclarecer los hechos y verificar el cumplimiento de los protocolos de la fuerza pública.
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Ante estos casos, congresistas de la bancada de oposición radicaron un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar esas prácticas durante actuaciones de las autoridades colombianas.
Detalles de la iniciativa
Óscar Benavides, representante a la Cámara por la circunscripción especial de comunidades afrocolombianas, presentó la iniciativa como una respuesta a denuncias de maltrato, homicidios y humillaciones que, según afirmó, han afectado a personas negras e indígenas. Durante su intervención mencionó a otras víctimas de esta situación, como Anderson Arboleda, Luis Alfredo Echeverry, Harold Morales, Martín Elías Manjarrés y Julián Mauricio González.
“Quiero que escuchen estos nombres, que no pasen de largo, que no se conviertan en una lista más de víctimas”, afirmó Benavides. El congresista sostuvo que detrás de cada caso hay vidas y proyectos que quedaron truncados, y reclamó que las denuncias sean reconocidas en el debate público y político.
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Para Benavides, el proyecto responde a una situación en la que jóvenes negros pueden ser sometidos a requisas o detenciones por prejuicios asociados a su apariencia.
“¿Cuántos jóvenes negros tienen que morir para que reconozcamos que el perfilamiento racial existe y que debemos frenarlo? Ser negro en Colombia no debería significar tener que demostrar todo el tiempo que uno no es un delincuente”, dijo.
El representante también expresó solidaridad con las familias de las víctimas, y puso énfasis en el caso de Keiner Banguera, asegurando que su apariencia física generó sospechas de que pertenecía a un grupo guerrillero.
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“No queremos que nos sigan viendo desde el folclor, desde los bailes, desde ir a meter un gol a una cancha. Queremos que nos vean con el respeto que esto amerita”, señaló el legislador.
Por último, manifestó que su representación en el Congreso busca visibilizar estas denuncias. “Así se caiga el mundo a pedazos, la voz del pueblo negro aquí en este Congreso se seguirá sintiendo (...) porque hemos sido elegidos no para callar, sino para gritarle a esta nación que al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero se respeta”, concluyó.
Aida Quilcué respaldó medidas de prevención y sanción
La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Aida Quilcué, es coautora del proyecto. La congresista indicó que la propuesta pretende establecer mecanismos para evitar prácticas discriminatorias en los procedimientos de las instituciones armadas del Estado y castigar aquellas que vulneren derechos.
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“El color de piel nunca puede ser motivo de sospecha ni justificar un trato discriminatorio”, afirmó Quilcué. Para la legisladora, las instituciones deben actuar con transparencia y asegurar la protección de todas las personas sin discriminación.
Quilcué sostuvo además que combatir el racismo implica defender “la dignidad humana, la igualdad y la vida”. El proyecto quedó planteado como una iniciativa para que los procedimientos de la Fuerza Pública incorporen garantías frente a denuncias de perfilamiento racial.
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