La inteligencia militar de Colombia puso en marcha una capacidad tecnológica para acceder y rastrear los sistemas de operación de drones utilizados por grupos armados, con el propósito de identificar puntos de despegue, rutas, campamentos y redes logísticas vinculadas con ataques contra la población civil y la fuerza pública.
El trabajo está a cargo de expertos en ciberdefensa, ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, software, hardware, análisis de datos e inteligencia artificial, según el diario El Tiempo. Los equipos operan desde centros de cómputo ubicados en distintos puntos del país y recibieron la misión de reforzar la respuesta estatal ante el aumento del uso de aeronaves remotamente tripuladas por parte de organizaciones ilegales.
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La preocupación creció por la frecuencia de estos ataques. De acuerdo con los datos citados por el diario colombiano, entre el 1 de enero y el 1 de octubre se registraron 318 ataques con drones, un promedio cercano a un hecho cada 20 horas. Los aparatos, algunos comerciales y otros adaptados en forma artesanal, han sido empleados para transportar o lanzar explosivos contra instalaciones militares, estaciones de la Policía y poblaciones.
El rastreo permitiría identificar rutas, campamentos y depósitos ilegales
La nueva estrategia se basaría en la posibilidad de ingresar en forma remota a programas y sistemas operativos utilizados para controlar las aeronaves. Esa información permitiría establecer patrones de vuelo, zonas de interés, coordenadas y movimientos asociados con los operadores de los equipos.
El reporte del mencionado medio señala que los analistas habrían conseguido seguir la ubicación de ciertos drones en tiempo real y extraer datos sobre sus recorridos. Al cruzar esos registros con información de inteligencia, las autoridades podrían ubicar áreas de concentración, sitios de reunión y corredores empleados por las estructuras armadas.
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Los datos obtenidos a partir de los drones habrían servido para orientar operaciones aéreas y terrestres. Entre los resultados atribuidos a esta capacidad figuran la localización de campamentos, depósitos de explosivos, armamento, cargamentos de droga y materiales de intendencia.
Los procedimientos, las herramientas empleadas y la ubicación de los equipos de ciberdefensa se mantienen bajo reserva. La divulgación de esos detalles podría afectar operaciones en curso y exponer a funcionarios vinculados con el desarrollo de esta tarea.
Disidencias, ELN y Clan del Golfo estarían entre los grupos monitoreados
Las infiltraciones en los sistemas de operación de drones alcanzarían a estructuras de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc- EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
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Los accesos reportados abarcarían zonas de la costa Caribe, el Catatumbo, Arauca, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, el sur de Bolívar y Caquetá. La distribución territorial refleja la expansión del uso de drones dentro de las operaciones de los grupos armados en distintas regiones.
Para las organizaciones ilegales, la capacidad estatal de rastrear las aeronaves puede modificar el uso de estos dispositivos. Aun los drones construidos o adaptados de manera artesanal requieren programas, sistemas de navegación o herramientas de control que pueden dejar rastros digitales.
La posibilidad de que un dron revele la ubicación de sus operadores o de un campamento podría obligar a los grupos a modificar sus protocolos de seguridad. Esto incluiría evitar el traslado de equipos a zonas de reunión, limitar los vuelos desde instalaciones fijas o separar a los operadores de las áreas donde almacenan armas y explosivos.
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El objetivo es anticipar ataques contra civiles y fuerza pública
La tarea de la inteligencia militar no se limita a encontrar aeronaves en vuelo. El objetivo consiste en reconstruir el ecosistema tecnológico de las organizaciones criminales: quiénes operan los dispositivos, en qué momentos los usan, cuáles son sus zonas de acción y qué vínculos existen entre los ataques con drones y otras actividades ilegales.
Con esa información, las Fuerzas Militares y la Policía podrían anticipar riesgos en territorios bajo presión de los grupos armados. Las comunidades cercanas a bases militares, estaciones de la Policía o zonas de disputa entre organizaciones ilegales figuran entre las más expuestas a este tipo de ataques.
Una de las capacidades que aún estaría en desarrollo apunta a intervenir el control de la aeronave tras su despegue. El propósito sería impedir que los operadores mantengan el mando del dispositivo y evitar que los explosivos alcancen sus objetivos.
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Esa eventual capacidad permitiría alterar el curso de un ataque antes de que el dron llegue a una base, una estación policial o una población. Sin embargo, no se conocen detalles sobre el grado de avance de ese sistema ni sobre su aplicación operativa.
Los drones MQ-9 Reaper reforzarían las operaciones de vigilancia
A esta estrategia se sumaría la incorporación de drones MQ-9 Reaper, destinados a tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Estas aeronaves podrían apoyar la identificación de laboratorios de droga, rutas de narcotráfico, embarcaciones con cargamentos ilegales, campamentos y desplazamientos de integrantes de grupos armados.
La combinación entre el análisis de datos obtenidos de drones ilegales y la vigilancia aérea de largo alcance ampliaría la capacidad de las autoridades para seguir movimientos en áreas de difícil acceso.
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El alto mando militar ha advertido que el uso de aeronaves no tripuladas por parte de las estructuras armadas deja información aprovechable para operaciones de seguridad. La disputa por el control del espacio aéreo de baja altura pasó a formar parte de la confrontación en zonas donde los grupos ilegales buscan sostener su capacidad de ataque.
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