Subsecretario de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la revocatoria de visas a siete colombianos: “Para proteger la estabilidad regional”

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, se pronunció sobre la decisión del Gobierno estadounidense de revocar las visas de siete colombianos. La lista divulgada por las autoridades estadounidenses incluye a funcionarios y exfuncionarios que han tenido diferentes responsabilidades en la política colombiana.

A través de su cuenta en la red social X, Segura compartió el comunicado oficial y señaló que las medidas migratorias están relacionadas con los esfuerzos para enfrentar la corrupción y proteger la estabilidad regional.

“Para proteger la estabilidad regional, es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción. Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos”, escribió.

El pronunciamiento se conoció después de que el Departamento de Estado anunciara las restricciones contra los siete ciudadanos colombianos. La decisión se enmarca en la política migratoria estadounidense que contempla limitaciones de ingreso al país para extranjeros cuyas actividades, según la evaluación de Washington, puedan afectar sus intereses de política exterior.

Los ciudadanos mencionados son Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro; Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadores, y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

El anuncio se produjo mientras varios de los incluidos en la lista enfrentan investigaciones o procesos judiciales en Colombia. Entre los asuntos mencionados en los expedientes de las autoridades nacionales figuran las presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas electorales, el manejo de recursos públicos, la contratación estatal y posibles vínculos con organizaciones criminales.

En el caso de Ricardo Roa, la Fiscalía General de la Nación adelanta actuaciones relacionadas con la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022 y con la compra de un apartamento en Bogotá, operación que es objeto de investigación por posibles beneficios indebidos vinculados con contratos de Ecopetrol.

Por su parte, Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar aparecen en el proceso relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La investigación busca establecer si existieron acuerdos para favorecer determinadas operaciones de contratación pública a cambio de actuaciones de congresistas en el trámite de asuntos legislativos.

El exsenador Julio Elías Chagüí también ha sido mencionado en investigaciones sobre presuntos acuerdos entre funcionarios y legisladores relacionados con contratos estatales. En cuanto al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, la Corte Suprema de Justicia adelanta actuaciones por presuntos vínculos con estructuras ilegales.

José Ignacio Mesa, por otro lado, tiene una situación judicial diferente: la Corte Suprema dejó en firme una condena de seis años de prisión por concierto para delinquir agravado, relacionada con sus nexos con estructuras criminales que, según lo establecido judicialmente, lo respaldaron en campañas políticas.

En su comunicado, el Departamento de Estado señaló que las acciones buscan avanzar en los compromisos adquiridos durante la cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

“Esa política tiene como objetivo a ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan a los gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su filiación política”, indicó el organismo en el comunicado.

Para justificar la medida, hizo referencia a la política anunciada el 28 de septiembre, aplicada bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que establece que el secretario de Estado puede negar una visa a un ciudadano extranjero cuando existan motivos razonables para considerar que su ingreso o las actividades que pretende desarrollar en ese país podrían tener consecuencias graves para su política exterior.

“La Administración Trump respalda al Gobierno de Colombia mientras trabaja para eliminar la influencia criminal, incluso de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”, agregó la entidad.

La decisión también generó una reacción del presidente Abelardo de la Espriella, quien se pronunció a través de su cuenta en X. El mandatario publicó un mensaje en el que hizo referencia a la medida adoptada por el Gobierno estadounidense: “Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.