Envían a la cárcel a dos procesados por el atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali, en abril de 2026

Un juez ordenó la reclusión preventiva de Jorge Andrés Castañeda Díaz, alias Barbas, y Ashley Valentina Pozo Delgado por su presunta participación en el ataque con explosivos contra el Batallón Pichincha, ocurrido el 24 de abril de 2026 en Cali. Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada tras las audiencias preliminares contra los dos capturados, a quienes el ente acusador relaciona con labores de planeación, vigilancia, transporte y apoyo a la fuga del conductor del vehículo utilizado en el atentado.

De acuerdo con la investigación, el ataque fue ejecutado con un bus escolar blanco cargado con cilindros explosivos, que detonó en inmediaciones de la instalación militar ubicada en el sur de la capital vallecaucana. La explosión dejó civiles lesionados y daños en la infraestructura del batallón, además de afectaciones en viviendas cercanas.

La Fiscalía sostiene que los dos detenidos integrarían una red de milicias con presencia en Cali y Jamundí, vinculada, según la hipótesis judicial, con la columna Ricardo Velásquez y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esa relación deberá ser demostrada durante el proceso penal.

Alias Barbas habría apoyado la movilización del bus y la fuga del conductor

Para la Fiscalía, “Barbas” cumplió una función de apoyo antes, durante y después de la explosión. Los elementos presentados ante el juez indican que el hombre habría participado en reuniones de coordinación realizadas en sectores rurales de Jamundí. En esos encuentros se habrían distribuido tareas entre las personas que, según la investigación, tomaron parte en la operación contra el Batallón Pichincha.

El ente acusador le atribuye haber conducido un vehículo desde el cual se efectuaron labores de reconocimiento, seguimiento y vigilancia. Esa tarea, de acuerdo con la Fiscalía, buscaba facilitar el traslado del bus escolar desde una zona rural de Jamundí hasta Cali.

También habría llevado al conductor hasta el automotor que transportaba los explosivos y colaborado con su salida del lugar tras la detonación. Las autoridades investigan si el conductor abandonó el vehículo pocos instantes antes de que se activara la carga explosiva.

La investigación además relaciona a alias Barbas con la solución de una falla mecánica que presentó el bus. Según la Fiscalía, habría llevado cables para atender un problema en la batería y participado en la compra de una nueva, acciones que habrían permitido que el vehículo continuara su recorrido.

Las autoridades señalaron que Castañeda Díaz tendría funciones de coordinación y reclutamiento dentro de la estructura investigada. Sin embargo, su responsabilidad penal solo podrá establecerse en las etapas posteriores del proceso y, eventualmente, en un juicio.

Ashley Pozo es señalada de vigilar los movimientos de las autoridades

La mujer habría utilizado una motocicleta para observar los desplazamientos de las autoridades mientras se desarrollaba la operación. Según la información expuesta durante las audiencias, Pozo pertenecería a la misma red a la que presuntamente estaba vinculado alias Barbas. Su papel habría consistido en alertar sobre la presencia o los movimientos de uniformados en los alrededores de la ruta utilizada para trasladar el bus cargado con explosivos.

La investigación contempla la participación de más personas. Durante la audiencia, la fiscal del caso mencionó a presuntos involucrados identificados como “Trenzas”, “El Viejo”, “Pipas”, “Valentina” y “El Flaco”, además de otros individuos cuya identidad sigue en verificación.

La hipótesis presentada por el organismo investigador establece que, al menos, seis personas habrían tenido tareas definidas en la preparación del atentado, el traslado del vehículo, el seguimiento de la operación y la posterior salida del conductor.

Los dos procesados rechazaron los cinco delitos imputados por la Fiscalía

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, tentativa de homicidio agravado y daño en bien ajeno.

La imputación se realizó de acuerdo con la participación individual que la Fiscalía atribuye a cada uno. Ninguno de los dos aceptó los cargos durante las diligencias judiciales.

El juez consideró que los procesados debían permanecer privados de la libertad mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y define los siguientes pasos de la investigación.

Las capturas se concretaron el sábado 17 de octubre, en un operativo con órdenes judiciales ejecutadas por la Policía Nacional, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Ejército Nacional. En el mismo procedimiento fue aprehendido un adolescente de 17 años, identificado por las autoridades como alias Sevillano.

De acuerdo con el coronel Carlos Latorre, el menor habría tenido la tarea de distraer y retirar en motocicleta al conductor del bus después de que este abandonara el vehículo. Su situación se tramita bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

En junio, las autoridades capturaron a otros dos hombres por este caso: Jhonatan Steven Villalobos, alias Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas. A Villalobos le atribuyen la compra de la buseta utilizada en el atentado por cerca de $20 millones. Ambos fueron enviados a prisión preventiva y tampoco aceptaron los cargos.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar al conductor del bus, establecer la participación de otros integrantes de la red y determinar las fuentes de financiación de la operación.