La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó las agresiones cometidas por uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) de la Policía Nacional contra periodistas que cubrían las recientes manifestaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La organización documentó cinco casos ocurridos en Bogotá, Medellín e Ibagué, en los que reporteros resultaron afectados mientras realizaban su trabajo, incluso durante transmisiones en vivo.
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Los hechos, registrados los días 14 y 18 de octubre de 2026, incluyen ataques físicos que ocasionaron lesiones e incapacidad a las personas afectadas, uso desproporcionado de la fuerza y de armas no letales, así como la detención arbitraria de una periodista. Según la Flip, las agresiones quedaron registradas en videos grabados por los propios comunicadores durante el cubrimiento de las movilizaciones.
La organización advirtió sobre el uso desmedido e innecesario de la fuerza por parte de los uniformados y señaló que estas actuaciones ponen en riesgo la integridad de quienes ejercen el periodismo en escenarios de manifestación pública. También solicitó la intervención de las autoridades judiciales y disciplinarias para que los hechos sean investigados y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Agresiones contra periodistas en Medellín e Ibagué
Uno de los casos documentados ocurrió el 14 de octubre en Medellín, donde los periodistas Djack Muriel y Danna Paola Ramos, del medio Cofradía para el Cambio, realizaban la cobertura de las manifestaciones cuando la pierna de la comunicadora fue impactada por una granada aturdidora.
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De acuerdo con la información recopilada por la Flip, un video registró el momento en que un uniformado lanzó el artefacto hacia el lugar donde se encontraban los dos periodistas. Ambos estaban identificados como integrantes de la prensa mediante chalecos y cascos, elementos que permitían reconocer su labor en medio de las movilizaciones.
La fundación señaló que el lanzamiento del artefacto se produjo pese a que los comunicadores estaban debidamente identificados y consideró que la actuación desconoció los protocolos correspondientes y las garantías de especial protección que amparan el ejercicio periodístico.
Ese mismo 14 de octubre, en Ibagué, el periodista Cenuver Giraldo, del medio El Ojo de la Perilla, fue víctima de otro episodio mientras transmitía en vivo las movilizaciones en el parque Murillo. Según la descripción de los hechos presentada por la Flip, un uniformado de la Policía intentó golpear al comunicador con su bolillo, aunque no logró alcanzarlo. Posteriormente, se acercó nuevamente con la intención de agredirlo, hasta que el periodista gritó: “¡Prensa!”.
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La fundación sostuvo que lo ocurrido refleja una intención de agredir al comunicador y recurrir a la violencia como primera respuesta frente a una persona que estaba desarrollando labores periodísticas. El episodio quedó registrado durante la transmisión, lo que permitió documentar la actuación del uniformado.
En el mismo parque de Ibagué, la Flip reportó la detención arbitraria de otra periodista, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad. La comunicadora fue agredida por uniformados mientras cubría las manifestaciones desde otro punto del lugar.
La organización indicó que la actuación policial estuvo marcada por el uso de fuerza desmedida e injustificada. Sin revelar el nombre de la periodista, la fundación incorporó el episodio dentro de los casos registrados durante la jornada del 14 de octubre.
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Una periodista lesionada durante las manifestaciones en Bogotá
El tercer escenario señalado por la Flip fue Bogotá, donde el 18 de octubre se presentó una agresión contra la periodista independiente Marcela Portilla, durante las manifestaciones realizadas en inmediaciones del Museo Nacional.
Portilla vestía una prenda que la identificaba como integrante de la prensa cuando un uniformado lanzó una granada aturdidora que cayó a sus pies y le ocasionó una lesión en el pie. La situación quedó registrada en video, según la información difundida por la Fundación.
La periodista presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la sección de Asuntos Disciplinarios Internos de la Policía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. La presentación de estas denuncias busca que las autoridades competentes conozcan formalmente lo sucedido y adelanten las actuaciones correspondientes dentro de sus respectivas funciones.
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Para la Flip, la identificación visible de los comunicadores y el desarrollo de sus actividades informativas deben ser considerados en las actuaciones de los integrantes de la fuerza pública durante este tipo de escenarios. La fundación señaló que las agresiones ponen en peligro la integridad física de periodistas y reporteros y evidencian la falta de garantías para desarrollar su trabajo en contextos de movilización ciudadana.
También advirtió que las actuaciones policiales pueden obstaculizar la cobertura de los hechos que ocurren en las calles y afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información. En su pronunciamiento, la organización recordó que la fuerza pública tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población y que los periodistas deben contar con condiciones que les permitan cubrir acontecimientos de interés público sin exponerse a ataques.
La Flip pide investigaciones en la justicia penal ordinaria
Tras documentar los cinco casos, la fundación solicitó de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos que reciban formalmente las denuncias presentadas por los periodistas y determinen la calificación jurídica de las conductas atribuidas a los uniformados.
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La organización pidió que las actuaciones sean examinadas teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y los daños ocasionados a los comunicadores. Además, reclamó que los casos sean investigados e imputados en la justicia penal ordinaria y no en la justicia penal militar, al considerar que se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
La Flip también exigió a la Policía Nacional identificar de manera célere a los responsables directos de las agresiones, establecer la responsabilidad institucional y determinar si existen posibles responsabilidades de los mandos superiores.
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