Subastaron una Toyoya Land Cruiser por menos de tres millones de pesos: Fiscalía investiga venta irregular de bienes de la Alcaldía de Valledupar

La Fiscalía General de la Nación investiga la venta de 33 bienes de la Alcaldía de Valledupar por 31 millones de pesos, una operación que incluyó una Toyota Land Cruiser Prado TXL modelo 2013 adjudicada por $2.500.000 y que abrió sospechas sobre posibles irregularidades en la disposición de activos públicos.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la seccional Cesar y busca establecer las circunstancias de la enajenación de maquinaria pesada, camionetas y 15 motocicletas. La autoridad judicial deberá determinar si hubo responsabilidades por el proceso.

La camioneta Toyota Prado TXL, de placas OXV 288, fue declarada inservible tras una inspección visual y recibió un “valor operativo cero” en el procedimiento de baja y enajenación aprobado por el Concejo municipal. El precio de venta equivalió a una depreciación cercana al 98% en 13 años, según los cuestionamientos expuestos alrededor del remate.

El exconcejal Jhon Díaz Carpio denunció que la guía de precios de Fasecolda ubicaba el valor comercial del vehículo entre 126 y 184 millones de pesos. La diferencia entre esa referencia y los $2.500.000 pagados por el comprador impulsó los reclamos sobre los criterios técnicos aplicados.

El secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Eudes José Orozco, sostuvo que los vehículos ya no podían ser asegurados y, por esa razón, debían ingresar a un proceso de baja definitiva o de chatarrización.

Daniel Daza, uno de los dirigentes que cuestionó el remate, afirmó que la vida útil del bloque del motor, la transmisión automática y el chasis de un vehículo todoterreno puede superar el deterioro exterior.

“La vida útil, mantenimiento y expectativa de duración de componentes fundamentales como el bloque del motor, la transmisión automática y el chasis de un vehículo todoterreno supera con creces el desgaste superficial, siendo recuperables o funcionales mediante mantenimientos correctivos”, planteó.

Daza envió una comunicación a la ensambladora de Toyota en Japón para pedir explicaciones sobre la calidad y duración de los vehículos de la marca. También objetó que el avalúo se basara en una revisión visual: “Basarse únicamente en una apreciación visual, sin recurrir a pruebas de compresión, análisis de fluidos y otros diagnósticos, no puede ser un mecanismo responsable para este avalúo”.

Los críticos sostienen que un dictamen técnico debe diferenciar entre un vehículo que necesita repuestos, otro cuya reparación resulta antieconómica y uno que agotó su vida útil. La ausencia de pruebas mecánicas profundas es uno de los puntos centrales de las denuncias.

Maquinaria pesada y vehículos vendidos por montos mínimos

El lote incluyó una excavadora hidráulica John Deere por $ 5.155.000, una motoniveladora de la misma marca por $ 5.022.000 y una retroexcavadora por $ 3.850.000. También se adjudicaron un vibrocompactador JCB por $ 2.185.000 y un minicargador John Deere por $ 840.000.

Los vehículos livianos de marcas como Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda se vendieron por montos de entre $ 240.000 y $ 3.000.000. Entre los bienes cuestionados también hubo motocicletas adjudicadas por $ 215.000.

Documentos revisados por el medio regional El Pilón indican que el Acta 001 registró interés en agilizar la transacción y que el Concejo municipal autorizó la venta después de que el negocio ya había sido adjudicado. Ocho días después de que el alcalde solicitara un informe técnico sobre la operación, ese documento no había sido divulgado públicamente.

Veedores de Valledupar afirmaron a El Tiempo que una camioneta vendida por $500.000 fue revendida horas más tarde por 40 millones de pesos. Esa versión forma parte de los señalamientos que ahora deberán ser contrastados en la investigación judicial.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, aseguró que pidió un informe detallado sobre el desarrollo del proceso y que su resultado sería entregado a las autoridades competentes. “Mi compromiso es con Valledupar, con la protección del patrimonio público”, afirmó.

Keyner Sanmartín, apoderado del alcalde, explicó que el informe no se divulgará porque integrará una investigación penal. Señaló que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría definirán si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.