Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema por denuncias de María Claudia Tarazona a congresistas del Partido Comunes por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia por información suministrada por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que señaló a integrantes del partido Comunes que oficiaron como representantes a la Cámara como presuntos responsables intelectuales del crimen.

La decisión figura en una comunicación fechada el 21 de octubre de 2026, firmada por la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, en respuesta a un oficio enviado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, dos días antes.

Aunque en el documento no se identifica a los aforados objeto de la compulsa, ni atribuye responsabilidades penales, la delegada judicial explicó que la medida se tomó tras los hechos informados por Tarazona. En consecuencia, corresponderá al alto tribunal examinar aquello que pueda involucrar a exparlamentarios del partido político, derivado de las extintas Farc.

“En atención a los hechos informados por la señora María Claudia Tarazona, el 20 de octubre de 2026 se ordenó la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia”, se señaló en el oficio remitido al despacho del ministro Cancino. En ese sentido, la entidad agregó que la decisión se ajustó a los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, en referencia con aforados.

Fiscalía afirmó que analiza las comunicaciones y los datos entregados por la viuda de Miguel Uribe Turbay

En sus recientes declaraciones, Tarazona hizo público un mensaje que habría recibido en el que mencionan a Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembro del partido Comunes. Según su versión, Albán sería uno de los presuntos determinadores intelectuales del asesinato.

Entre los elementos mencionados por la viuda figura un chat que, según dijo, recibió un funcionario público en abril de 2025, dos meses antes del atentado contra Uribe Turbay. “Ese malparido (sic) de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”, se advertía en el referido mensaje.

Tarazona sostuvo que esa información procedía de una fuente cercana a esas estructuras y destacó que los recursos para organizar el plan habrían llegado desde Venezuela, que la orden se habría originado en el Congreso de la República y que integrantes de la Segunda Marquetalia habrían ejecutado el ataque en el antiguo parque El Golfito de Bogotá.

En la respuesta remitida al ministerio, el ente no validó esas afirmaciones, aunque sí avanzó en su matriz de investigación. “La Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona junto con su representación de víctimas”, expresó la entidad en su pronunciamiento, con una serie de procedimientos.

Se destacan “la indagación de datos, fuentes, autenticidad y origen de las comunicaciones y la eventual relación con los hechos y personas mencionadas”. Con esto, informó que la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá creó un Grupo de Tareas Especiales para investigar y judicializar el homicidio de Uribe Turbay con la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay cuenta con un grupo especial de fiscales

De acuerdo con la Fiscalía, el equipo está bajo la coordinación del jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de esa seccional. Lo integran cuatro fiscales con dedicación al expediente, además de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Jaramillo Rivera afirmó que “la investigación nunca se ha detenido” y reiteró que el grupo recibió el apoyo de expertos para avanzar sobre otras líneas investigativas, cuyos resultados se incorporarían al proceso principal. De este modo, precisó que la investigación “no se agota en la judicialización de sus autores materiales”, sino que busca establecer sus determinadores.