Abogado de Petro anunció demanda contra Angie Rodríguez por acusaciones de presuntas fiestas con menores y el ‘Pacto de Valledupar’: “Está hasta la coronilla”

La controversia entre el expresidente Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, escaló el miércoles 21 de octubre de 2026 con el anuncio de una denuncia penal que, según Alejandro Carranza, representante jurídico del exmandatario, incluirá señalamientos por injuria, calumnia agravada, peculado, concierto para delinquir y posible violación de datos personales, así como hechos que la defensa considera relacionados con el manejo de recursos públicos.

Según lo expuso el jurista en su cuenta de X, la denuncia contra la exfuncionaria se presentará a las 9:00 a. m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación con sede en Bogotá.

“Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Se pondrán también en conocimiento de la Contraloría General de la República los hechos de su competencia”, indicó la defensa del exjefe de Estado en el comunicado público.

El caso reúne tres grupos de afirmaciones hechas por Rodríguez ante los medios de comunicación, que han sido rechazadas por Petro y por integrantes de su antiguo Gobierno. El primero se refiere al denominado “Pacto de Valledupar”, una supuesta reunión de octubre de 2025 entre delegados gubernamentales y antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso.

La exfuncionaria, en declaraciones a la prensa nacional, sostuvo que en ese encuentro se buscaba obtener declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe, el hoy presidente Abelardo de la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total”, expresó la exgerente del Fondo de Adaptación en una entrevista a Semana.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación disciplinaria sobre esos señalamientos contra Rodríguez y el exministro del Interior, Armando Benedetti, sin que ello suponga una declaración de responsabilidad.

El segundo frente son las afirmaciones de Rodríguez sobre supuestas fiestas con mujeres y menores de edad vinculadas a la vida privada del exmandatario.

“¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿habían niños travestis? (...) No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”, dijo la exfuncionaria, en una conversación con el periodista Daniel Samper Ospina.

Además, en ese espacio dijo que Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y excanciller, dispondría de fotos y videos que habría usado para presionarlo y obtener la Embajada de Colombia en el Reino Unido.

Defensa de Petro confirma acciones legales

Ante esta situación, el abogado Alejandro Carranza calificó los señalamientos contra Petro como graves y afirmó que la defensa radicaría las respectivas denuncias en la mañana del miércoles 21 de octubre.

Sobre las versiones de Rodríguez acerca de un supuesto acceso a información del celular presidencial y a una nube de datos, el jurista, en diálogo con Caracol Radio, sostuvo que esa conducta debe ser aclarada ante las autoridades. “Eso se llama violación de datos personales. Eso es lo primero que ella ahí confiesa y que va a tener que explicar”, declaró a la cadena radial mencionada.

A su vez, el abogado negó que Petro hubiera recibido extorsiones de Sarabia y cuestionó la versión según la cual la exfuncionaria habría conservado material para presionarlo. “El presidente jamás ha recibido ninguna extorsión por parte de Laura Sarabia”, aseguró. Añadió que los señalamientos sobre presunto consumo de estupefacientes y reuniones privadas podrían constituir injuria y calumnia, posición que será objeto de la actuación judicial que anunció.

Carranza sostuvo que Rodríguez ha divulgado acusaciones en momentos que, a su juicio, coinciden con hitos políticos de Petro, como la segunda vuelta presidencial y su reciente designación como presidente del Pacto Histórico.

“En la segunda vuelta, ella sale a hacer unas denuncias porque el presidente públicamente había pedido que se trasladaran unos dineros del Fondo de Adaptación para atender la megasequía. Ella hace el escándalo para afectar políticamente”, detalló.

El abogado también cuestionó que Rodríguez dijera que un terapeuta le recomendó participar en una entrevista con el reconocido humorista porque, según ella, “el formato le ayudaba a reír”.

Sobre el llamado Pacto de Valledupar, Carranza rechazó que Petro hubiera instruido a Rodríguez para solicitar a Mancuso o a otros exparamilitares que acusaran a De la Espriella o a Uribe. “Jamás se le dio esa orden a la señora Angie Rodríguez”, recalcó. Según el abogado, si Petro hubiese contado con información sobre alianzas ilegales, “la habría hecho pública por los canales institucionales y no mediante un encargo a la entonces funcionaria”.

Carranza pidió que Mancuso aclare qué funcionario, si alguno, le habría transmitido una instrucción de ese tipo. “El señor Mancuso también tiene que explicar con claridad al país cuál funcionario fue el que le dijo eso”, señaló. En paralelo, Rodríguez deberá explicar ante las autoridades las relaciones que el abogado mencionó durante la entrevista. La existencia y el alcance de la supuesta orden siguen bajo escrutinio de los organismos competentes.

Carranza dijo que la retractación no cerraría todos los asuntos anunciados

El abogado indicó que Rodríguez podría retractarse de las afirmaciones que la defensa considera injuriosas o calumniosas, una vía que puede tener efectos en ese tipo de procesos. Sin embargo, dijo que la denuncia incorporará asuntos que, según su versión, no se resolverían con una retractación. “Encontramos cómo manejaba las finanzas del Dapre”, sostuvo.

Carranza afirmó que, durante viajes internacionales de Rodríguez con Petro, “se habrían solicitado entre USD 14.000 y USD 18.000 para necesidades del entonces presidente y que la defensa detectó documentos con gastos duplicados o sin respaldo de ejecución”. Además, aseguró que recursos de la caja del Dapre habrían sido destinados a almuerzos de familiares de la exdirectora. Anunció que esos elementos serán puestos en conocimiento de la Contraloría y que la defensa considera que podrían dar lugar a indagaciones por peculado, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Son acusaciones de la defensa que deberán ser verificadas por las autoridades.

El abogado también cuestionó el avance de la Fiscalía en investigaciones relacionadas con declaraciones del excanciller Álvaro Leyva y pidió celeridad en este caso. “Esperamos que las autoridades tomen unas decisiones rápidas al respecto”, dijo.

Incluso, en un momento de la entrevista radial, Carranza reveló que su cliente, el expresidente Gustavo Petro, le manifestó que “ya está hasta la coronilla” de las acusaciones.

El abogado pidió que Rodríguez entregue el material que dice haber visto

Consultado por la necesidad de que la defensa aporte pruebas frente a las acusaciones relacionadas con menores de edad, Carranza sostuvo que la carga inicial corresponde a quien formula los señalamientos. “Es ella la que tiene que demostrar todo eso”, afirmó. Dijo que, si Rodríguez asegura haber visto archivos en un computador, debe entregarlos a la Fiscalía para que se establezca su autenticidad, su contenido y cualquier eventual responsabilidad penal.

Carranza rechazó que el equipo jurídico de Petro deba probar que las mujeres mencionadas por Rodríguez no ejercían prostitución o que no existieron los hechos denunciados. “No tengo cómo probarle eso. Eso lo tiene que probar el que dice que lo vio, eso lo tiene que probar el que dice que estuvo”, declaró. A la vez, sostuvo que cuenta con testimonios de antiguos integrantes del Dapre sobre el manejo de dineros durante la administración de Rodríguez, los cuales deberán contrastarse dentro de los procesos que se inicien.

Vale mencionar que Angie Rodríguez ha manifestado su intención de que no se retractará de sus denuncias y ha pedido que los hechos sean investigados por las autoridades competentes.