Piden investigar gestión del alcalde de Arauca en un proyecto de acueducto y alcantarillado por $43.382 millones: esta es la razón

La Veeduría para la Transparencia Ciudadana radicó una denuncia penal, una queja disciplinaria y una solicitud de control fiscal preventivo ante los organismos de control para que se investigue la gestión del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, y del exgerente de Emserpa -empresa de acueducto- César Alessander Gutiérrez Rojas.

Las acciones buscan esclarecer presuntas irregularidades en la contratación de obras de acueducto y alcantarillado por un valor de $43.382 millones, así como determinar si existen posibles responsabilidades por parte de los funcionarios involucrados.

Las acciones de control se centran en el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1481 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía de Arauca, y en el posterior Contrato de Obra No. 144 de 2026 adjudicado por Emserpa a la firma Mopen S.A.S.

Las presuntas irregularidades en el proceso de contratación

De acuerdo con el documento de denuncia y el requerimiento preventivo emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, al que tuvo acceso Infobae Colombia, el proceso de selección IP-005-2026 se adelantó bajo la modalidad de invitación pública de régimen especial, omisión que permitió declarar el proyecto exento de la aplicación obligatoria de los pliegos y documentos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico.

La veeduría ciudadana y el organismo de control señalaron que la entidad contratante fijó un cronograma de tan solo cuatro días hábiles entre la publicación de los pliegos y el cierre de la convocatoria, sin realizar audiencias públicas de asignación de riesgos ni de adjudicación.

Pese a que el proceso en la plataforma Secop II registró 16 visualizaciones de interesados, se presentó únicamente una propuesta correspondiente a la empresa Mopen S.A.S., a la cual se le adjudicó el contrato por el 99,97% del presupuesto oficial asignado.

De igual forma, la Procuraduría identificó que en el Registro Único de Proponentes y en el certificado de matrícula mercantil de la firma seleccionada consta que la entidad figura bajo la razón social Mopen S.A.S. en liquidación, con una reincorporación de registro efectuada apenas 21 días antes del cierre del proceso licitatorio.

Concentración del presupuesto y el rol de los mandatarios locales

Otro de los hallazgos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y fiscales se relaciona con la estructura de costos del proyecto de infraestructura.

En el análisis de la composición presupuestal se detectó que el ítem destinado exclusivamente al transporte de material pétreo asciende a $23.390 millones, cifra que equivale al 53,9% del valor total de la obra pública.

Frente al rol del alcalde Juan Alfredo Qüenza, la denuncia solicita investigar su responsabilidad en calidad de determinador por haber formulado y presupuestado el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, designar a Emserpa como entidad ejecutora y abstenerse de ejercer el control de tutela sobre la empresa municipal para evitar el riesgo en los recursos del Estado.

Respecto a César Alessander Gutiérrez, exgerente de Emserpa, se pide examinar su conducta penal, disciplinaria y fiscal por haber aprobado el pliego de condiciones, fijado los requisitos de experiencia, aceptado la oferta única y firmado el contrato estatal.

Recomendación de suspender giros y solicitar informes oficiales

Ante la gravedad de los hechos expuestos, el procurador Regional de Instrucción de Arauca, Reinel Jaar Molina Martine, expidió un pliego de requerimientos y recomendaciones preventivas dirigidas a la administración municipal y a la gerencia de Emserpa, hoy a cargo de Germán Javier Castro.

El órgano de control recomendó formalmente a la empresa de servicios públicos abstenerse de tramitar, aprobar o desembolsar cualquier tipo de anticipo o pago con cargo al Contrato No. 144 de 2026 hasta tanto se aclare la legalidad del procedimiento de selección y la capacidad jurídica de la sociedad contratista.

“Poner en conocimiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de su supervisor, de la sociedad fiduciaria y de la interventoría el contenido de este oficio, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, evalúen la pertinencia de diferir cualquier aval o desembolso mientras se adopta una decisión sobre los aspectos en verificación”, sostuvo la Procuraduría en su pronunciamiento preventivo.

La entidad otorgó un plazo de tres días hábiles a la Alcaldía y a Emserpa para remitir los estudios previos, las justificaciones técnicas de los pliegos, los soportes del transporte de material y las copias de los registros de ingreso de visitantes al despacho del alcalde relacionados con la estructuración del proyecto de acueducto.