Ex jefe paramilitar Jorge 40 aceptó cargos por crímenes de las AUC en el Cesar: serían casi 150 víctimas

Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40, aceptó su responsabilidad por 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas en el departamento del Cesar, según informó la Fiscalía General de la Nación.

El exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se acogió a sentencia anticipada por crímenes cometidos entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del departamento.

Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, el exlíder paramilitar admitió cargos por homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. El trámite se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, el anterior sistema penal colombiano.

Investigación contra “Jorge 40”

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusatorio, se documentaron ataques que dejaron decenas de víctimas en el departamento de la región Caribe colombiana, donde Rodrigo Tovar Pupo asumió su responsabilidad.

Entre ellos figura el homicidio de cinco personas en el corregimiento La Meza, en Valledupar, el 11 de diciembre de 1999; el asesinato de seis personas en Los Tupes, San Diego, el 30 de mayo de 2001; y los ataques del 13 de enero de ese año en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño de Valledupar, donde murieron nueve personas.

El expediente también incluye las incursiones armadas en Lamas Verdes, Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, que causaron 20 asesinatos. Además, la Fiscalía incorporó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad.

Según el ente investigador, los hechos atribuidos al excomandante paramilitar “harían parte de un patrón de amenazas, torturas, homicidios y desplazamientos contra personas que se oponían a la presencia de las AUC en la región”. La investigación también estableció afectaciones a los territorios, las prácticas culturales y espirituales de las comunidades indígenas, así como destrucción de viviendas y bienes de la población civil.

En ese sentido, un juzgado especializado recibirá la aceptación de cargos y deberá determinar la pena correspondiente para el exjefe de las AUC.

Perfil de “Jorge 40”

Nacido en Valledupar en una familia acomodada, Rodrigo Tovar Pupo había trabajado como funcionario público y ganadero antes de vincularse con las autodefensas comandadas por los hermanos Castaño y Mancuso a mediados de la década de 1990. Bajo su mando, el Bloque Norte reunió a miles de hombres armados y extendió su control territorial, social y económico en varias zonas de la región Caribe.

Las acciones atribuidas a “Jorge 40” y a sus subordinados incluyen decenas de miles de crímenes en el norte de Colombia. Esa estructura de las AUC fue señalada por masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados cometidos durante el conflicto armado.

La masacre de El Salado, en el sur de Bolívar, quedó vinculada a su trayectoria. Testimonios de habitantes del corregimiento indican que unos 450 paramilitares ingresaron al lugar entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, asesinaron a 60 personas y provocaron la huida de cientos de familias.

También fue coautor y determinador de las masacres de Nueva Venecia o Sitio Nuevo, ocurrida en 2000, y Bahía Portete, perpetrada en 2004. Los hechos formaron parte de la expansión violenta del Bloque Norte en la costa Caribe.

La incautación de su computador portátil en 2006 expuso una red de alianzas y pactos secretos entre paramilitares y sectores de la clase política, entre ellos los acuerdos de Chivolo y Ralito. A raíz de esas revelaciones, más de 60 congresistas colombianos fueron condenados por fraude electoral, corrupción y homicidios.

Tovar Pupo se desmovilizó en marzo de 2006, pero dos años después el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe lo extraditó a Estados Unidos. Allí cumplió una condena de más de 12 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

En 2015 fue expulsado del proceso de Justicia y Paz por su renuencia a colaborar de forma eficaz y aportar la verdad completa sobre el conflicto. Posteriormente, fue deportado a Colombia en septiembre de 2020.

Desde su regreso enfrenta procesos en la justicia ordinaria y acumula más de 1.400 investigaciones activas por delitos como homicidio en persona protegida, tortura, desaparición forzada y reclutamiento ilícito. Su permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz permanece bajo evaluación por los aportes que pueda realizar a la verdad como tercero colaborador de la fuerza pública.

En fechas recientes, el exjefe paramilitar se acogió a mecanismos de sentencia anticipada y aceptó responsabilidad por múltiples delitos que dejaron más de un centenar de víctimas en el departamento del Cesar.