Diana Toro reveló presunta corrupción en el Inder y señaló el papel de un comerciante de oro en la contratación

La declaración de Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) durante la administración de Daniel Quintero, expuso presuntas irregularidades en la contratación de la entidad y señaló el papel que habría desempeñado el comerciante de oro Johny Armando Jaramillo Montoya en el manejo de recursos públicos. El testimonio, conocido por Noticias Caracol el 18 de octubre de 2026, fue entregado a la Fiscalía en febrero de 2024.

Según el informe, Toro afirmó que Jaramillo intervenía en asuntos clave del instituto desde una oficina ubicada en el décimo piso del edificio Ofix, en Medellín, donde funcionaba una comercializadora de oro vinculada al empresario. La exfuncionaria sostuvo que operadores y representantes de ligas deportivas acudían a ese lugar para gestionar asuntos relacionados con la entidad.

“Todo el mundo que quisiera hacer algo en el Inder se presentaba en Ofix”, declaró Toro, de acuerdo con la transcripción publicada por el medio.

Los señalamientos también involucran al exalcalde Daniel Quintero, a su hermano Miguel Quintero y a personas que habrían intervenido en contratos ejecutados mediante Metroparques. Entre los asuntos mencionados están un convenio para actividades deportivas y recreativas, la contratación de Cyan Eventos y los apoyos económicos entregados al equipo de baloncesto Tigrillos.

El papel de Johny Jaramillo en la contratación del Inder

Jaramillo fue candidato al Congreso por el Partido de la U en 2018 y, en 2020, fue designado miembro independiente del consejo directivo de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas de Medellín (Agencia APP).

Sin embargo, el testimonio de Toro señala una presunta influencia del comerciante en decisiones que iban más allá de esa participación institucional. La exdirectora aseguró que Jaramillo actuaba como intermediario en las negociaciones con operadores que buscaban contratar con el Inder.

En su declaración, también sostuvo que el empresario afirmaba haber aportado $1.000 millones a la campaña de Daniel Quintero y que, a cambio, habría solicitado el control de la Secretaría de Educación o del Inder si el candidato ganaba las elecciones.

La versión de Toro fue recogida por el medio en su informe sobre las presuntas relaciones entre contratación pública, intereses políticos y negocios con oro. Se trata de afirmaciones atribuidas a la exfuncionaria y no de hechos que puedan darse por probados únicamente a partir de su declaración.

El convenio de $22.000 millones entre el Inder y Metroparques

Uno de los asuntos centrales de la investigación es un convenio interadministrativo entre el Inder y Metroparques, por $22.000 millones, destinado al desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física.

Según el noticiero, la Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la justificación y el análisis presupuestal del convenio, así como en la selección de Cyan Eventos para ejecutar los servicios. Los investigadores señalaron posibles sobrecostos cercanos a los $4.000 millones.

Toro describió el procedimiento como una cadena de contratación en la que Metroparques recibía los recursos del Inder y posteriormente contrataba a Cyan Eventos para desarrollar las actividades.

“Los operadores primero se reunían siempre con Johny, digamos que a cerrar el negocio”, afirmó la exdirectora, según la transcripción del medio.

En ese relato mencionó a Yuberth Antonio Ordóñez Vergara, quien se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica del Inder, y a Juan Camilo Londoño Barrera, contratista de la entidad y posteriormente representante a la Cámara. Según Toro, ambos participaban en las gestiones posteriores de los negocios.

La exdirectora fue imputada en octubre de 2024 por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de acuerdo con una publicación de Caracol Radio del 7 de octubre de ese año. En ese proceso, la Fiscalía también había imputado a Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, y a Mauricio Jaramillo, representante legal de Cyan Eventos y Logística.

Este medio radial informó entonces que Toro se declaró inocente. La imputación no constituye una condena.

Las presuntas presiones políticas a trabajadores del Inder

Otro de los señalamientos de Toro se relaciona con la supuesta utilización de trabajadores y contratistas de la entidad para favorecer la campaña política de Juan Camilo Londoño.

La exfuncionaria afirmó que Jaramillo, con la participación de Londoño y Ordóñez, habría promovido reuniones políticas y exigido a los trabajadores diligenciar un formulario distribuido mediante un enlace de WhatsApp. Según su declaración, allí debían registrar información personal y familiar, incluidas direcciones, teléfonos y datos de sus puestos de votación.

Toro sostuvo que quienes no asistían a las reuniones podían ser despedidos y que, posteriormente, comenzaron a solicitarles dinero.

Londoño fue elegido representante a la Cámara por Antioquia en 2022, con cerca de 29.000 votos, según la información difundida. Durante la administración de Quintero se había desempeñado como contratista del Inder.

Las presuntas presiones descritas por Toro forman parte de su declaración ante la Fiscalía. La información suministrada no permite establecer una responsabilidad judicial definitiva de todas las personas mencionadas en ese relato.

Tigrillos recibió $3.100 millones en apoyos del Inder

La exdirectora también identificó los recursos destinados al equipo de baloncesto Tigrillos como uno de los principales motivos de sus desacuerdos con Jaramillo y de su posterior salida del cargo.

Según Toro, el empresario le habría comunicado que compraría el equipo, identificado anteriormente como Academia de la Montaña. La exfuncionaria sostuvo que, después de esa adquisición, comenzaron las solicitudes de recursos públicos para financiarlo.

En su declaración, relató que las peticiones aumentaron progresivamente: primero se habló de $300 millones, después de $800 millones y luego de sumas de $1.500 millones y $2.000 millones.

Toro cuestionó esas solicitudes porque, según explicó, el Inder necesitaba dinero para otras actividades, entre ellas los juegos escolares.

“Yo decía: “¿Pero cómo le vamos a regalar?”“, manifestó al referirse a los recursos solicitados para Tigrillos.

La investigación periodística estableció que el equipo recibió apoyos por $3.100 millones durante la administración de Quintero. De ese monto, Toro firmó dos convenios por $800 millones; su sucesor, Carlos Mario Romero, entregó $1.200 millones, y la exsubdirectora Isabella Luna Mesa autorizó otros $300 millones.

Toro también afirmó que algunos integrantes del equipo, como fisioterapeutas, entrenadores y asistentes, no recibían sus pagos pese a los apoyos económicos entregados.

“La plata que se le daba a Tigrillos no estaba llegando a Tigrillos y a sus funciones”, aseguró en su testimonio. Esa afirmación corresponde a la versión de la exdirectora sobre el destino de los recursos.

La exfuncionaria agregó que había informado sus inquietudes al entonces alcalde Daniel Quintero y al secretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Según su relato, después de esa conversación, Restrepo habría llamado la atención a Jaramillo y le habría pedido retirar de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con el club.

Golden Platino y las investigaciones sobre el negocio del oro

Los señalamientos sobre Jaramillo coinciden con las investigaciones periodísticas de Caracol Radio sobre las actividades de Golden Platino Colombia S. A. S., también mencionada como Platino Golden Colombia, una comercializadora de oro vinculada al empresario.

En un informe publicado el 9 de septiembre de 2026, el medio señaló que la Fiscalía tenía testimonios y documentación sobre un presunto esquema de lavado de activos relacionado con recursos que habrían provenido de hechos de corrupción durante la administración de Quintero.

Según la radio, Golden Platino Colombia registró un crecimiento importante de sus ingresos durante esos años. La compañía reportó ingresos por $83.139 millones en 2020 y $112.000 millones en 2021. En 2022, la cifra fue de $39.744 millones, mientras que en 2023 descendió a $307 millones.

También informó sobre Scaling Up Zen Mile Gold S. A. S., una comercializadora de oro y minerales matriculada el 30 de diciembre de 2020. La sociedad habría compartido dirección con Golden Platino Colombia en Medellín y tuvo como representante legal a Laure Dalel Curi Cure desde 2021. La empresa entró en liquidación en 2025.

En septiembre, el medio informó además que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó información al FBI durante una visita a Estados Unidos a finales de agosto. Según Caracol, los datos estaban relacionados con posibles operaciones de envío de oro y criptomonedas al exterior que presuntamente habrían involucrado recursos provenientes de hechos de corrupción.

Las investigaciones buscan establecer si existió una conexión entre la contratación pública, los recursos destinados a actividades deportivas y las operaciones comerciales de las empresas señaladas.