Hasta el martes 20 de octubre de 2026, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes tienen plazo para debatir y aprobar el Presupuesto General de la Nación que tendrá vigencia en el año 2027, cuyo monto es de 634,9 billones de pesos.
La ponencia final para la segunda discusión fue radicada el jueves 15 de octubre por los coordinadores y ponentes de la iniciativa económica, luego de que fuera aprobada en primer debate en las Comisiones Económicas conjuntas del legislativo.
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De acuerdo con la agenda legislativa establecida para la tercera de octubre, ambas corporaciones citaron a plenaria para el lunes 19 del mes, con el propósito de avanzar en la discusión y aprobación de la propuesta, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Vale mencionar que en la cámara baja se avanzó en el debate, pero finalmente fue aplazado para las 10:00 a. m. del 19 de octubre, ya que durante la sesión no se alcanzó a examinar a fondo el presupuesto.
Diferencias en el legislativo
En su explicación, Christian Garcés, senador del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, sostuvo que los recursos de inversión se redujeron por el aumento de los gastos de funcionamiento y del endeudamiento.
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El parlamentario afirmó que lograron que el Gobierno incrementara las partidas para la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, con el argumento de fortalecer las garantías democráticas.
Sin embargo, diferentes bancadas han cuestionado las demoras en la entrega del presupuesto regionalizado. El representante Víctor Salcedo, del partido de La U, advirtió que el Presupuesto General no incluye una partida para atender a las personas afectadas por el terremoto.
“No se vio buen ambiente, pero no podemos votar si no está el regionalizado. No hay en el Presupuesto General un rubro para atención para los damnificados del terremoto, y ahí es donde nos asalta la duda y es por qué rubros se van a hacer las inversiones. Hay Fondo Milagro, y fundación de la primera dama, pero necesitamos certezas”, afirmó.
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Por este motivo, la reciente sesión de la Cámara de Representantes fue aplazada para el lunes 19 de octubre.
Frente a ello, desde la bancada de oposición señalaron que el aplazamiento del debate obedeció a las diferencias entre el Gobierno y distintos sectores del Congreso sobre la distribución de los recursos y la conducción del debate.
“Trajeron el presupuesto regionalizado hace quince minutos y querían que el Congreso de la República, en tan solo quince minutos, pudiera defender las regiones y los territorios”, señaló Marco Hincapié, representante del Pacto Histórico.
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Se espera que en ambos debates, más de 700 proposiciones de los congresistas deberán ser estudiados antes de su aprobación en ambas corporaciones. Los ajustes fueron tramitados a través del Ministerio de Hacienda.
Lo que se discutirá
De acuerdo con el texto radicado en el Congreso, la iniciativa plantea cambios sobre subsidios, inversión territorial y austeridad.
El monto, que equivale al 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB), conserva el total aprobado en primer debate, pero redistribuye recursos entre deuda, funcionamiento e inversión.
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La distribución prevista asigna $393,2 billones a gastos de funcionamiento, $147,1 billones al servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión. En el primer debate, la deuda tenía una partida de $155 billones y la inversión contaba con $86,9 billones.
El proyecto garantiza $3 billones para subsidios de energía y gas, y reserva $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para terremotos, otros desastres y prioridades adicionales.
Garcés presentó dos proposiciones para modificar artículos de la ponencia. La primera complementa el artículo 92, que crea un programa de austeridad y eficiencia del gasto para las entidades incluidas en el presupuesto nacional.
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La iniciativa plantea que el Ministerio de Hacienda formule y publique, en un plazo máximo de tres meses, un programa con metas cuantificables de ahorro, indicadores de gestión y eficiencia, porcentajes de reducción del gasto y mecanismos de seguimiento. Los recortes se concentrarían en gastos no esenciales, entre ellos la contratación por prestación de servicios, trabajadores en misión, viáticos, eventos, publicidad y viajes.
La segunda proposición de Garcés modifica el artículo 91 para destinar $3,9 billones de los recursos apropiados en Hacienda a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Los fondos tendrían uso exclusivo para atender a las familias afectadas, reconstruir viviendas e infraestructura pública y social, y restablecer las condiciones económicas de los territorios impactados.
Del mismo modo, se incorporó un nuevo artículo que ordena que los recursos cobrados en peajes de la red vial nacional no concesionada se inviertan primero en rehabilitar, conservar y mantener la misma carretera donde fueron recaudados. Cuando esa vía cumpla los estándares técnicos, los excedentes podrán dirigirse a otras rutas no concesionadas del departamento de origen, de acuerdo con la ponencia citada por Semana.
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El congresista, en diálogo con Blu Radio, confía en que el Presupuesto salga adelante tanto en Senado como en Cámara de Representantes, al considerar que tiene los votos necesarios para su aprobación y posterior sanción presidencial.
“Los congresistas, en su mayoría, somos conscientes de la grave situación fiscal que tiene la nación”, dijo.
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