
Los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Tolima, junto con el Museo Rayo de Roldanillo, expresaron su preocupación por la salida de obras y objetos de las exposiciones abiertas al público del Museo Nacional. En un documento conjunto, las instituciones señalaron que las decisiones sobre las piezas no deben responder a afinidades políticas y reclamaron que cualquier modificación de los relatos museográficos se sustente en investigación, argumentos curatoriales y diálogo público.
“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron las instituciones en el texto dirigido a la ciudadanía colombiana y a la ministra de Cultura.
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El pronunciamiento se produjo después de que al menos 30 obras fueran retiradas de las exposiciones del Museo Nacional en Bogotá, entre ellas afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de izquierda asesinados a comienzos de la década de 1990.
La decisión estuvo precedida por declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura. En esa ocasión, el mandatario anunció instrucciones para retirar de los espacios públicos piezas que, según su planteamiento, constituían una apología del terrorismo. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, dijo el presidente.
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Los museos defienden la autonomía curatorial

En la declaración, las seis instituciones señalaron que los museos tienen la responsabilidad de presentar la complejidad de la historia colombiana, incluidas las experiencias que generan desacuerdos o incomodidad. También sostuvieron que las obras de arte y los objetos de memoria permiten reconocer las experiencias, luchas y vidas que forman parte del país.
“Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”, indicaron los firmantes.
El documento plantea que la memoria histórica es fragmentaria y se construye a partir de experiencias diversas, silencios, desacuerdos y transformaciones. Desde esa perspectiva, las instituciones señalaron que su función consiste en establecer relaciones entre distintas versiones del pasado y propiciar espacios en los que puedan encontrarse múltiples miradas.
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Los museos también reconocieron que sus relatos son incompletos y pueden revisarse. Sin embargo, sostuvieron que las modificaciones deben realizarse mediante procesos de investigación, incorporación de nuevas voces y diálogo con las comunidades y personas representadas en las piezas. “Si una interpretación resulta insuficiente, corresponde complejizarla, hacer visibles sus límites y ponerla en conversación con otras experiencias”, señala el pronunciamiento.

En ese sentido, las instituciones solicitaron a la ministra de Cultura que garantice la autonomía profesional de los museos y promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas, con participación de los equipos curatoriales y de las comunidades vinculadas con los objetos retirados.
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La declaración también advierte que imponer una versión única de la historia mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia. Según los firmantes, los museos contribuyen a la paz y la reconciliación al permitir que las diferencias se expresen y entren en relación.
Antecedentes de la controversia por los símbolos históricos

El retiro de las piezas se enmarca en una discusión sobre la representación de figuras y símbolos relacionados con la historia política reciente de Colombia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, entonces encabezado por Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero que Carlos Pizarro utilizó durante la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco.
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Ese objeto hizo parte de una serie de símbolos promovidos durante la anterior administración, entre los que también estuvieron la espada de Simón Bolívar, una bandera utilizada durante la guerra de Independencia y la sotana del sacerdote Camilo Torres. Su utilización en escenarios políticos generó críticas de distintos sectores.
Ahora, la controversia se centra en el retiro de las obras que hacen parte del Museo Nacional de Colombia. Tanto así que durante la tarde y noche del sábado 17 de octubre, más de 500 personas se congregaron allí para protestar en defensa de la preservación y conservación de la memoria histórica del país. En el lugar también se observó la presencia de integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), creada en el gobierno de De la Espriella, quienes custodiaban las instalaciones.
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Entre las convocantes de la manifestación estuvo la exsenadora María José Pizarro, quien publicó en su cuenta de X la convocatoria para las 12:30 p. m. y pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, garantizar y respetar el carácter pacífico de la jornada. A la protesta asistieron el exministro de Cultura Juan David Correa, las exministras Patricia Ariza y Susana Muhamad, así como colectivos feministas e integrantes de organizaciones de la población Lgbtiq+.
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