La Corte Suprema enviaría a juicio al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presunta financiación de Los Rastrojos Costeños: estas serían las pruebas

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella mantiene sus advertencias a mandatarios locales que, presuntamente, hayan incurrido en irregularidades con recursos públicos o que se haya comprobado supuestas alianzas con grupos criminales, en la mañana del domingo 18 de octubre se conoció un nuevo proceso contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

Según información revelada por la revista Cambio, el mandatario sucreño iría a juicio por la acusación de haber financiado con $1.500 millones a Los Rastrojos Costeños, una estructura armada surgida tras la desmovilización paramilitar.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que el respaldo económico habría buscado fortalecer su liderazgo político y garantizar apoyo electoral en municipios de Sucre.

La decisión, aún en proceso de notificación, habría sido adoptada con ponencia conjunta de los magistrados César Reyes y Misael Rodríguez. La entonces magistrada Cristina Lombana salvó su voto antes de asumir la Secretaría de Transparencia, según reveló el medio nacional.

El expediente incorporaría interceptaciones judiciales de 2024 que, para la Corte, mostrarían presuntas maniobras para acomodar testimonios favorables al mandatario. Las comunicaciones involucran al abogado Roger Díaz Morales y a Samir Otero de la Ossa, alias Computador, exintegrante del Bloque Héroes de los Montes de María.

La acusación se apoya en declaraciones entregadas desde 2012 por los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto. Ambos señalaron que Acuña habría entregado recursos a Los Rastrojos Costeños por medio del abogado Gian Carlo Paredes y mediante contratos de obra.

“A nosotros nos aportó para la organización, nos mandó por todo el tiempo que estuvimos allá, nos dio casi 1.500 millones de pesos”, afirmó Juan Manuel Borré, conocido como “Pistón”, en una declaración de 2012 que se hizo pública cuatro años después.

Borré sostuvo que Acuña ordenó homicidios de líderes de restitución de tierras en 2009 y 2010, y señaló a los abogados Nelson Stand y Gian Carlo Paredes como contactos con la estructura armada. También lo describió como “la pluma política” de Los Rastrojos en Sucre.

El exparamilitar, condenado a 34 años de prisión y expulsado de Justicia y Paz tras fugarse en 2011, afirmó que el grupo intervenía en campañas políticas, orientaba votaciones y cometía extorsiones, tráfico de droga y homicidios selectivos. La organización mantenía una confrontación con Los Urabeños, grupo conocido actualmente como Clan del Golfo.

“Yahir Acuña era muy reconocido, un cacique político en la Costa, en Sucre y en Bolívar y en Córdoba”, declaró Borré. Según su versión, los homicidios de reclamantes de tierras en San Onofre respondían a intereses para obtener el control político de esos departamentos.

El testimonio fue reiterado ante la Fiscalía y la Corte Suprema al menos en dos oportunidades. A él se añadieron los señalamientos de Brayan Borré y de Edwin Zambrano Pinto, otro exparamilitar que trabajó con Jorge Luis Romero, hijo de Enilse López, “La Gata”, que cumplió casi 20 años de prisión.

Zambrano dijo que Acuña era una de las personas que les dieron “guía y formas de ingreso a Sucre”. También sostuvo que Juan Manuel Borré trabajó desde prisión para preservar esos vínculos entre estructuras armadas y dirigentes políticos.

“Él colaboró con la organización grande que era la AUC”, afirmó Zambrano sobre Acuña. “Esa misma conexión, con Juan Manuel Borré, volvió y la conectó, o volvió a tener nexos con ella, con Los Rastrojos Costeños”, continuó.

La Corte examinó el ascenso político de Acuña como parte del contexto de la acusación. Integró el Consejo Académico de la Universidad de Sucre en 2002, pero renunció para aspirar al Concejo en 2003, cargo al que llegó para el período 2004-2007 con el Movimiento Nacional Progresista.

Luego fue diputado de la Asamblea Departamental de Sucre entre 2007 y 2009. Renunció para buscar una curul en la Cámara de Representantes, inicialmente con Apertura Liberal y después con el Partido de Integración Nacional.

Acuña fue elegido representante a la Cámara para el período 2010-2014 por comunidades afrodescendientes con el aval de Afrovides. Renovó su escaño entre 2014 y 2018 con el movimiento Cien por Ciento Colombia, antes de dejar la curul para aspirar a la Gobernación de Sucre, candidatura que finalmente no presentó.

Su esposa, Milene Jarava, se postuló entonces sin éxito. Para la Corte, esa trayectoria reflejaría un “ascenso rápido pero errático” en la política regional, en el que el financiamiento y el respaldo de estructuras ilegales habrían permitido asegurar votos y dominio territorial.

El alto tribunal, según reveló Cambio, sostuvo que Acuña habría potencializado la acción de un grupo integrado por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que retomaron las armas. La finalidad, según la decisión, habría sido recibir respaldo político en varios municipios de Sucre y garantizar su liderazgo durante su período en la Cámara.

Interceptaciones, pagos y un testimonio bajo sospecha

El caso de Gian Carlo Paredes ocupa un lugar central en las interceptaciones. Aunque inicialmente dijo que nunca conoció a Acuña y aseguró que solo le adeudaban $30 millones como abogado de Juan Manuel Borré en Justicia y Paz, la Corte afirmó que su comportamiento posterior contradijo esa versión.

El 25 de julio de 2024, luego de que le abrieran un desacato, Paredes dijo en una conversación intervenida que había recibido un “cariñito” del alcalde. “Yahir me mandó una plática ahí, con eso pagué los dos semestres”, expresó.

La otra secuencia corresponde a Samir Otero de la Ossa. El exparamilitar declaró en 2010 que no conocía a Acuña, pero en 2011 y 2018 sostuvo que sí y señaló que alias “Cadena” le había entregado $40 millones en Santa Fe de Ralito.

Otero también afirmó que Oswaldo Ochoa lo amenazó para que no declarara contra Acuña. En una declaración posterior reconoció que había testificado a favor del político, pero que cerca de 15 días después remitió un correo a la Corte para explicar lo ocurrido.

El testigo dijo que modificó su versión por dinero y amenazas. En 2024 pidió nuevamente ser escuchado para declarar en favor del alcalde, pero la Sala de Instrucción consideró que su importancia no estaba en sus testimonios previos sino en las comunicaciones intervenidas junto a Díaz.

La secuencia comenzó después de que Salvatore Mancuso afirmara en una entrevista radial, el 12 de junio de 2024, que Acuña había tenido “ciertas” relaciones con las AUC y que alias “Cadena” conocía detalles de esos vínculos. La Corte sostuvo que Díaz aprovechó esa declaración para impulsar un escrito de Otero.

El 18 de junio, Díaz dijo a un tercero que usaría lo dicho por Mancuso para pedirle a “Computador” una declaración. Al día siguiente, Otero informó que el documento ya estaba listo y con sello, mientras Díaz pidió una captura de pantalla para enviársela a Acuña.

Díaz visitó a Otero en prisión el 20 de junio, fecha consignada en el escrito, y le pidió corregir la primera página. El 25 de junio le transmitió lo que, según dijo, había hablado con Acuña: si el documento era útil y prudente para presentarlo ante la Corte, el alcalde ayudaría al testigo “con alguna vainita” la semana siguiente.

Cuatro días después, Díaz explicó que el escrito debía enviarlo directamente Otero porque resultaría sospechoso que él lo hiciera. Ese mismo 29 de junio, la solicitud llegó desde el correo electrónico del recluso.

“Ya él me entregó los dos millones de pesos, ya yo tengo lo mío aparte, entonces me mandas el destinatario para mandarte lo tuyo”, le dijo Díaz a Otero, según reveló Cambio. La Corte determinó que Acuña habría entregado al testigo $5,5 millones por medio del abogado.

Las llamadas también registraron un repaso del testimonio antes de la declaración de Otero. El 6 de agosto de 2024, Díaz le indicó cómo responder si le preguntaban por los Borré y le sugirió negar cualquier trabajo de Acuña con “Cadena”.

Díaz propuso que Otero mencionara al exsenador Álvaro García como responsable de indisponerlo con las autodefensas. Cuando el testigo sugirió decir que Nelson Stand llevó a Acuña a hablar con “Cadena” en 2003, el abogado lo rechazó: “No, marica. No, no, no puedes decir eso. Ese man nunca pudo haber estado por allá”.

El 13 de agosto, Otero declaró en Bogotá luego de que la Corte negara su solicitud de hacerlo de forma virtual. Durante esa diligencia pidió disculpas a Acuña por haberlo mencionado anteriormente.

Para la Sala de Instrucción, el plan incluía negar amenazas previas, descartar vínculos entre Acuña y las AUC, sostener que “Cadena” lo había declarado objetivo militar y omitir cualquier relación con Nelson Stand. También contemplaba negar que Juan Manuel Borré hubiera sido paramilitar.

Tras la diligencia, Otero llamó a Díaz y le dijo: “Todo salió de maravilla, no te digo que ni el abogado, todos se quedaron callados, cero preguntas. Le dices a Yahir que todo salió bien”, señala el fallo conocido por Cambio.

Después de ser trasladado desde la cárcel de Valledupar a La Picota, en Bogotá, el testigo habría reclamado el pago. En septiembre habría amenazado con retractarse ante la Corte y acudir a los medios si no recibía el dinero acordado.

Díaz le habría indicado que fuera a un lugar donde le entregarían “cuatro millones”. Según la Corte, las conversaciones permitieron establecer que expresiones como “el Negro”, “el Negrito”, “el jefe”, “el paciente” y “el color” se usaban para referirse a Acuña.

La defensa del alcalde y los procesos pendientes

Investigado desde 2019 por este expediente, Acuña sostuvo ante la Corte que es víctima de una persecución política. Afirmó que ha denunciado a grupos armados ilegales y negó conocer a los hermanos Borré.

“En el año 2010 los denuncié en el Congreso de la República. En el año 2013 los vuelvo a denunciar. En el año 2014 los vuelvo a denunciar”, declaró. “No tengo ningún tipo de relación directa ni indirecta con esa gente. Cero”.

El alcalde cuestionó la credibilidad de sus acusadores y dijo desconocer quién estaría detrás de los señalamientos. “Seguramente habrá algún móvil político, alguna cosa”, añadió.

La Corte desestimó esos argumentos y sostuvo que existen pruebas de la presunta financiación ilegal, cargo del que Acuña deberá defenderse durante el juicio. El proceso se suma a otra investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito y a cuatro expedientes por presunta corrupción que la Fiscalía trasladó de Sincelejo a Bogotá por razones de seguridad.