Firmantes de paz alertaron por su seguridad jurídica y piden garantías ante incertidumbre por el futuro de la JEP: “Estamos firmes por la paz”

Más de 300 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 se congregaron en la tarde del sábado 17 de octubre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, en un encuentro centrado en la seguridad jurídica, las garantías de protección y la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante la jornada, participantes de distintos procesos organizativos, productivos y políticos coincidieron en la necesidad de mantener la unidad y defender el cumplimiento del acuerdo suscrito con la antigua guerrilla de las Farc.

La reunión se produjo en medio del debate político sobre el funcionamiento de la JEP, las iniciativas legislativas que buscan modificar algunos aspectos de su competencia y las discusiones presupuestales que afectan a esta jurisdicción. Los asistentes también se refirieron a las condiciones de seguridad de quienes dejaron las armas y se acogieron al proceso de reincorporación.

José Zamora, firmante de paz, explicó a Infobae Colombia que el encuentro surgió de la decisión de reunir a diferentes organizaciones de firmantes para fortalecer sus vínculos y coordinar acciones alrededor de sus reivindicaciones. “Hemos decidido juntarnos, reencontrarnos primero que todo con tres elementos fundamentales: la unidad, la organización y la movilización”, afirmó.

El firmante agregó que la convocatoria busca articular sus esfuerzos alrededor de objetivos comunes relacionados con la reincorporación y la implementación del acuerdo. “Yo creo que el momento histórico del país nos lleva a eso, a que limemos asperezas, a que nos juntemos en torno a nuestra historia, a nuestro querer político, a nuestro quehacer diario y luchar por las reivindicaciones de la reincorporación con justicia social, de la reincorporación comunitaria, de la paz y del cumplimiento del acuerdo final de paz. Ese es el objetivo fundamental, es recordar que el elemento que nos trae es la unidad, la organización y la movilización”, señaló.

Seguridad jurídica y protección para los firmantes

Jorge Suárez, también firmante del acuerdo e hijo del “Mono Jojoy”, quien fue miembro del Secretariado de las Farc, indicó que la preocupación por la continuidad de la paz y las condiciones de seguridad reunió a los asistentes, pese a las diferencias existentes entre ellos.

“Hemos encontrado acá, a pesar de nuestras diferencias entre los firmantes del acuerdo de paz que tenemos, pero nos ha unido una sola voz. La voz que nos ha unido hoy, que nos ha traído este evento donde nos hemos vuelto a mirar a los ojos los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, es nuestra vida, es vivir, porque no queremos, no queremos más nunca la guerra. Queremos decirle a la sociedad colombiana que nosotros como firmantes del acuerdo de paz de 2016 siempre estaremos aquí firmes por la paz”, manifestó.

El participante también se refirió a las condiciones de seguridad en los territorios y a los asesinatos de excombatientes que se han registrado desde la firma del acuerdo. “Hemos sido asesinados más de 503 firmantes del acuerdo de paz al día de hoy, y eso no lo podemos dejar pasar por alto y mucho menos en la coyuntura que estamos viviendo de país”, advirtió.

Los cuestionamientos a la JEP y las reformas en el Congreso

Durante su intervención, Suárez vinculó las preocupaciones de los firmantes con las discusiones sobre el futuro de la jurisdicción creada en 2016 para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado por quienes se sometieron a su competencia.

“Los firmantes de paz hoy nos encontramos en una coyuntura sumamente compleja por nuestra seguridad jurídica, por la seguridad de las vidas y todo lo que está pasando con la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que precisamente se creó para hacer todo este proceso dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero que lo quieren acabar”, afirmó.

La preocupación expresada por Suárez y los demás firmantes de paz se da en medio de los cuestionamientos al funcionamiento de la JEP por parte de sectores políticos que promueven cambios en sus competencias y en los mecanismos de revisión de sus decisiones.

Entre las iniciativas presentadas en el Senado figuran el Proyecto de Acto Legislativo 004 de 2026, que plantea una revisión extraordinaria de las sentencias sancionatorias de la JEP contra integrantes de la fuerza pública, y el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026, que propone establecer marzo de 2028 como fecha límite para el funcionamiento de esa jurisdicción.

A estas discusiones se suma el debate sobre el presupuesto de la entidad para 2027. Las proposiciones presentadas durante el trámite presupuestal contemplan una reducción de $170.000 millones, de los cuales $100.000 millones se destinarían a la justicia ordinaria y $70.000 millones al deporte. La modificación está pendiente de los últimos debates del Presupuesto General de la Nación.

Frente a este panorama, Suárez reiteró el llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella para que atienda las preocupaciones de quienes firmaron el acuerdo y garantice condiciones para continuar con su reincorporación. “Le decimos al Gobierno nacional que estamos acá firmes por la paz los firmantes del acuerdo de paz de 2016 y que siempre toda nuestra convicción será en pro de construir un mejor país con justicia social”, concluyó.