Director del Centro de Memoria defendió el retiro de piezas del M-19: ”Quien quemó el Palacio de Justicia no es prócer de nada"

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, intervino en la controversia por el retiro de piezas relacionadas con Carlos Pizarro del Museo Nacional de Colombia y sostuvo que la institución no debe exponer a integrantes de grupos armados como “próceres”.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la memoria del M-19, la toma del Palacio de Justicia y los vínculos que la Comisión de la Verdad estableció entre esa guerrilla y el Cartel de Medellín.

La discusión comenzó después de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenara archivar piezas alusivas al excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), entre ellas afiches de su campaña presidencial. La medida derivó en protestas frente al museo, ubicado en Bogotá, y abrió cuestionamientos de historiadores, artistas, activistas y opositores a la decisión.

Córdoba afirmó que el Museo Nacional no debe rendir homenaje a grupos armados

Córdoba fijó su postura a través de su cuenta oficial en X, en la que cuestionó la presencia de referencias a Carlos Pizarro en exposiciones estatales. “El Museo Nacional no es un altar para mostrar a los criminales M-19, las Farc o el ELN. Quien secuestró, asesinó y quemó el Palacio de Justicia no es prócer de nada”, escribió el director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El funcionario también aludió a la ruptura de la tregua entre el M-19 y el Gobierno en 1985. Según su publicación, en julio de ese año la organización guerrillera difundía consignas como “Por la paz a luchar y vencer” y “Con las armas al poder”. Cuatro meses más tarde, el 6 de noviembre de 1985, el grupo se tomó el Palacio de Justicia.

Córdoba planteó que ese episodio contradice los discursos posteriores sobre paz y participación política. “Hablar de paz con el fusil apuntando al pueblo es lo que hacen aún las Farc y el ELN”, señaló.

La entidad que dirige replicó ese mensaje en su página oficial y recordó otros documentos históricos atribuidos al M-19. Uno de ellos corresponde a 1974, cuando la guerrilla anunció en su periódico que “ajusticiaría implacablemente” a miembros de la Alianza Nacional Popular (Anapo) que desobedecieran sus órdenes. La publicación compartió una portada titulada “El M-19 alista ajusticiamientos”.

El director recordó el caso de José Raquel Mercado y la toma del Palacio

En otra de sus intervenciones, Córdoba citó una entrevista televisiva en la que Pizarro aseguró que dentro del M-19 existía interés por evitar que la guerra “degradara” a la organización y por alejarse de la tortura. Frente a esa afirmación, el director del Centro de Memoria mencionó el asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, secuestrado y ejecutado por la guerrilla en 1976 después de un denominado “juicio del pueblo”.

También incluyó a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia dentro de su crítica al tratamiento museográfico de Pizarro y de otros integrantes de la organización. La toma de noviembre de 1985 dejó una de las heridas más profundas del conflicto colombiano, con magistrados, empleados judiciales, visitantes, integrantes de la fuerza pública y guerrilleros entre las víctimas.

Las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica insistieron en que el debate sobre las piezas retiradas no puede desligarse de esos antecedentes. La institución sostuvo que la exposición de objetos relacionados con el M-19 debe considerar tanto su posterior tránsito a la vida política legal como las acciones armadas que marcaron su historia.

El Centro de Memoria citó el informe sobre los vínculos con Pablo Escobar

Córdoba añadió a la controversia una referencia a los contactos entre el M-19 y el Cartel de Medellín. En sus mensajes, afirmó que la guerrilla recibió dinero de la organización dirigida por Pablo Emilio Escobar Gaviria y participó con ella en “acciones criminales conjuntas”.

El director atribuyó esa conclusión al informe elaborado en 2010 por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, creada por la Corte Suprema de Justicia. La página del Centro Nacional de Memoria Histórica reprodujo esa lectura y sostuvo que el documento halló elementos que apuntaban a una conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín para el asalto al edificio judicial.

“Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, indicó la entidad. El informe fue elaborado por tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, corporación que fue blanco de la toma guerrillera.

Las declaraciones de Córdoba trasladaron el foco de la discusión desde el desmontaje de obras hacia la interpretación pública del pasado armado de Pizarro y del M-19. El debate incluye una pregunta de fondo: si los museos estatales deben exhibir esos objetos como parte de la memoria histórica, aun cuando estén ligados a protagonistas de hechos violentos.