3 personas fueron capturadas y judicializadas por extorsionar a un grupo de conductores de transporte de servicio público en Soacha

Tres personas —una mujer adulta y dos adolescentes de 16 años— fueron capturadas en flagrancia en Soacha, Cundinamarca, mientras recibían dinero producto de una red de extorsión que operaba contra conductores de transporte público en el municipio.

La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de extorsión agravada por amenazar a 20 transportadores y obligarlos a pagar cuotas semanales de entre $22.000 y $50.000 pesos por vehículo a cambio de permitirles trabajar. Los tres procesados rechazaron los cargos.

La organización delictiva operó durante al menos dos meses en el paradero de una ruta de servicio público que conecta distintos barrios del municipio.

La Fiscalía identificó a los tres presuntos responsables: Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores cuya identidad no se divulga por ser inimputables.

El esquema funcionaba con una metodología precisa: los conductores eran abordados físicamente en el paradero para obtener los números de teléfono de otros colegas que circulaban por el mismo trayecto. Luego recibían llamadas en las que personas que se identificaban como integrantes de un grupo delincuencial les comunicaban el monto a pagar.

Durante la audiencia, el fiscal del caso dijo: “El 28 de septiembre del año 2026, en el paradero de transporte público del barrio Rincón del Lago y municipio de Soacha, usted, Gise Daniela de Diego Zárate, junto con la adolescente de 16 años de edad, actuando de manera coordinada, abordaron al conductor informal quien prestaba servicio de transporte en dicho sector. Allí le exigieron el pago de una suma de dinero a cambio de permitirle continuar desarrollando su actividad laboral. Para respaldar dicha exigencia, le manifestaron pertenecer a una organización criminal y le facilitaron un teléfono celular mediante el cual se comunicó con un hombre que se identificó como el jefe de la organización, quien le exigió el suministro del número del jefe de ruta y posteriormente impuso el pago de cincuenta mil pesos por cada vehículo que operara en el sector, advirtiendo que quienes no efectuaran el pago no podrían trabajar y que sus vidas correrían peligro. En horas de la noche, ustedes regresaron al lugar acompañadas de un hombre que se movilizaba en motocicleta y reiteraron la exigencia económica, señalando que el dinero debía ser entregado a más tardar el dos de octubre del año 2026 y que a partir de esa fecha todos los conductores debían cancelar semanalmente la cuota impuesta bajo las mismas amenazas de impedirles trabajar y atentar contra su integridad”.

La Policía Nacional capturó a De Diego Zarate y aprehendió a los dos adolescentes en el momento exacto en que recibían $300.000 pesos. Según los elementos materiales probatorios reunidos por la Fiscalía, uno de los menores cumplía una función de control operativo: vigilar a los transportadores y supervisar la entrega del dinero.

El fiscal también indicó que: “El 5 de octubre del 2026, el conductor integrante de la ruta informal que cubre el recorrido Rincón del Lago a Sierra Morena recibió una llamada de un hombre que le exigió el pago de 22.000 mil pesos por cada uno de los 16 vehículos adscritos a la ruta, para un total de trescientos cincuenta y dos mil pesos, suma que debía ser entregada esa misma noche. El interlocutor le manifestó que de no cancelar dicha cuota, los conductores no recibirían la supuesta protección ofrecida y, por el contrario, no se les permitiría continuar trabajando. Los conductores reunieron la suma exigida y se la entregaron a despachadores de la ruta informal. Ese mismo día, usted se comunicó en varias oportunidades ordenándole trasladarse al paradero de Sierra Morena. Durante ese tiempo, observó una motocicleta ocupada por dos personas, entre ellas una menor de 16 años, quien bajaba como parrillero y sin casco. Momentos después, usted y Giselle, junto con la adolescente, descendieron de un vehículo de transporte público, se aproximaron a la víctima y recibieron de ella la suma de dinero correspondiente a la exigencia económica previamente impuesta”.

Como resultado de las medidas de aseguramiento, Diego Zarate quedó recluido en centro carcelario. Los dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo, figura aplicable a menores de edad en el sistema de responsabilidad penal juvenil colombiano.