
Géner García Molina, alias John 40, presuntamente financió y coordinó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con una bolsa total de $5.000.000.000, según información entregada a la Fiscalía General de la Nación y a la familia del político. La versión en poder del ente investigativo vincula al mando de la Segunda Marquetalia tanto con la planeación como con la obtención de los recursos para el hecho.
Los datos de un informe al que accedió Semana proceden de una persona vinculada con ese grupo armado que busca beneficios judiciales y cobrar las recompensas ofrecidas por Géner García Molina, alias John 40 e “Iván Márquez”. La nueva denuncia desplaza el foco que hasta ahora recaía sobre José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, a quien se le atribuía un papel central pese a que no hay pruebas de su supuesta muerte en combate.
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Cabe recordar que Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo o la Firma, había señalado previamente $1.000.000.000 destinados a la logística y a la estructura de sicarios que dirigía Élder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño. También mencionó otros $600.000.000 que, según su relato, se usarían para sobornar a funcionarios de la justicia y desviar la investigación.
La hipótesis sobre la financiación del homicidio

La versión entregada a las autoridades sostiene que “John 40” reunió el dinero para el homicidio de Uribe Turbay mediante actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Esos señalamientos forman parte de una denuncia y del testimonio de una fuente, por lo que no constituyen hechos establecidos por la justicia.
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La misma información atribuye parte de los recursos a una mina de oro y coltán situada en Barrancominas, Guainía, que presuntamente estaría bajo control de García Molina. Según la denuncia, el dinero ingresaba a los campamentos por medio de alias el Viejo, capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, en Puerto Lleras, Meta, informó la revista.
Las reuniones y los presuntos responsables de la planeación

Según el testimonio, la coordinación operativa se habría desarrollado entre Villavicencio, Carurú —en Vaupés— y Venezuela. Dos hermanos de “John 40”, residentes en Villavicencio, habrían sostenido encuentros con alias el Viejo para facilitar el acceso a los campamentos, organizar el ataque y mover el dinero.
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La fuente también habló de una reunión en Venezuela, en un campamento de Luciano Marín Arango o alias Iván Márquez, a la que habrían asistido el “Zarco Aldinever” y “John 40”. Otras tres reuniones se habrían realizado en un campamento de García Molina en Carurú, zona por la que presuntamente se desplaza en cuatrimotos anfibias adquiridas en Bogotá y enviadas hacia Vaupés.
La decisión de asesinar a Uribe Turbay habría sido tomada por “Iván Márquez” en una reunión con integrantes de la cúpula de la Segunda Marquetalia. De manera virtual habrían participado Geovany Andrés Rojas, alias Araña, y alias Jairo o “Popeye”; también se menciona a José Vicente Lesmes, más conocido por su alias Walter Mendoza, Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, el “Zarco Aldinever” y “John 40”.
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Las otras líneas de investigación y las acusaciones en disputa

La nueva información incorpora una presunta intención de atentar contra el expresidente César Gaviria Trujillo. En esa línea aparece Kendry Téllez, alias Yako, a quien la fuente identifica como posible participante y quien había sido mencionado por alias el Viejo como la persona que le informó que la Segunda Marquetalia ordenó la operación contra Uribe Turbay.
La versión sostiene que Yaco habría viajado dos veces a Venezuela tras cruzar por Puerto Carreño y que actualmente estaría en el vecino país. También menciona a un familiar suyo residente en Madrid que se desplazaría entre España, Estados Unidos y Canadá y que presuntamente apoyaría las finanzas de la organización.
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Por otra parte, Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, afirmó que una fuente le advirtió que la orden del crimen habría salido del Senado. Tarazona aseguró haber entregado esa información a la Fiscalía y dio a conocer un mensaje que señalaba a Marcos Calarcá de organizar un atentado con ocho hombres armados.
Luis Eduardo de la Hoz, abogado de Calarcá, rechazó esos señalamientos y sostuvo que su cliente cumple sus obligaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La defensa cuestionó que se formulen acusaciones contra sus representados sin que existan elementos probatorios incorporados formalmente a la investigación de la Fiscalía.
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