Presidente de la Corte Suprema habló de la libertad por vencimiento de términos de Iván Name y Andrés Calle, involucrados en el escándalo de la Ungrd: "No implica que hayan sido absueltos"

El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, afirmó que el proceso contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, y que estarían involucrados en el megaescándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúa. Lo anterior, pese a que ambos quedaron en libertad por vencimiento de términos.

En entrevista concedida a Cambio y publicada en la mañana del sábado 17 de octubre, Lenis ambién respaldó la labor de la Fiscalía General de la Nación en esa investigación y defendió las figuras de terminación anticipada de procesos. Según Lenis, los investigados conservarán la obligación de enfrentar el juicio, en el que se definirá su suerte judicial.

El magistrado explicó que el sistema penal colombiano contempla garantías para las personas investigadas, entre ellas que las decisiones se adopten dentro de un tiempo razonable. En el caso de Name y Calle, el presidente de la Corte indicó que algunas actuaciones no se efectuaron dentro de ese plazo; y por ello estarán fuera de la cárcel mientras avanza el proceso.

“Pero eso no implica que hayan sido absueltos. El juicio continúa y lo van a afrontar en libertad. Lo importante ahora es que el proceso concluya y que se tomen las decisiones a que haya lugar, sean condenatorias o no”, señaló el togado Lenis al citado medio, en el que habló de diferentes temáticas relacionadas con la administración de justicia en el país.

De hecho, en relación con los señalamientos contra el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, que también estaría involucrado en el caso, Lenis dijo que las denuncias deben avanzar por las vías correspondientes y con respeto por las garantías judiciales; y precisó que la Comisión de Acusación es el juez natural de un magistrado de esa corporación.

La evaluación del presidente de la Corte Suprema sobre la Fiscalía: “Hizo un trabajo importante”

En la mencionada entrevista con Cambio, presidente de la Corte Suprema afirmó que mantiene una buena relación institucional con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, titular del ente acusador que conversa con la Sala Penal y con él sobre asuntos institucionales. Por ello no dudó en señalar que el papel del organismo ha sido eficaz frente a este caso.

Y es que en relación con las críticas a la investigación de la Ungrd, destacó que deben evaluarse los resultados de las actuaciones. “La Fiscalía hizo un trabajo importante en el caso de la UNGRD y ha develado una situación compleja de delitos”, declaró Lenis, que también valoró lo hecho por el ente en otros megacasos de corrupción y delitos de impacto.

También defendió los preacuerdos, los allanamientos a cargos, los principios de oportunidad y la reparación integral como mecanismos que pueden reducir la congestión judicial. E indicó que la Corte Suprema, la Fiscalía y el entonces Ministerio de Justicia impulsaron el proyecto que derivó en la Ley 2477 de 2025, que dio mayores herramientas a fiscales y jueces.

“La Fiscalía puede ser igualmente eficaz si se produce un preacuerdo, un principio de oportunidad o un allanamiento de cargos”, sostuvo el togado, que consideró que esas alternativas podrían ampliarse a más delitos para facilitar la terminación anticipada de procesos y, con ello, destrabar el sistema judicial que registraría una evidente sobrecarga.

En referencia al modelo estadounidense, Iván Darío Lenis señaló que la mayoría de los casos penales termina en preacuerdos y que solo cerca del 20 por ciento llega a juicio. En Colombia, dijo, ocurre lo contrario: la mayoría de los casos termina en juicio, lo que representa un desgaste en materia de recursos y extiende la terminación de procesos.

Presupuesto, JEP y reformas en la Corte Suprema

Con ello, Lenis advirtió que una reducción de recursos para la Rama Judicial en 2027 afectaría los planes de presencia territorial, la contratación de personal, la infraestructura y las inversiones. La Rama Judicial pidió $17,5 billones y el proyecto contempla $11,4 billones; lo cual representa, de entrada, un reto para poder cubrir necesidades de un sistema colapsado.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmó que todas las jurisdicciones deben contar con recursos mínimos para ejercer sus funciones. “La JEP es un compromiso de Estado, que está en la Constitución”, remarcó el presidente. “Al margen de críticas, comentarios o visiones distintas, lo importante es que esas normas se cumplan”, precisó.

Por último, el magistrado sostuvo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cumplió su tarea pese a las dificultades internas entre algunos de sus integrantes. Y añadió que se estudian reformas para que los jueces instructores sostengan las acusaciones ante la Sala de Primera Instancia y para crear otra sala ante el riesgo de congestión judicial.