
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a los cuestionamientos de la senadora del Centro Democrático María Clara Posada sobre los gastos institucionales de traslados, viáticos y tiquetes, que la congresista cifró en $56.435 millones entre 2020 y 2026.
En un comunicado publicado el 17 de octubre, la entidad aclaró que esa suma corresponde a recursos ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026 para actividades judiciales y de soporte misional, y no exclusivamente a viajes internacionales.
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El pronunciamiento se produjo después de que la congresista cuestionara los desplazamientos de funcionarios de la jurisdicción, en medio de la discusión sobre el recorte presupuestal aprobado por las Comisiones Económicas. Posada sostuvo que la entidad debía explicar los resultados de las comisiones dentro y fuera del país, especialmente frente a sus responsabilidades con las víctimas del conflicto armado.
“El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país”, afirmó la senadora, cuestionando la presencia de funcionarios en destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago, y pidió información sobre los objetivos y beneficios de esos desplazamientos.
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La JEP detalló cómo se distribuyeron los recursos cuestionados

La entidad informó que los recursos respaldaron 21.425 actividades institucionales en 337 municipios de 31 departamentos, relacionadas con el cumplimiento de órdenes judiciales, la participación de las víctimas y el desarrollo de sus funciones misionales.
De acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto se distribuyó en $10.193.312.829 para costos de traslados, $20.501.604.190 para viáticos y $25.425.882.499 para tiquetes.
Entre las actividades financiadas se encuentran 6.353 audiencias y diligencias; 3.506 acompañamientos de protección a víctimas, testigos, apoderados y operadores judiciales; 3.073 actividades de información y pedagogía sobre el modelo de justicia transicional restaurativa; y 2.777 acciones de alistamiento y soporte psicosocial para encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes. El balance también incluye 2.069 actividades restaurativas, 1.156 exhumaciones, 427 entregas dignas de personas dadas por desaparecidas, 805 acompañamientos psicosociales, 299 jornadas de acreditación de víctimas y 960 actividades de participación ciudadana.
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La JEP señaló, además, que entre 2024 y el periodo transcurrido de 2026 alcanzó ahorros y eficiencias por $21.760,64 millones, en áreas como tiquetes, operador logístico, aseo y cafetería, seguros, centro de datos, impresión y copiado, seguridad, compensar-bienestar, ARL Positiva y servicios de telecomunicaciones.

Sobre la cantidad y finalidad de las comisiones internacionales
Frente a la afirmación de que se realizaron 75 viajes internacionales, la JEP indicó que entre enero de 2018 y julio de 2026 se financiaron 61 pasajes aéreos al exterior por $286.416.420, equivalentes al 1,13% del valor total reportado en tiquetes. Según el comunicado, esto representa un promedio de seis comisiones internacionales por año.
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La entidad clasificó esos desplazamientos en 16 comisiones para jornadas de servicios a víctimas convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, en Ecuador, Chile, Estados Unidos, Venezuela, España y Suecia. También reportó dos comisiones para jornadas de acreditación de víctimas en Antofagasta, Santiago de Chile y Quito; cuatro para reuniones institucionales relacionadas con la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); una para participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con cuatro personas; 18 para audiencias y actuaciones conexas; 19 para presentar informes ante organizaciones internacionales; y una para capacitación en seguridad.
Sobre la agenda europea del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, la entidad explicó que las actividades en París, Ginebra y La Haya respondieron a invitaciones formales y compromisos de cooperación judicial. Sostuvo que la agenda estaba documentada y que las reuniones presenciales no podían sustituirse por encuentros virtuales. Asimismo, informó que en 2026 no se había realizado ninguna comisión internacional y que Ramelli rechazó al menos seis invitaciones por motivos de austeridad.
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Auditorías, cooperación internacional y solicitud de rectificación
La jurisdicción afirmó que sus gastos han sido objeto de siete auditorías de la Contraloría General de la República y de 14 informes entregados a la Procuraduría General de la Nación, sin hallazgos disciplinarios, fiscales ni penales relacionados con los recursos mencionados.
Además, reportó que entre 2024 y 2026 atendió 134 sesiones de trabajo con entidades y organismos internacionales y representaciones diplomáticas. En ese periodo recibió 20 visitas de mecanismos internacionales de complementariedad, participó en cinco eventos de cooperación Sur-Sur con Ucrania, Siria, Camerún y Camboya, sostuvo ocho reuniones con países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y realizó 15 encuentros temáticos con agencias y mecanismos del sistema de Naciones Unidas.
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La JEP también recordó que, en relación con un viaje a Nueva York en julio de 2025, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la revista Semana rectificar afirmaciones que consideró falsas e inexactas sobre ese desplazamiento. Finalmente, la entidad reiteró su disposición a entregar información verificable y solicitó a Posada una rectificación pública sobre la presentación de los recursos como gastos abusivos en viajes internacionales.
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